Jaime Lorca y fallo por desaparición del Comité Central del PS: “En Chile se ha avanzado bastante en verdad, algo en justicia, pero no lo suficiente en garantías de no repetición”
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ratificar las condenas dictadas por el ministro Miguel Vásquez en primera instancia, con penas de 20 años para violadores de DD.HH como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga Neumann, entre otros ex agentes de la DINA. Para el hermano del desaparecido Carlos Lorca, esta sentencia tiene una enorme relevancia en el contexto del proceso constituyente que está pronto a iniciarse.
Claudia Carvajal G.
Viernes 1 de enero 2021 15:25 hrs.
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En el último día de 2020, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra Jenny Book Reyes e integrada por las magistradas Verónica Sabaj Escudero y Paula Rodríguez Fondón, dio a conocer el fallo de la causa por el secuestro calificado en contra de los integrantes del comité central del Partido Socialista a manos de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en 1975.
La investigación de estos hechos estuvo a cargo del ministro de fuero Miguel Vásquez, quien en 2018 dictó sentencia condenatoria contra seis ex agentes: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos,Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, como autores y coautores de los delitos de secuestro calificado en contra de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.
Dirección de la Juventud Socialista en 1971.
La sentencia emanada del Tribunal de Alzada confirmó casi todas las penas determinadas por el ministro Vásquez, sin embargo, absolvió a Urrich González de los cargos. El fallo además, en el ámbito civil, amplió las indemnizaciones para familiares de las víctimas que fueron descartadas en la sentencia de primera instancia.
Jaime Lorca, hermano de Carlos Lorca, secretario general de la Juventud Socialista y ex diputado desaparecido a manos de la DINA, conversó con nuestro medio sobre las repercusiones de este importante fallo para los familiares de las víctimas y en general, para la historia de nuestro país.
La sentencia redactada por la ministra Sabaj incluye a personas que en el fallo de primera instancia no estaban incluidas ¿Cómo reciben ustedes, como familiares, este reconocimiento?
El fallo ratifica, en lo grueso, las condenas anteriores del ministro Vásquez y ratifica las indemnizaciones a los familiares por los perjuicios causados por agentes del Estado y tiene como particularidad la inclusión de parientes que habían sido excluidos en otras causas y en las que se había fallado que no había lugar a indemnización por parte del Fisco. Me refiero específicamente a los familiares de Ricardo Lagos Salinas y de Carolina Wiff. El fallo entrega una fundamentación interesante, ya que se refiere al efecto del Derecho Internacional de DD.HH. sobre los poderes del Estado, las leyes chilenas y cómo éstas deben compatibilizarse con los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado, sin embargo, ha ignorado en muchas oportunidades.
Esta sentencia de la Corte de Santiago reconoce claramente esa preeminencia del Derecho Internacional de DD.HH. ¿Considera usted que ello puede servir como precedente a la hora de iniciar una discusión constitucional de modo que la llamada hoja en blanco, en realidad, debe venir escrita con ese respeto irrestricto a los derechos humanos?
Este fallo va a ser de extraordinaria relevancia en vistas al proceso constituyente. Tal como dices, acá no hay hoja en blanco, porque lo que escribamos tiene que basarse en ese reconocimiento explícito de los acuerdos que Chile ha escrito y firmado, especialmente en materia de Derechos Humanos.
Respecto de las indemnizaciones que debe pagar el Fisco, la sentencia es clara al señalar que éstas no son incompatibles con otro tipo de pensiones o prestaciones a las que tienen acceso los familiares de las víctimas. ¿Cómo analiza este razonamiento?
Me parece muy justo que este fallo haga la diferencia y si bien el Consejo de Defensa del Estado siempre busca que el Fisco pague lo menos posible en materias judiciales, esta defensa de los intereses del Estado no es igual para todas las causas. Todos sabemos que cuando se trata de grupos poderosos y de los sectores que mandan en el país, la actitud es más bien generosa, hasta dadivosa de parte del Estado. Sin embargo, con los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de la represión, ha sido extremadamente mezquino y tardío. Por ejemplo, en este fallo se indemniza a mi hermano Raúl, quien ya falleció y no tuvo hijos. Fueron casi 50 años esperando, entonces creo que es un acto de justicia el que se considere que los programas de protección de salud u otras ayudas que se han dado no son suficiente reparación para el daño que se causó a esas esposas, padres o hijos de las víctimas.
Jaime Lorca
El fallo de la Tercera Sala declara que lo ocurrido con los integrantes del Comité Central del PS es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable . ¿Cuál es su reacción ante la contundencia y claridad con que la ministra Sabaj establece esta calificación?
Es un aporte tremendo en materia de derechos humanos, porque aunque el caso del que hablamos refiere solo al Comité Central del PS, los crímenes de lesa humanidad fueron en contra de todos los que disintieron y se opusieron a una dictadura tan salvaje como la de Pinochet, particularmente en sus primeros años. Es significativo que nuevamente se exprese que este tipo de crímenes no prescriben y deben ser debidamente sancionados, no solo en atención a las víctimas y sus familiares, sino por los efectos del nunca más, de disuadir a cualquiera que pretenda a futuro cometer este tipo de actos. En Memoria y Futuro, la agrupación de quienes somos partes los parientes y amigos de los secuestrados y ejecutados políticos del Comité Central del PS, hemos analizado la situación de DD.HH. en Chile y creemos que se ha avanzado bastante en verdad, algo en justicia y reparación, pero no lo suficiente para obtener garantías de no repetición. Esto es muy importante a la luz de lo ocurrido desde el despertar social de octubre de 2019, ya que se han vuelto a cometer violaciones contra los derechos humanos y esperamos que la justicia esta vez no tarde 40 o 50 años en ser aplicada, de modo que no solo se tenga en prisión preventiva a quienes estén involucrados en hechos de desorden público, sino que castigue y sancione a aquellos agentes del Estado que se han extralimitado en sus funciones y han violado reiterada y sistemáticamente los derechos humanos, como está acreditado en los numerosos informes de organismos internacionales independientes.
Las condenas tanto de este fallo como en el del ministro Vásquez apuntan a reconocidos violadores de DD.HH como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga Neumann, sin embargo, sigue habiendo dudas respecto de la posible participación de civiles en los crímenes de la dictadura…
Acá se ha sancionado solo a una parte pequeña de todos los que estuvieron involucrados en estos crímenes atroces. Hubo instigadores civiles y militares que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, han zafado, se ha ocultado o soslayado su rol en la dictadura. Es una paradoja que hoy tengamos como ministro de Justicia y DD.HH a Hernán Larraín, quien fue un perseguidor de los que disentían de él en la Universidad Católica, que fue colaborador y justificador de la Colonia Dignidad cuando se supo de lo que allí ocurría. En esta causa que investigó al secuestro de los integrantes del Comité Central del PS, se determinó que ellos terminaron hechos cenizas que fueron lanzadas al río Perquilauquén en la Colonia Dignidad, entonces acá se ha tejido un manto de impunidad, porque aún queda por investigar el por qué se llevó a estos dirigentes socialistas desde Villa Grimaldi para hacerlos desaparecer de una manera tan cruel en ese enclave de la región del Maule.
Nota: Se espera que en el transcurso de la primera semana de enero, Memoria y Futuro emita un pronunciamiento oficial respecto de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Foto@ Fernando Velo
En el último día de 2020, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra Jenny Book Reyes e integrada por las magistradas Verónica Sabaj Escudero y Paula Rodríguez Fondón, dio a conocer el fallo de la causa por el secuestro calificado en contra de los integrantes del comité central del Partido Socialista a manos de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en 1975.
La investigación de estos hechos estuvo a cargo del ministro de fuero Miguel Vásquez, quien en 2018 dictó sentencia condenatoria contra seis ex agentes: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos,Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, como autores y coautores de los delitos de secuestro calificado en contra de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.
Dirección de la Juventud Socialista en 1971.
La sentencia emanada del Tribunal de Alzada confirmó casi todas las penas determinadas por el ministro Vásquez, sin embargo, absolvió a Urrich González de los cargos. El fallo además, en el ámbito civil, amplió las indemnizaciones para familiares de las víctimas que fueron descartadas en la sentencia de primera instancia.
Jaime Lorca, hermano de Carlos Lorca, secretario general de la Juventud Socialista y ex diputado desaparecido a manos de la DINA, conversó con nuestro medio sobre las repercusiones de este importante fallo para los familiares de las víctimas y en general, para la historia de nuestro país.
La sentencia redactada por la ministra Sabaj incluye a personas que en el fallo de primera instancia no estaban incluidas ¿Cómo reciben ustedes, como familiares, este reconocimiento?
El fallo ratifica, en lo grueso, las condenas anteriores del ministro Vásquez y ratifica las indemnizaciones a los familiares por los perjuicios causados por agentes del Estado y tiene como particularidad la inclusión de parientes que habían sido excluidos en otras causas y en las que se había fallado que no había lugar a indemnización por parte del Fisco. Me refiero específicamente a los familiares de Ricardo Lagos Salinas y de Carolina Wiff. El fallo entrega una fundamentación interesante, ya que se refiere al efecto del Derecho Internacional de DD.HH. sobre los poderes del Estado, las leyes chilenas y cómo éstas deben compatibilizarse con los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado, sin embargo, ha ignorado en muchas oportunidades.
Esta sentencia de la Corte de Santiago reconoce claramente esa preeminencia del Derecho Internacional de DD.HH. ¿Considera usted que ello puede servir como precedente a la hora de iniciar una discusión constitucional de modo que la llamada hoja en blanco, en realidad, debe venir escrita con ese respeto irrestricto a los derechos humanos?
Este fallo va a ser de extraordinaria relevancia en vistas al proceso constituyente. Tal como dices, acá no hay hoja en blanco, porque lo que escribamos tiene que basarse en ese reconocimiento explícito de los acuerdos que Chile ha escrito y firmado, especialmente en materia de Derechos Humanos.
Respecto de las indemnizaciones que debe pagar el Fisco, la sentencia es clara al señalar que éstas no son incompatibles con otro tipo de pensiones o prestaciones a las que tienen acceso los familiares de las víctimas. ¿Cómo analiza este razonamiento?
Me parece muy justo que este fallo haga la diferencia y si bien el Consejo de Defensa del Estado siempre busca que el Fisco pague lo menos posible en materias judiciales, esta defensa de los intereses del Estado no es igual para todas las causas. Todos sabemos que cuando se trata de grupos poderosos y de los sectores que mandan en el país, la actitud es más bien generosa, hasta dadivosa de parte del Estado. Sin embargo, con los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de la represión, ha sido extremadamente mezquino y tardío. Por ejemplo, en este fallo se indemniza a mi hermano Raúl, quien ya falleció y no tuvo hijos. Fueron casi 50 años esperando, entonces creo que es un acto de justicia el que se considere que los programas de protección de salud u otras ayudas que se han dado no son suficiente reparación para el daño que se causó a esas esposas, padres o hijos de las víctimas.
Jaime Lorca
El fallo de la Tercera Sala declara que lo ocurrido con los integrantes del Comité Central del PS es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable . ¿Cuál es su reacción ante la contundencia y claridad con que la ministra Sabaj establece esta calificación?
Es un aporte tremendo en materia de derechos humanos, porque aunque el caso del que hablamos refiere solo al Comité Central del PS, los crímenes de lesa humanidad fueron en contra de todos los que disintieron y se opusieron a una dictadura tan salvaje como la de Pinochet, particularmente en sus primeros años. Es significativo que nuevamente se exprese que este tipo de crímenes no prescriben y deben ser debidamente sancionados, no solo en atención a las víctimas y sus familiares, sino por los efectos del nunca más, de disuadir a cualquiera que pretenda a futuro cometer este tipo de actos. En Memoria y Futuro, la agrupación de quienes somos partes los parientes y amigos de los secuestrados y ejecutados políticos del Comité Central del PS, hemos analizado la situación de DD.HH. en Chile y creemos que se ha avanzado bastante en verdad, algo en justicia y reparación, pero no lo suficiente para obtener garantías de no repetición. Esto es muy importante a la luz de lo ocurrido desde el despertar social de octubre de 2019, ya que se han vuelto a cometer violaciones contra los derechos humanos y esperamos que la justicia esta vez no tarde 40 o 50 años en ser aplicada, de modo que no solo se tenga en prisión preventiva a quienes estén involucrados en hechos de desorden público, sino que castigue y sancione a aquellos agentes del Estado que se han extralimitado en sus funciones y han violado reiterada y sistemáticamente los derechos humanos, como está acreditado en los numerosos informes de organismos internacionales independientes.
Las condenas tanto de este fallo como en el del ministro Vásquez apuntan a reconocidos violadores de DD.HH como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga Neumann, sin embargo, sigue habiendo dudas respecto de la posible participación de civiles en los crímenes de la dictadura…
Acá se ha sancionado solo a una parte pequeña de todos los que estuvieron involucrados en estos crímenes atroces. Hubo instigadores civiles y militares que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, han zafado, se ha ocultado o soslayado su rol en la dictadura. Es una paradoja que hoy tengamos como ministro de Justicia y DD.HH a Hernán Larraín, quien fue un perseguidor de los que disentían de él en la Universidad Católica, que fue colaborador y justificador de la Colonia Dignidad cuando se supo de lo que allí ocurría. En esta causa que investigó al secuestro de los integrantes del Comité Central del PS, se determinó que ellos terminaron hechos cenizas que fueron lanzadas al río Perquilauquén en la Colonia Dignidad, entonces acá se ha tejido un manto de impunidad, porque aún queda por investigar el por qué se llevó a estos dirigentes socialistas desde Villa Grimaldi para hacerlos desaparecer de una manera tan cruel en ese enclave de la región del Maule.
Nota: Se espera que en el transcurso de la primera semana de enero, Memoria y Futuro emita un pronunciamiento oficial respecto de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Foto@ Fernando Velo
En el último día de 2020, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra Jenny Book Reyes e integrada por las magistradas Verónica Sabaj Escudero y Paula Rodríguez Fondón, dio a conocer el fallo de la causa por el secuestro calificado en contra de los integrantes del comité central del Partido Socialista a manos de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en 1975.
La investigación de estos hechos estuvo a cargo del ministro de fuero Miguel Vásquez, quien en 2018 dictó sentencia condenatoria contra seis ex agentes: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos,Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, como autores y coautores de los delitos de secuestro calificado en contra de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.
Dirección de la Juventud Socialista en 1971.
La sentencia emanada del Tribunal de Alzada confirmó casi todas las penas determinadas por el ministro Vásquez, sin embargo, absolvió a Urrich González de los cargos. El fallo además, en el ámbito civil, amplió las indemnizaciones para familiares de las víctimas que fueron descartadas en la sentencia de primera instancia.
Jaime Lorca, hermano de Carlos Lorca, secretario general de la Juventud Socialista y ex diputado desaparecido a manos de la DINA, conversó con nuestro medio sobre las repercusiones de este importante fallo para los familiares de las víctimas y en general, para la historia de nuestro país.
La sentencia redactada por la ministra Sabaj incluye a personas que en el fallo de primera instancia no estaban incluidas ¿Cómo reciben ustedes, como familiares, este reconocimiento?
El fallo ratifica, en lo grueso, las condenas anteriores del ministro Vásquez y ratifica las indemnizaciones a los familiares por los perjuicios causados por agentes del Estado y tiene como particularidad la inclusión de parientes que habían sido excluidos en otras causas y en las que se había fallado que no había lugar a indemnización por parte del Fisco. Me refiero específicamente a los familiares de Ricardo Lagos Salinas y de Carolina Wiff. El fallo entrega una fundamentación interesante, ya que se refiere al efecto del Derecho Internacional de DD.HH. sobre los poderes del Estado, las leyes chilenas y cómo éstas deben compatibilizarse con los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado, sin embargo, ha ignorado en muchas oportunidades.
Esta sentencia de la Corte de Santiago reconoce claramente esa preeminencia del Derecho Internacional de DD.HH. ¿Considera usted que ello puede servir como precedente a la hora de iniciar una discusión constitucional de modo que la llamada hoja en blanco, en realidad, debe venir escrita con ese respeto irrestricto a los derechos humanos?
Este fallo va a ser de extraordinaria relevancia en vistas al proceso constituyente. Tal como dices, acá no hay hoja en blanco, porque lo que escribamos tiene que basarse en ese reconocimiento explícito de los acuerdos que Chile ha escrito y firmado, especialmente en materia de Derechos Humanos.
Respecto de las indemnizaciones que debe pagar el Fisco, la sentencia es clara al señalar que éstas no son incompatibles con otro tipo de pensiones o prestaciones a las que tienen acceso los familiares de las víctimas. ¿Cómo analiza este razonamiento?
Me parece muy justo que este fallo haga la diferencia y si bien el Consejo de Defensa del Estado siempre busca que el Fisco pague lo menos posible en materias judiciales, esta defensa de los intereses del Estado no es igual para todas las causas. Todos sabemos que cuando se trata de grupos poderosos y de los sectores que mandan en el país, la actitud es más bien generosa, hasta dadivosa de parte del Estado. Sin embargo, con los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de la represión, ha sido extremadamente mezquino y tardío. Por ejemplo, en este fallo se indemniza a mi hermano Raúl, quien ya falleció y no tuvo hijos. Fueron casi 50 años esperando, entonces creo que es un acto de justicia el que se considere que los programas de protección de salud u otras ayudas que se han dado no son suficiente reparación para el daño que se causó a esas esposas, padres o hijos de las víctimas.
Jaime Lorca
El fallo de la Tercera Sala declara que lo ocurrido con los integrantes del Comité Central del PS es un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable . ¿Cuál es su reacción ante la contundencia y claridad con que la ministra Sabaj establece esta calificación?
Es un aporte tremendo en materia de derechos humanos, porque aunque el caso del que hablamos refiere solo al Comité Central del PS, los crímenes de lesa humanidad fueron en contra de todos los que disintieron y se opusieron a una dictadura tan salvaje como la de Pinochet, particularmente en sus primeros años. Es significativo que nuevamente se exprese que este tipo de crímenes no prescriben y deben ser debidamente sancionados, no solo en atención a las víctimas y sus familiares, sino por los efectos del nunca más, de disuadir a cualquiera que pretenda a futuro cometer este tipo de actos. En Memoria y Futuro, la agrupación de quienes somos partes los parientes y amigos de los secuestrados y ejecutados políticos del Comité Central del PS, hemos analizado la situación de DD.HH. en Chile y creemos que se ha avanzado bastante en verdad, algo en justicia y reparación, pero no lo suficiente para obtener garantías de no repetición. Esto es muy importante a la luz de lo ocurrido desde el despertar social de octubre de 2019, ya que se han vuelto a cometer violaciones contra los derechos humanos y esperamos que la justicia esta vez no tarde 40 o 50 años en ser aplicada, de modo que no solo se tenga en prisión preventiva a quienes estén involucrados en hechos de desorden público, sino que castigue y sancione a aquellos agentes del Estado que se han extralimitado en sus funciones y han violado reiterada y sistemáticamente los derechos humanos, como está acreditado en los numerosos informes de organismos internacionales independientes.
Las condenas tanto de este fallo como en el del ministro Vásquez apuntan a reconocidos violadores de DD.HH como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga Neumann, sin embargo, sigue habiendo dudas respecto de la posible participación de civiles en los crímenes de la dictadura…
Acá se ha sancionado solo a una parte pequeña de todos los que estuvieron involucrados en estos crímenes atroces. Hubo instigadores civiles y militares que, como ha ocurrido muchas veces en la historia, han zafado, se ha ocultado o soslayado su rol en la dictadura. Es una paradoja que hoy tengamos como ministro de Justicia y DD.HH a Hernán Larraín, quien fue un perseguidor de los que disentían de él en la Universidad Católica, que fue colaborador y justificador de la Colonia Dignidad cuando se supo de lo que allí ocurría. En esta causa que investigó al secuestro de los integrantes del Comité Central del PS, se determinó que ellos terminaron hechos cenizas que fueron lanzadas al río Perquilauquén en la Colonia Dignidad, entonces acá se ha tejido un manto de impunidad, porque aún queda por investigar el por qué se llevó a estos dirigentes socialistas desde Villa Grimaldi para hacerlos desaparecer de una manera tan cruel en ese enclave de la región del Maule.
Nota: Se espera que en el transcurso de la primera semana de enero, Memoria y Futuro emita un pronunciamiento oficial respecto de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
