Con nuestro corresponsal en San Francisco, Éric Salve, nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vila, y AFP.
A falta de pruebas frente a los tribunales, los abogados de Donald Trump quedan frente a la humillación. Uno de los casos más resonantes fue el de un tribunal federal de Pensilvania, cuando el campo de Trump pidió al tribunal que detuviera el recuento de votos porque supuestamente se había impedido a los observadores republicanos entrar en el colegio electoral.
Problema: durante la audiencia, el abogado no tenía ninguna prueba para demostrar el incidente. Por el contrario, el juez incluso acaba haciéndole admitir que no sólo estaban presentes los observadores republicanos, sino que incluso duplicaban en número a los observadores demócratas. “Así que lo siento, pero ¿cuál es su problema, en realidad?”, preguntó al juez, él mismo nombrado por un presidente republicano.
Un rumor
Otro ejemplo en un tribunal de Detroit, Michigan. Los abogados de Trump presentaron una demande porque las papeletas fueron presuntamente validadas dos días después del plazo reglamentario. Su fuente: un observador que no presenció directamente la supuesta escena. “Eso es lo que yo llamo un rumor”, concluyó el juez.
Como resultado, una decena de denuncias de fraude e irregularidades presentadas por la Casa Blanca han sido rechazadas. Ninguna fue lo suficientemente seria para que un juez justifique abrir una investigación.
Fuentes legales aseguran que el texto de algunas demandas es copiado entre sí, a pesar de que las acusaciones denuncian presuntos delitos diferentes, además de contener errores gramaticales y de procedimiento, lo que ha alimentado el escepticismo de los jueces que las han tramitado.
Los aliados políticos de Trump mantienen un escepticismo calculado, sosteniendo en público que el presidente tiene derecho a un recuento, pero reconociendo en privado que contar de nuevo no alterará el resultado final. El movimiento, por tanto, se interpreta como un modo de azuzar la base electoral del presidente para defender, sin pruebas, que le robaron la elección.
El presidente de EEUU lanza mascarillas a sus seguidores a su llegada a su primera reunión de campaña desde su infección de Covid-19 el 12 de octubre en Sanford, Florida. SAUL LOEB / AFP
Entretanto todas las miradas están puestas en la certificación de los resultados estatales y en la designación de los miembros del colegio electoral, el 14 de diciembre, que deben certificar la victoria de Biden. Y el temor es que el entorno de Trump intente interferir en estas designaciones, lo que sería inédito en la democracia estadounidense.
¿Hasta cuándo puede durar la impugnación de los resultados?
Por el momento, el escrutinio continúa en algunos estados clave, incluido Pensilvania, y se acaba de anunciar un recuento manual en Georgia.
Pero cada estado tiene un plazo para que las autoridades electorales certifiquen el resultado y validen el recuento de votos: Georgia tiene hasta el 20 de noviembre, Pensilvania hasta el 23, Arizona hasta el 30.
El 14 de diciembre es la fecha límite real, pues es cuando los grandes electores de cada estado deben reunirse en el Colegio Electoral para elegir formalmente al presidente, una votación en principio dictada por la mayoría del voto popular en las respectivas demarcaciones.
En ocasión de las elecciones de 2000, en las que el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore compitieron por la Casa Blanca, el resultado de Florida fue disputado durante más de 30 días, pero la Suprema Corte puso fin al recuento para que no se incumplieran los plazos, dando ganador a Bush por una diferencia apenas mayor a los 500 votos.
