Este viernes, en Antofagasta, la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa se reunió con diputados, senadores y concejales de la región en un encuentro en el que se trataron dos temas principalmente: la prórroga de la Ley 20.812, que permite la regularización de loteos irregulares, y la liberación de fondos regionales para llevar a cabo estudios de riesgo fundados que permitan determinar las obras de mitigación necesarias para construir en algunos de los terrenos donde actualmente se emplazan los campamentos. 

Además de la incorporación de usos de suelo que permitan la radicación de campamentos en la actualización del Plan Regulador Comunal, minutos antes de la cita, Pablo Rojas, miembro del equipo técnico político de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, explicó a Diario y Radio Universidad de Chile las razones que motivaron la realización de la reunión que se desarrolló en la Biblioteca Regional de Antofagasta.

“La idea es evaluar con los parlamentarios qué es mejor, que ellos presenten una moción con las nociones centrales que les planteemos nosotros o que se inste al Ministerio a que ellos presenten una prórroga de la ley. Como sea, el objetivo es que se prorrogue esa ley, al menos por cinco años más, y eso permita que los campamentos catastrados puedan incorporarse a esta ley de regulación de loteos irregulares”, comentó Rojas.

Así también, antes de la reunión, Elizabeth Andrade, vecina inmigrante de un macro campamento de Antofagasta y vocera de la Mesa Social, hizo un llamado a los parlamentarios.

“Queremos que alcaldes, cores, diputados y senadores de Antofagasta, también consideren el tema de los campamentos y la radicación como un proyecto viable de vida”, pidió la dirigente. “Queremos luchar por la radicación y que el Gobierno nos apoye con esta moción parlamentaria para poder cambiar algunos artículos de esta ley y que en esa se consideren a los macro campamentos de Antofagasta”, agregó.

La Mesa Social, que agrupa a diferentes movimientos de pobladores organizaciones sociales y políticas, planteó que, a su parecer, “la solución de erradicar los campamentos y relocalizar a sus habitantes a viviendas sociales no es ni suficiente ni sustentable, ya que significa una espera prolongada y deja de lado a muchas familias que no son actualmente consideradas hábiles para la vivienda por el Estado”. Además, que “contribuye a la segregación en la ciudad por el hecho de relocalizar a familias vulnerables desde sectores relativamente céntricos en los campamentos a sectores periféricos, no asegura nuevas tomas de terreno, fragmenta las comunidades y destruye los territorios que con esfuerzo los pobladores y pobladoras de los campamentos han gestionado por varios años”. 

Luego de la reunión, los compromisos tomados por las autoridades fueron, a nivel parlamentario, evaluar la opción de presentar una moción que busque la prórroga de la Ley 20.812 o exigir al Gobierno que la presente vía mensaje presidencial. Para esto, se acordó un plazo hasta julio para tener el proyecto presentado. Asimismo, para esa misma fecha los parlamentarios se comprometieron a oficiar al municipio y acordar con el Gobierno Regional el levantamiento de una mesa junto al intendente.

“Pedimos que pudieran colaborar a nivel comunicacional con el tema de que cuando se habla de riesgo, se habla mucho del riesgo asociado al lugar donde están y que a propósito de ese riesgo no podría radicarse ningún compamento. Ese mantra, no está sustentado en ningún estudio fundado de riesgo, que es un insumo técnico fundamental para definir si se puede o no construir. La idea es ir fiscalizando la realización de esos estudios, definir los presupuestos”, contó luego de la reunión Pablo Rojas.

Una buena noticia para la Mesa Social fue que este viernes también se aprobó parte del presupuesto regional 2020 para la II Región, en donde va incluido un estudio de riesgo fundado de todo el borde de cerro en Antofagasta.

Fotos: Facebook – Mesa Social por la Vivienda Digna y Ciudad Justa.