La concejala Macarena Fernández junto a parlamentarias de ese distrito, entregó nuevos antecedentes para determinar lo ocurrido con esos funcionarios que acusan hacer sido obligados durante el estallido social a involucrarse con la “Primera Línea”.
La iniciativa de un grupo de parlamentarios y que cuenta con el respaldo del Gobierno, busca entregar estabilidad a los funcionarios que están en la primera línea del combate contra el Covid. El proyecto vuelve a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para revisar indicaciones presentadas por diputados de Chile Vamos.
“Cuando se habla de que hay una distancia entre la elite política y empresarial con la ciudadanía, es porque gran parte vive en esos barrios”, sostuvo el director de América Solidaria.
La medida fue decretada por la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, luego de escuchar a la defensa y el Ministerio Público.
La Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión de Urrutia, quien revocó la prisión preventiva de 13 de los imputados por el caso “Primera Línea”.
Luego que el Gobierno criticara la libertad a 43 de los 44 detenidos por desórdenes públicos en la denominada “primera línea”, se desató una polémica de cuestionamientos y apoyos a la labor de los jueces.
A tres meses del estallido, ni la persistencia de las manifestaciones ni los resultados de la encuesta CEP parecen desenfocar la mirada del Ejecutivo de una agenda que ignora las demandas más sentidas de la ciudadanía, pero que privilegia la recuperación del orden público.
