La historia de Jonathan y Francisca -una pareja de chilenos que, debido al hostigamiento y persecución que sufrieron por parte de Carabineros, se vieron en la obligación a escapar del país luego de denunciar apremios y torturas-, ha calado hondo tanto en la ciudadanía como en el mundo político. Y es que al menos en el sector opositor del Congreso, la idea de que existan compatriotas solicitando asilo político en otro país debido a la violencia policial, no le gustó a nadie y, para algunos, ha traído a la memoria colectiva los peores recuerdos de la dictadura.

Así lo manifestó, en conversación con nuestro medio, la diputada socialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, quien se manifestó “especialmente preocupada” por la situación de Jonathan y Francisca, lamentando que se mantengan prácticas que se creían olvidadas y anunciando, además, que citarán a las autoridades pertinentes para que den explicaciones en la instancia.

“Que en Chile no haya protección para las personas y que se siga manteniendo por parte de Carabineros un actuar con prácticas de la dictadura me parece gravísimo. No podemos permitir que personas sean perseguidas, que no haya una protección para ellas por parte del Gobierno y que las instituciones que las tienen que proteger terminen siendo las persecutoras de ellas“, sostuvo Nuyado.

“Como una Comisión que debe velar por la protección de los derechos humanos de las personas, vamos a tener que citar al general director de Carabineros, Mario Rozas, y al señor ministro del Interior, Víctor Pérez, para que ellos puedan responder frente a esta situación”, advirtió la parlamentaria PS y presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara.

En tanto, el diputado RD y también integrante de la Comisión de DD.HH. Miguel Crispi, señaló que, lamentablemente, el caso de Jonathan y Francisca no es una excepción. Crispi recordó que, al día de hoy, la Fiscalía Nacional ha contabilizado más de 8.500 denuncias que son consideradas como casos de violaciones a derechos humanos. “La posterior persecución a la cual fueron sometidos Jonathan y su pareja, es algo que realmente no se puede permitir en democracia“, sostuvo.

A su vez, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, interpeló directamente a la administración de Sebastián Piñera “El Gobierno sigue cuestionando los informes internacionales, respaldando la gestión del general director de Carabineros, Mario Rozas,  y el actuar de una policía que está fuera de control“, cuestionó, recordando la querella que presentaron desde su sector en contra de las autoridades del Ejecutivo. “A un año del estallido social, es urgente que las responsabilidades sean esclarecidas y que los culpables paguen, para que estas situaciones nunca más vuelvan a repetirse en nuestro país“, añadió Pérez.

El seguimiento permanente, las amenazas de muerte y los sospechosos allanamientos que sufrieron en su hogar, terminaron obligando a Jonathan y Francisca a tomar la decisión de salir del país. Foto: Reuters.

La respuesta del INDH

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la jefa regional del INDH Coquimbo, Tarcila Piña, abordó la situación judicial que enfrenta Ricardo Luengo, el excapitán de Carabineros imputado como autor de apremios ilegítimos y torturas por el caso de Jonathan. En ese sentido, fue enfática en que el INDH está actuando como querellante activo en la causa, se mantienen en contacto con la madre de Jonathan. “Esperamos que la justicia no tarde y que éstos delitos no queden impunes“, aseguró.

Consultada por si la situación de Jonathan y Francisca se ha visto, la directora del INDH Coquimbo indicó que ha visto en las víctimas una desconfianza generalizada en las instituciones. “Lo que nosotros hemos podido constatar, en todas nuestras atenciones de levantamientos de relato y otros, la gente nos lo manifiesta, las víctimas a nosotros nos han levantado este temor. Nos han relatado que tienen temor“, admitió Piña.

“Muchas de las víctimas que viven la violencia institucional han confirmado y han relatado al INDH este justo temor que tienen de enfrentarse nuevamente a la vida pública. Por lo que no es sólo una afectación a la integridad física, sino que también a la integridad psíquica. Y no sólo a la víctima que vivió el hecho, también a su familia”, agregó la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Región de Coquimbo.

Así llegó Jonathan a la audiencia de control de detención al día siguiente de haber recibido un escopetazo en su espalda. La detención fue declarada ilegal y fue liberado. Foto: Radio Universidad de Chile.