A más de dos años en que los presos detenidos en el contexto de la protesta social de 2019, aún se encuentra bajo prisión preventiva y sin un juicio que dictamine su sentencia, la Comisión Chile de DDHH interpeló a los poderes del Estado.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ratificar las condenas dictadas por el ministro Miguel Vásquez en primera instancia, con penas de 20 años para violadores de DD.HH como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga Neumann, entre otros ex agentes de la DINA. Para el hermano del desaparecido Carlos Lorca, esta sentencia tiene una enorme relevancia en el contexto del proceso constituyente que está pronto a iniciarse.
La solicitud ingresada al ente fiscalizador busca determinar las responsabilidades funcionarias de los integrantes de las Unidades de Control del Orden Público (C.O.P), y en especial a los Jefes de Zona en los procedimientos policiales disuasivos de manifestaciones en Santiago y otras ciudades del país.
Los firmantes de la carta aseguran que el Gobierno no está cumpliendo con los estándares ni obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos a la hora de proponer un retorno presencial a las salas de clases este año.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
