Diario y Radio U Chile

Año XI, 15 de diciembre de 2019

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Abogados interponen querella por delitos de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera

Integrantes de la Defensoría Popular pertenecientes a diversas organizaciones y cooperativas jurídicas indicaron que la acción legal pretende profundizar en las responsabilidades políticas del Presidente ante las constantes vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.

Rodrigo Fuentes

  Lunes 4 de noviembre 2019 18:28 hrs. 
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Abogados y abogadas integrantes de Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, y de la Cooperativa Jurídica, presentaron en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de “Crimen de Lesa Humanidad”, en contra el Presidente Sebastián Piñera.

Según los profesionales, la Ley 20.357 -que hace alusión a dicha conducta- fija su sanción haciendo aplicable el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, normativa vigente en nuestro país desde el año 2016.

El abogado integrante del Comité de Defensa del Pueblo, Oscar Castro, indicó que la querella tiene por objeto que se investigue la participación criminal del Presidente Piñera como autor del delito de Lesa Humanidad y, eventualmente, a otros responsables como el ex ministro del interior, Andrés Chadwick, por los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, misma que ha salido a protestar exigiendo cambios estructurales a las políticas que rigen al país.

“La querella está dirigida contra la máxima autoridad del país y contra todos quienes tengan alguna responsabilidad, o como cómplices o encubridores, eso lo determinará el Tribunal Oral en Lo Penal. Nosotros identificamos al Mandatario porque, como autoridad civil, creemos que es el principal responsable de lo que ocurre en el Estado de Derecho, independiente de que puedan existir otros”, afirmó.5db78e139e09e_1004x565

Al respecto, la abogada y coordinadora de la Defensoría Popular, María Rivera, agregó que las violaciones a los Derechos Humanos han sido constatadas por diversos organismos afines, nacionales e internacionales, quienes han denunciado la enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo derecho a manifestarse.

La profesional criticó igualmente las palabras del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien descartó que los múltiples atropellos contra civiles perpetrados por fuerzas armadas y Carabineros fueran una sistemática violación a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Estamos convencidos que acá se ha vulnerado sistemáticamente los Derechos Humanos, por eso nos parece impresentable la actitud del director del INDH, es decir, la ciudadanía está hoy en completa indefensión. Por eso llegaremos hasta las últimas consecuencias, sean estas instancias judiciales nacionales o a nivel internacional”, sostuvo.

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La abogada de la Defensoría Popular, María Rivera, agregó que en la acción legal se detallan los delitos cometidos por órganos del Estado (policías y militares), que incluye asesinatos, detenciones ilegales, torturas físicas, sicológicas y sexuales, detenciones selectivas, disparos a manifestantes, mutilaciones oculares, entre otros.

“Independiente de que no se haya dictado hoy una condena en contra de ningún responsable material, los funcionarios que están en prisión preventiva son absolutamente minoría en relación a las vulneraciones a los derechos fundamentales que se han efectuado. Todos hemos sido testigos en la calle, nadie nos ha contado, por eso no lo podemos seguir permitiendo”, subrayó.

Los abogados de la Defensoría Popular recalcaron que afirmaciones del Mandatario como “estamos en guerra” y felicitar el actuar de Carabineros y Fuerzas Armadas contra la población civil, amerita la presentación de dicha querella criminal para que se investiguen los hechos descritos, que además se encuentran documentados y serían ampliamente conocidos por la población y, en definitiva, se determine la responsabilidad del Presidente Sebastián Piñera, como autor del delito de Lesa Humanidad.