Faltan los presos: las detenciones no resueltas a cuatro meses del estallido
Este martes, el sacerdote Mariano Puga ofició una misa frente al Centro de Justicia de Santiago en favor de las víctimas de detenciones irregulares ocurridas desde el 18 de octubre.
Eduardo Andrade
Martes 25 de febrero 2020 18:09 hrs.
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La ceremonia empieza con pequeños textos bíblicos que son repetidos al unísono. De pronto, un decaído pero obstinado Mariano Puga rompe el protocolo y pide el micrófono. ¡Esta es la Iglesia que yo quiero! se ha escuchado e insiste en repetir la frase unas tres veces más.
La iglesia que quiere el último cura obrero se reunió este martes frente al Centro de Justicia de Santiago para rogar por las y los detenidos del estallido social que atraviesa el país desde el pasado 18 de octubre.
A partir de entonces -intensificado también por las diversas leyes en las que el Gobierno ha insistido para terminar con la violencia- el ambiente en dicho espacio es incierto, y son usuales las pancartas que cuentan la ausencia de los llamados “presos políticos”, la zozobra antes y después de las audiencias, las vivas cuando el resultado es favorable y las lágrimas cuando no.
Eso lo sabe bien Puga, que se paseó por diversos centros de detención en dictadura y que, al escuchar la frase: “Bienaventurados los que tienen sed de justicia”, pide que sus feligreses se detengan y repitan: “¡Y de la otra justicia!”.
La otra justicia aún le es esquiva a Nelba Santana, por ejemplo, madre de César Yáñez Santana y que lleva más de 70 días recluido en el Centro de Detenciones Preventivas de Santiago 1, inculpado del lanzamiento de bombas molotov en contra de personal de Carabineros.
En conversación con nuestro medio, Santana comentó las irregularidades que presenta la detención de su hijo.
“Si bien las Fuerzas Especiales venían identificados con su uniforme, ellos debieron tener un protocolo, presentarse, haber pedido el carnet de identidad, pero no, los tomaron a la fuerza y los echaron en una camioneta blanca que no era de la institución y recién en la comisaría 33, detrás del Estadio Nacional, les pidieron el carnet”, precisó.
Algo similar sucedió con Nicole Ulloa, quien también estuvo presente en la misa oficiada por Mariano Puga y que contó acerca de la detención de Diego, su hermano de 26 años que formaba parte de la línea de desactivación de bombas molotov.
“El día 3 de diciembre lo tomaron detenido dos efectivos en motocicleta producto de las manifestaciones alrededor del Costanera Center. Le hicieron un montaje con bombas molotov y le metieron dos botellas de Coca Cola exprés, armadas como bombas, en la 19 comisaría de Providencia. De hecho, ese día, él no supo de que lo estaban acusando hasta que lograron dejar entrar a mis papás a la comisaría”, recordó Ulloa.
Así también, Paola Herrera relató el episodio de detención que vivió su hijo Jhonatan Marigual, cuyo caso, según la madre, ha pasado ya por dos abogados, y se ve remota la posibilidad de resolverse a su favor.
“Jhonatan está detenido en Santiago 1 injustamente, él no andaba haciendo manifestaciones, él se iba para la casa. Le pusieron de causa homicidio frustrado y bombas molotov a los Carabineros de la Séptima Comisaría de Renca. Él estudia en el Laura Vicuña y pasaba por fuera mirando las manifestaciones, y ahora está detenido”, contó Herrera.
Según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha existen más de 4000 casos de detenciones posteriores al estallido social y la mayoría tuvo lugar en la Región Metropolitana. Así mismo, se sabe que un 12 por ciento de ellas corresponde a menores de edad, 72 por ciento a hombres y 16 por ciento a mujeres.
La ceremonia empieza con pequeños textos bíblicos que son repetidos al unísono. De pronto, un decaído pero obstinado Mariano Puga rompe el protocolo y pide el micrófono. ¡Esta es la Iglesia que yo quiero! se ha escuchado e insiste en repetir la frase unas tres veces más.
La iglesia que quiere el último cura obrero se reunió este martes frente al Centro de Justicia de Santiago para rogar por las y los detenidos del estallido social que atraviesa el país desde el pasado 18 de octubre.
A partir de entonces -intensificado también por las diversas leyes en las que el Gobierno ha insistido para terminar con la violencia- el ambiente en dicho espacio es incierto, y son usuales las pancartas que cuentan la ausencia de los llamados “presos políticos”, la zozobra antes y después de las audiencias, las vivas cuando el resultado es favorable y las lágrimas cuando no.
Eso lo sabe bien Puga, que se paseó por diversos centros de detención en dictadura y que, al escuchar la frase: “Bienaventurados los que tienen sed de justicia”, pide que sus feligreses se detengan y repitan: “¡Y de la otra justicia!”.
La otra justicia aún le es esquiva a Nelba Santana, por ejemplo, madre de César Yáñez Santana y que lleva más de 70 días recluido en el Centro de Detenciones Preventivas de Santiago 1, inculpado del lanzamiento de bombas molotov en contra de personal de Carabineros.
En conversación con nuestro medio, Santana comentó las irregularidades que presenta la detención de su hijo.
“Si bien las Fuerzas Especiales venían identificados con su uniforme, ellos debieron tener un protocolo, presentarse, haber pedido el carnet de identidad, pero no, los tomaron a la fuerza y los echaron en una camioneta blanca que no era de la institución y recién en la comisaría 33, detrás del Estadio Nacional, les pidieron el carnet”, precisó.
Algo similar sucedió con Nicole Ulloa, quien también estuvo presente en la misa oficiada por Mariano Puga y que contó acerca de la detención de Diego, su hermano de 26 años que formaba parte de la línea de desactivación de bombas molotov.
“El día 3 de diciembre lo tomaron detenido dos efectivos en motocicleta producto de las manifestaciones alrededor del Costanera Center. Le hicieron un montaje con bombas molotov y le metieron dos botellas de Coca Cola exprés, armadas como bombas, en la 19 comisaría de Providencia. De hecho, ese día, él no supo de que lo estaban acusando hasta que lograron dejar entrar a mis papás a la comisaría”, recordó Ulloa.
Así también, Paola Herrera relató el episodio de detención que vivió su hijo Jhonatan Marigual, cuyo caso, según la madre, ha pasado ya por dos abogados, y se ve remota la posibilidad de resolverse a su favor.
“Jhonatan está detenido en Santiago 1 injustamente, él no andaba haciendo manifestaciones, él se iba para la casa. Le pusieron de causa homicidio frustrado y bombas molotov a los Carabineros de la Séptima Comisaría de Renca. Él estudia en el Laura Vicuña y pasaba por fuera mirando las manifestaciones, y ahora está detenido”, contó Herrera.
Según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha existen más de 4000 casos de detenciones posteriores al estallido social y la mayoría tuvo lugar en la Región Metropolitana. Así mismo, se sabe que un 12 por ciento de ellas corresponde a menores de edad, 72 por ciento a hombres y 16 por ciento a mujeres.
La ceremonia empieza con pequeños textos bíblicos que son repetidos al unísono. De pronto, un decaído pero obstinado Mariano Puga rompe el protocolo y pide el micrófono. ¡Esta es la Iglesia que yo quiero! se ha escuchado e insiste en repetir la frase unas tres veces más.
La iglesia que quiere el último cura obrero se reunió este martes frente al Centro de Justicia de Santiago para rogar por las y los detenidos del estallido social que atraviesa el país desde el pasado 18 de octubre.
A partir de entonces -intensificado también por las diversas leyes en las que el Gobierno ha insistido para terminar con la violencia- el ambiente en dicho espacio es incierto, y son usuales las pancartas que cuentan la ausencia de los llamados “presos políticos”, la zozobra antes y después de las audiencias, las vivas cuando el resultado es favorable y las lágrimas cuando no.
Eso lo sabe bien Puga, que se paseó por diversos centros de detención en dictadura y que, al escuchar la frase: “Bienaventurados los que tienen sed de justicia”, pide que sus feligreses se detengan y repitan: “¡Y de la otra justicia!”.
La otra justicia aún le es esquiva a Nelba Santana, por ejemplo, madre de César Yáñez Santana y que lleva más de 70 días recluido en el Centro de Detenciones Preventivas de Santiago 1, inculpado del lanzamiento de bombas molotov en contra de personal de Carabineros.
En conversación con nuestro medio, Santana comentó las irregularidades que presenta la detención de su hijo.
“Si bien las Fuerzas Especiales venían identificados con su uniforme, ellos debieron tener un protocolo, presentarse, haber pedido el carnet de identidad, pero no, los tomaron a la fuerza y los echaron en una camioneta blanca que no era de la institución y recién en la comisaría 33, detrás del Estadio Nacional, les pidieron el carnet”, precisó.
Algo similar sucedió con Nicole Ulloa, quien también estuvo presente en la misa oficiada por Mariano Puga y que contó acerca de la detención de Diego, su hermano de 26 años que formaba parte de la línea de desactivación de bombas molotov.
“El día 3 de diciembre lo tomaron detenido dos efectivos en motocicleta producto de las manifestaciones alrededor del Costanera Center. Le hicieron un montaje con bombas molotov y le metieron dos botellas de Coca Cola exprés, armadas como bombas, en la 19 comisaría de Providencia. De hecho, ese día, él no supo de que lo estaban acusando hasta que lograron dejar entrar a mis papás a la comisaría”, recordó Ulloa.
Así también, Paola Herrera relató el episodio de detención que vivió su hijo Jhonatan Marigual, cuyo caso, según la madre, ha pasado ya por dos abogados, y se ve remota la posibilidad de resolverse a su favor.
“Jhonatan está detenido en Santiago 1 injustamente, él no andaba haciendo manifestaciones, él se iba para la casa. Le pusieron de causa homicidio frustrado y bombas molotov a los Carabineros de la Séptima Comisaría de Renca. Él estudia en el Laura Vicuña y pasaba por fuera mirando las manifestaciones, y ahora está detenido”, contó Herrera.
Según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la fecha existen más de 4000 casos de detenciones posteriores al estallido social y la mayoría tuvo lugar en la Región Metropolitana. Así mismo, se sabe que un 12 por ciento de ellas corresponde a menores de edad, 72 por ciento a hombres y 16 por ciento a mujeres.
