La primera línea en primera plana: Libertad de manifestantes desata discusión sobre penalización del desorden público
Luego que el Gobierno criticara la libertad a 43 de los 44 detenidos por desórdenes públicos en la denominada “primera línea”, se desató una polémica de cuestionamientos y apoyos a la labor de los jueces.
Andrea Bustos C.
Sábado 7 de marzo 2020 10:17 hrs.
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A mitad de semana, y utilizando una nueva estrategia policial, Carabineros detuvo a 44 manifestantes en Plaza Baquedano, los que eran parte de la denominada “primera línea” de las manifestaciones.
Sin embargo, la decisión del Ministerio Público respecto de las medidas cautelares contra los detenidos no dejó contento al Gobierno ni tampoco al oficialismo.
De los 44 detenidos, 43 fueron dejados en libertad, 27 con firma bimensual, el resto, menores de edad, quedaron en libertad, pues la prisión preventiva solo se había pedido para una persona que efectivamente quedó detenida. Ante tal situación, el gobierno dijo que apelará a la decisión por estar disconforme, pues si bien respetan la decisión, es necesario dar señales claras contra la violencia.
Sin embargo, también ha existido defensa a la labor de los jueces. “El formar parte de la ‘primera línea’ no es un delito. Si los integrantes de la primera línea roban, saquean, destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló al respecto el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a T13 radio.
Consultado sobre los desórdenes públicos indicó que “nos gustaría que se solucionara el problema, vamos a colaborar, a ayudar en lo que sea posible, pero la responsabilidad de solución del problema recae en otro tipo de autoridades, en la autoridad política del país. En el Poder Judicial a veces a nosotros nos cansa solucionar problemas ajenos a nosotros”.
Sus declaraciones también sorprendieron en el mundo político, un ejemplo de ellos fue la UDI, desde donde parlamentarios y parlamentarias manifestaron estar decepcionados con la libertad de los detenidos. Mientras que su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que aquellas declaraciones no le parecían, y que con sus dichos no se valora el trabajo de carabineros.
Respecto de la situación que se ha creado ante esta detención, el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, señaló que “creo que había muchas formas de caucionar su concurrencia a un eventual juicio, más efectivas que esta firma bimensual, pero ciertamente no correspondía dejarlos en prisión, así que en ese sentido comparto la decisión del juzgado de garantía”.
Además, respecto de la polémica generada dijo que “una cosa es la crítica constante y el uso del discurso que intenta significar que la llamada primera línea es un grupo de criminales, y la otra es el uso de instrumentos legales que tienen que ver con los desórdenes públicos. A mi todo este tipo de uso del discurso me parece que forma parte simplemente del juego político, y como tal envenena un poco una discusión un poco más racional de lo que está pasando”.
En tanto, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, comentó que las declaraciones del presidente de la Corte Suprema han explicitado lo que dice la legislación y que se está cumpliendo con ello.
“Aquí lo que no podemos hacer es tratar de aplicar el derecho penal en contra de la propia ley. Los conflictos sociales no se van a resolver teniendo más gente de la primera línea presa, o con más represión policial. Aquí yo creo que toda la ciudadanía tiene claro que el problema tiene una solución de carácter político y aquí lo que se necesitamos urgentemente son otro tipo de leyes, y sobre todo leyes sociales”, comentó.
Por otro lado, señaló que no es nuevo que un gobierno se concentre en culpabilizar a ciertas personas sin tener aún investigaciones que aseguren su responsabilidad en ciertos hechos.
“El lenguaje despectivo en relación a la gente que se ha estado manifestando, y esta distinción entre el manifestante violento y no violento y el calificar de vándalos a quienes han estado en esta primera línea, ha sido una cuestión constante. Y no ha sido privativo dentro de este gobierno el saltarse la presunción de inocencia e inculpar directamente a mapuches o a manifestantes, ha sido una tónica que viene desde más atrás del propio estallido”.
A eso agregó que “aquí una de las cosas que más irrita es la diferencia de trato que se da en el lenguaje para referirse a lo que son estas personas, que han estado dentro de las manifestaciones opositoras a un sistema, y las personas que incluso uno podría casi decir que habrían sospechas de que hubieran estado formando un grupo de combate armado, me refiero al caso del AK- 47”.
Mayor colaboración
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a este debate durante este viernes, y dijo que “el resguardo del orden público requiere la colaboración de todos los poderes y de todos los actores estatales, por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entonces yo no voy a polemizar. Yo a lo que convoco es a la colaboración de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en materia de impartir la justicia a resguardar el orden público y por supuesto que el fallo no nos gustó“.
Además, indicó que el actuar policial “debe ir acompañado por acciones más rigurosas por parte de la justicia”.
En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Jorge Rathgeb, comentó que “si bien es cierto que tal vez los antecedentes no permitían dejar a las personas con privación de libertad en una cárcel, si se podía establecer algún otro tipo de medidas cautelares, como por ejemplo la privación total de libertad en su domicilio, o lo que significa la reclusión nocturna, o al menos impedir el acercamiento a los lugares donde ha habido este tipo de situaciones, donde han resultado afectados vecinos”.
Además, señaló que “creo que aquí no hay cooperación por parte de los Tribunales de Justicia respecto de este tema, y en otra situación de estas espero que a las personas las dejen con alguna medida cautelar que sea más gravosa y no una simple firma bimensual, que les permite estar nuevamente en las calles generando desórdenes, alterando el orden público y destruyendo la propiedad pública o privada”.
Junto a ello indicó que “aseguro que una de estas personas, o quizás más, se van a ver involucrados en hechos en el futuro y va ser noticia pudiéndose haber establecido la prohibición de ellos de acercarse a lugares de manifestaciones donde está la primera línea”.
En ese sentido, señaló que este tipo de decisiones no contribuyen a la paz del país que muchas personas hoy exigen.
A mitad de semana, y utilizando una nueva estrategia policial, Carabineros detuvo a 44 manifestantes en Plaza Baquedano, los que eran parte de la denominada “primera línea” de las manifestaciones.
Sin embargo, la decisión del Ministerio Público respecto de las medidas cautelares contra los detenidos no dejó contento al Gobierno ni tampoco al oficialismo.
De los 44 detenidos, 43 fueron dejados en libertad, 27 con firma bimensual, el resto, menores de edad, quedaron en libertad, pues la prisión preventiva solo se había pedido para una persona que efectivamente quedó detenida. Ante tal situación, el gobierno dijo que apelará a la decisión por estar disconforme, pues si bien respetan la decisión, es necesario dar señales claras contra la violencia.
Sin embargo, también ha existido defensa a la labor de los jueces. “El formar parte de la ‘primera línea’ no es un delito. Si los integrantes de la primera línea roban, saquean, destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló al respecto el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a T13 radio.
Consultado sobre los desórdenes públicos indicó que “nos gustaría que se solucionara el problema, vamos a colaborar, a ayudar en lo que sea posible, pero la responsabilidad de solución del problema recae en otro tipo de autoridades, en la autoridad política del país. En el Poder Judicial a veces a nosotros nos cansa solucionar problemas ajenos a nosotros”.
Sus declaraciones también sorprendieron en el mundo político, un ejemplo de ellos fue la UDI, desde donde parlamentarios y parlamentarias manifestaron estar decepcionados con la libertad de los detenidos. Mientras que su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que aquellas declaraciones no le parecían, y que con sus dichos no se valora el trabajo de carabineros.
Respecto de la situación que se ha creado ante esta detención, el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, señaló que “creo que había muchas formas de caucionar su concurrencia a un eventual juicio, más efectivas que esta firma bimensual, pero ciertamente no correspondía dejarlos en prisión, así que en ese sentido comparto la decisión del juzgado de garantía”.
Además, respecto de la polémica generada dijo que “una cosa es la crítica constante y el uso del discurso que intenta significar que la llamada primera línea es un grupo de criminales, y la otra es el uso de instrumentos legales que tienen que ver con los desórdenes públicos. A mi todo este tipo de uso del discurso me parece que forma parte simplemente del juego político, y como tal envenena un poco una discusión un poco más racional de lo que está pasando”.
En tanto, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, comentó que las declaraciones del presidente de la Corte Suprema han explicitado lo que dice la legislación y que se está cumpliendo con ello.
“Aquí lo que no podemos hacer es tratar de aplicar el derecho penal en contra de la propia ley. Los conflictos sociales no se van a resolver teniendo más gente de la primera línea presa, o con más represión policial. Aquí yo creo que toda la ciudadanía tiene claro que el problema tiene una solución de carácter político y aquí lo que se necesitamos urgentemente son otro tipo de leyes, y sobre todo leyes sociales”, comentó.
Por otro lado, señaló que no es nuevo que un gobierno se concentre en culpabilizar a ciertas personas sin tener aún investigaciones que aseguren su responsabilidad en ciertos hechos.
“El lenguaje despectivo en relación a la gente que se ha estado manifestando, y esta distinción entre el manifestante violento y no violento y el calificar de vándalos a quienes han estado en esta primera línea, ha sido una cuestión constante. Y no ha sido privativo dentro de este gobierno el saltarse la presunción de inocencia e inculpar directamente a mapuches o a manifestantes, ha sido una tónica que viene desde más atrás del propio estallido”.
A eso agregó que “aquí una de las cosas que más irrita es la diferencia de trato que se da en el lenguaje para referirse a lo que son estas personas, que han estado dentro de las manifestaciones opositoras a un sistema, y las personas que incluso uno podría casi decir que habrían sospechas de que hubieran estado formando un grupo de combate armado, me refiero al caso del AK- 47”.
Mayor colaboración
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a este debate durante este viernes, y dijo que “el resguardo del orden público requiere la colaboración de todos los poderes y de todos los actores estatales, por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entonces yo no voy a polemizar. Yo a lo que convoco es a la colaboración de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en materia de impartir la justicia a resguardar el orden público y por supuesto que el fallo no nos gustó“.
Además, indicó que el actuar policial “debe ir acompañado por acciones más rigurosas por parte de la justicia”.
En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Jorge Rathgeb, comentó que “si bien es cierto que tal vez los antecedentes no permitían dejar a las personas con privación de libertad en una cárcel, si se podía establecer algún otro tipo de medidas cautelares, como por ejemplo la privación total de libertad en su domicilio, o lo que significa la reclusión nocturna, o al menos impedir el acercamiento a los lugares donde ha habido este tipo de situaciones, donde han resultado afectados vecinos”.
Además, señaló que “creo que aquí no hay cooperación por parte de los Tribunales de Justicia respecto de este tema, y en otra situación de estas espero que a las personas las dejen con alguna medida cautelar que sea más gravosa y no una simple firma bimensual, que les permite estar nuevamente en las calles generando desórdenes, alterando el orden público y destruyendo la propiedad pública o privada”.
Junto a ello indicó que “aseguro que una de estas personas, o quizás más, se van a ver involucrados en hechos en el futuro y va ser noticia pudiéndose haber establecido la prohibición de ellos de acercarse a lugares de manifestaciones donde está la primera línea”.
En ese sentido, señaló que este tipo de decisiones no contribuyen a la paz del país que muchas personas hoy exigen.
A mitad de semana, y utilizando una nueva estrategia policial, Carabineros detuvo a 44 manifestantes en Plaza Baquedano, los que eran parte de la denominada “primera línea” de las manifestaciones.
Sin embargo, la decisión del Ministerio Público respecto de las medidas cautelares contra los detenidos no dejó contento al Gobierno ni tampoco al oficialismo.
De los 44 detenidos, 43 fueron dejados en libertad, 27 con firma bimensual, el resto, menores de edad, quedaron en libertad, pues la prisión preventiva solo se había pedido para una persona que efectivamente quedó detenida. Ante tal situación, el gobierno dijo que apelará a la decisión por estar disconforme, pues si bien respetan la decisión, es necesario dar señales claras contra la violencia.
Sin embargo, también ha existido defensa a la labor de los jueces. “El formar parte de la ‘primera línea’ no es un delito. Si los integrantes de la primera línea roban, saquean, destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito”, señaló al respecto el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a T13 radio.
Consultado sobre los desórdenes públicos indicó que “nos gustaría que se solucionara el problema, vamos a colaborar, a ayudar en lo que sea posible, pero la responsabilidad de solución del problema recae en otro tipo de autoridades, en la autoridad política del país. En el Poder Judicial a veces a nosotros nos cansa solucionar problemas ajenos a nosotros”.
Sus declaraciones también sorprendieron en el mundo político, un ejemplo de ellos fue la UDI, desde donde parlamentarios y parlamentarias manifestaron estar decepcionados con la libertad de los detenidos. Mientras que su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que aquellas declaraciones no le parecían, y que con sus dichos no se valora el trabajo de carabineros.
Respecto de la situación que se ha creado ante esta detención, el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, señaló que “creo que había muchas formas de caucionar su concurrencia a un eventual juicio, más efectivas que esta firma bimensual, pero ciertamente no correspondía dejarlos en prisión, así que en ese sentido comparto la decisión del juzgado de garantía”.
Además, respecto de la polémica generada dijo que “una cosa es la crítica constante y el uso del discurso que intenta significar que la llamada primera línea es un grupo de criminales, y la otra es el uso de instrumentos legales que tienen que ver con los desórdenes públicos. A mi todo este tipo de uso del discurso me parece que forma parte simplemente del juego político, y como tal envenena un poco una discusión un poco más racional de lo que está pasando”.
En tanto, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, comentó que las declaraciones del presidente de la Corte Suprema han explicitado lo que dice la legislación y que se está cumpliendo con ello.
“Aquí lo que no podemos hacer es tratar de aplicar el derecho penal en contra de la propia ley. Los conflictos sociales no se van a resolver teniendo más gente de la primera línea presa, o con más represión policial. Aquí yo creo que toda la ciudadanía tiene claro que el problema tiene una solución de carácter político y aquí lo que se necesitamos urgentemente son otro tipo de leyes, y sobre todo leyes sociales”, comentó.
Por otro lado, señaló que no es nuevo que un gobierno se concentre en culpabilizar a ciertas personas sin tener aún investigaciones que aseguren su responsabilidad en ciertos hechos.
“El lenguaje despectivo en relación a la gente que se ha estado manifestando, y esta distinción entre el manifestante violento y no violento y el calificar de vándalos a quienes han estado en esta primera línea, ha sido una cuestión constante. Y no ha sido privativo dentro de este gobierno el saltarse la presunción de inocencia e inculpar directamente a mapuches o a manifestantes, ha sido una tónica que viene desde más atrás del propio estallido”.
A eso agregó que “aquí una de las cosas que más irrita es la diferencia de trato que se da en el lenguaje para referirse a lo que son estas personas, que han estado dentro de las manifestaciones opositoras a un sistema, y las personas que incluso uno podría casi decir que habrían sospechas de que hubieran estado formando un grupo de combate armado, me refiero al caso del AK- 47”.
Mayor colaboración
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a este debate durante este viernes, y dijo que “el resguardo del orden público requiere la colaboración de todos los poderes y de todos los actores estatales, por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entonces yo no voy a polemizar. Yo a lo que convoco es a la colaboración de las instituciones públicas que tienen responsabilidades en materia de impartir la justicia a resguardar el orden público y por supuesto que el fallo no nos gustó“.
Además, indicó que el actuar policial “debe ir acompañado por acciones más rigurosas por parte de la justicia”.
En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Jorge Rathgeb, comentó que “si bien es cierto que tal vez los antecedentes no permitían dejar a las personas con privación de libertad en una cárcel, si se podía establecer algún otro tipo de medidas cautelares, como por ejemplo la privación total de libertad en su domicilio, o lo que significa la reclusión nocturna, o al menos impedir el acercamiento a los lugares donde ha habido este tipo de situaciones, donde han resultado afectados vecinos”.
Además, señaló que “creo que aquí no hay cooperación por parte de los Tribunales de Justicia respecto de este tema, y en otra situación de estas espero que a las personas las dejen con alguna medida cautelar que sea más gravosa y no una simple firma bimensual, que les permite estar nuevamente en las calles generando desórdenes, alterando el orden público y destruyendo la propiedad pública o privada”.
Junto a ello indicó que “aseguro que una de estas personas, o quizás más, se van a ver involucrados en hechos en el futuro y va ser noticia pudiéndose haber establecido la prohibición de ellos de acercarse a lugares de manifestaciones donde está la primera línea”.
En ese sentido, señaló que este tipo de decisiones no contribuyen a la paz del país que muchas personas hoy exigen.
