Con álgido debate y acusaciones de boicot, diputados dejan en suspenso votación de proyecto de eutanasia
Uno de los autores de la moción, el diputado Vlado Mirosevic acusó a los parlamentarios oficialistas de querer boicotear la votación de la iniciativa y, con ello, también postergar la discusión del tercer retiro de fondos desde las AFP.
Claudia Carvajal G.
Miércoles 14 de abril 2021 19:58 hrs.
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Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados tenía previsto revisar y votar el proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos presentado por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, sin embargo, dada la gran cantidad de intervenciones, finalmente se debió posponer la votación para este jueves 15 de abril.
El debate en el hemiciclo fue intenso, con un fuerte componente valórico y se prolongó por toda la sesión, en la que además estaba programada la revisión del tercer retiro desde las cuentas de capitalización individual.
En la oposición, si bien mayoritariamente existe la intención de aprobar la moción, la excepción se encuentra en la bancada demócrata cristiana que apela al valor de la vida como un bien jurídico absoluto y sin limitaciones, como lo manifestó el diputado Jorge Sabag durante su tiempo de intervención.
“Creemos que la vida debe respetarse en toda instancia y ningún médico, ningún facultativo que ha jurado dar salud y la vida a las personas, puede provocar directamente la vida, por eso existe también la eutanasia pasiva en que las personas pueden renunciar a tratamientos y medicamentos, pero distinto es que se provoque la muerte directamente. Rechazamos este proyecto porque va a crear toda una industria de la eutanasia y también el turismo de la eutanasia y creemos que la vida siempre debe ser respetada”.
La intervención del parlamentario por el distrito 19 fue muy criticada por sus pares que le recordaron que uno de los requisitos que está establecido en el texto apunta precisamente a evitar ese tipo de situaciones al exigir la residencia legal en Chile, o certificado de residencia que acredite un tiempo de permanencia en territorio chileno superior a doce meses.
En general, los argumentos en favor de la aprobación del proyecto se centraron en la necesidad imperante de evitar el sufrimiento de las personas que enfrentan enfermedades de carácter terminal y la posibilidad que el Estado debe dar a sus nacionales y residentes de morir con dignidad .
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, enfatizó en la necesidad de aliviar el dolor de los pacientes y de sus familias y de entender que el proyecto busca regular un tipo de situación límite en orden a evitar el sufrimiento de personas que están afectadas por patologías sin solución.
“Garantizar el derecho de las personas que padecen de enfermedades terminales y que sufren durante mucho tiempo, precisamente pasa hoy por permitirles decidir la forma y momento de terminar con sus vidas de manera cuidada, protegida, acompañada y digna. De eso hablamos hoy, no de un turismo eutanásico y bajar el nivel del debate con ese tipo de calificativos no me parece y creo que lo que estamos discutiendo es algo delicado”.
En el oficialismo, en tanto, la postura de la UDI fue unánime en orden a rechazar la normativa. Fue justamente con la intervención de uno de sus representantes que se vivió el momento más álgido de la discusión. Durante los tres minutos de su intervención el diputado Sergio Bobadilla quien entregó duros calificativos a los autores de la idea, a la oposición en general y al proyecto.
“Comenzaron con el aborto en 3 causales, ahora avanzan casi en forma desquiciada en el aborto libre y rematan en un asesinato. Terminan en un asesinato llamado en forma encubierta como eutanasia”.
La intervención del representante UDI en el distrito 45 generó la rápida respuesta de la diputada Maya Fernández, una de las autoras de la moción quien solicitó al Presidente de la Corporación que se eliminaran los adjetivos de la historia de la tramitación.
Maya Fernández.
La mayor dispersión en el oficialismo se produjo en RN, partido en que gran parte de sus parlamentarios señalaron que rechazarían la iniciativa argumentando la necesidad de aumentar el presupuesto para los cuidados paliativos en orden a seguir protegiendo el derecho a la vida, mientras que tanto Andrés Longton como Sebastián Torrealba se expresaron proclives a la aprobación del proyecto.
Desde Evópoli, Francisco Undurraga y Sebastián Keitel, hicieron hincapié en que el Estado debe permitir a las personas decidir sobre sus propias vidas y no se les debe forzar a mantener un sufrimiento argumentando consideraciones de orden religioso o valórico.
“Dejemos que las personas, en forma libre, puedan decidir cómo quieren terminar su vida, en la medida en que cumplan con las condiciones que, muy bien, describe este proyecto de ley” señaló el diputado Undurraga.
Ante el avance de la hora, el diputado Vlado Mirosevic pidió a la Mesa que cerrara el debate, dada la cantidad de parlamentarios que manifestó interés en intervenir, y que efectivamente la votación se efectuara esta jornada. Sin embargo, puesta en votación la solicitud del legislador del Partido Liberal fue rechazada y la votación se llevará a cabo el jueves 15.
Una vez fuera de la sala Mirosevic acusó de un boicot al proyecto por parte de la derecha destinado no solo a dilatar el avance de este proyecto al siguiente trámite constitucional, sino también con el objeto de ralentizar la revisión del tercer retiro desde las cuentas de AFP.
El proyecto prescribe que para optar a la eutanasia o el suicidio asistido se debe contar con el diagnóstico de al menos dos especialistas. Las diferencias entre una y otra forma de morir está dada porque en el primer caso será, precisamente, un profesional de la salud quien le administre una sustancia al enfermo, mientras que en el segundo, el profesional facilitará los medios para llevar a efecto el requerimiento.
Respecto de la objeción de conciencia, la iniciativa legal dispone que tanto el médico requerido para practicar la asistencia médica para morir, como los otros profesionales que deban prestar funciones durante el procedimiento, podrán manifestar su decisión de abstenerse de practicarlo. En caso de suceder esto, el establecimiento de salud deberá reasignar al paciente a otro profesional no objetante.
La misma prerrogativa aplica a aquellas instituciones privadas de salud para las que la asistencia para morir represente una colisión con los valores declarados previamente.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados tenía previsto revisar y votar el proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos presentado por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, sin embargo, dada la gran cantidad de intervenciones, finalmente se debió posponer la votación para este jueves 15 de abril.
El debate en el hemiciclo fue intenso, con un fuerte componente valórico y se prolongó por toda la sesión, en la que además estaba programada la revisión del tercer retiro desde las cuentas de capitalización individual.
En la oposición, si bien mayoritariamente existe la intención de aprobar la moción, la excepción se encuentra en la bancada demócrata cristiana que apela al valor de la vida como un bien jurídico absoluto y sin limitaciones, como lo manifestó el diputado Jorge Sabag durante su tiempo de intervención.
“Creemos que la vida debe respetarse en toda instancia y ningún médico, ningún facultativo que ha jurado dar salud y la vida a las personas, puede provocar directamente la vida, por eso existe también la eutanasia pasiva en que las personas pueden renunciar a tratamientos y medicamentos, pero distinto es que se provoque la muerte directamente. Rechazamos este proyecto porque va a crear toda una industria de la eutanasia y también el turismo de la eutanasia y creemos que la vida siempre debe ser respetada”.
La intervención del parlamentario por el distrito 19 fue muy criticada por sus pares que le recordaron que uno de los requisitos que está establecido en el texto apunta precisamente a evitar ese tipo de situaciones al exigir la residencia legal en Chile, o certificado de residencia que acredite un tiempo de permanencia en territorio chileno superior a doce meses.
En general, los argumentos en favor de la aprobación del proyecto se centraron en la necesidad imperante de evitar el sufrimiento de las personas que enfrentan enfermedades de carácter terminal y la posibilidad que el Estado debe dar a sus nacionales y residentes de morir con dignidad .
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, enfatizó en la necesidad de aliviar el dolor de los pacientes y de sus familias y de entender que el proyecto busca regular un tipo de situación límite en orden a evitar el sufrimiento de personas que están afectadas por patologías sin solución.
“Garantizar el derecho de las personas que padecen de enfermedades terminales y que sufren durante mucho tiempo, precisamente pasa hoy por permitirles decidir la forma y momento de terminar con sus vidas de manera cuidada, protegida, acompañada y digna. De eso hablamos hoy, no de un turismo eutanásico y bajar el nivel del debate con ese tipo de calificativos no me parece y creo que lo que estamos discutiendo es algo delicado”.
En el oficialismo, en tanto, la postura de la UDI fue unánime en orden a rechazar la normativa. Fue justamente con la intervención de uno de sus representantes que se vivió el momento más álgido de la discusión. Durante los tres minutos de su intervención el diputado Sergio Bobadilla quien entregó duros calificativos a los autores de la idea, a la oposición en general y al proyecto.
“Comenzaron con el aborto en 3 causales, ahora avanzan casi en forma desquiciada en el aborto libre y rematan en un asesinato. Terminan en un asesinato llamado en forma encubierta como eutanasia”.
La intervención del representante UDI en el distrito 45 generó la rápida respuesta de la diputada Maya Fernández, una de las autoras de la moción quien solicitó al Presidente de la Corporación que se eliminaran los adjetivos de la historia de la tramitación.
Maya Fernández.
La mayor dispersión en el oficialismo se produjo en RN, partido en que gran parte de sus parlamentarios señalaron que rechazarían la iniciativa argumentando la necesidad de aumentar el presupuesto para los cuidados paliativos en orden a seguir protegiendo el derecho a la vida, mientras que tanto Andrés Longton como Sebastián Torrealba se expresaron proclives a la aprobación del proyecto.
Desde Evópoli, Francisco Undurraga y Sebastián Keitel, hicieron hincapié en que el Estado debe permitir a las personas decidir sobre sus propias vidas y no se les debe forzar a mantener un sufrimiento argumentando consideraciones de orden religioso o valórico.
“Dejemos que las personas, en forma libre, puedan decidir cómo quieren terminar su vida, en la medida en que cumplan con las condiciones que, muy bien, describe este proyecto de ley” señaló el diputado Undurraga.
Ante el avance de la hora, el diputado Vlado Mirosevic pidió a la Mesa que cerrara el debate, dada la cantidad de parlamentarios que manifestó interés en intervenir, y que efectivamente la votación se efectuara esta jornada. Sin embargo, puesta en votación la solicitud del legislador del Partido Liberal fue rechazada y la votación se llevará a cabo el jueves 15.
Una vez fuera de la sala Mirosevic acusó de un boicot al proyecto por parte de la derecha destinado no solo a dilatar el avance de este proyecto al siguiente trámite constitucional, sino también con el objeto de ralentizar la revisión del tercer retiro desde las cuentas de AFP.
El proyecto prescribe que para optar a la eutanasia o el suicidio asistido se debe contar con el diagnóstico de al menos dos especialistas. Las diferencias entre una y otra forma de morir está dada porque en el primer caso será, precisamente, un profesional de la salud quien le administre una sustancia al enfermo, mientras que en el segundo, el profesional facilitará los medios para llevar a efecto el requerimiento.
Respecto de la objeción de conciencia, la iniciativa legal dispone que tanto el médico requerido para practicar la asistencia médica para morir, como los otros profesionales que deban prestar funciones durante el procedimiento, podrán manifestar su decisión de abstenerse de practicarlo. En caso de suceder esto, el establecimiento de salud deberá reasignar al paciente a otro profesional no objetante.
La misma prerrogativa aplica a aquellas instituciones privadas de salud para las que la asistencia para morir represente una colisión con los valores declarados previamente.
Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados tenía previsto revisar y votar el proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos presentado por el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, sin embargo, dada la gran cantidad de intervenciones, finalmente se debió posponer la votación para este jueves 15 de abril.
El debate en el hemiciclo fue intenso, con un fuerte componente valórico y se prolongó por toda la sesión, en la que además estaba programada la revisión del tercer retiro desde las cuentas de capitalización individual.
En la oposición, si bien mayoritariamente existe la intención de aprobar la moción, la excepción se encuentra en la bancada demócrata cristiana que apela al valor de la vida como un bien jurídico absoluto y sin limitaciones, como lo manifestó el diputado Jorge Sabag durante su tiempo de intervención.
“Creemos que la vida debe respetarse en toda instancia y ningún médico, ningún facultativo que ha jurado dar salud y la vida a las personas, puede provocar directamente la vida, por eso existe también la eutanasia pasiva en que las personas pueden renunciar a tratamientos y medicamentos, pero distinto es que se provoque la muerte directamente. Rechazamos este proyecto porque va a crear toda una industria de la eutanasia y también el turismo de la eutanasia y creemos que la vida siempre debe ser respetada”.
La intervención del parlamentario por el distrito 19 fue muy criticada por sus pares que le recordaron que uno de los requisitos que está establecido en el texto apunta precisamente a evitar ese tipo de situaciones al exigir la residencia legal en Chile, o certificado de residencia que acredite un tiempo de permanencia en territorio chileno superior a doce meses.
En general, los argumentos en favor de la aprobación del proyecto se centraron en la necesidad imperante de evitar el sufrimiento de las personas que enfrentan enfermedades de carácter terminal y la posibilidad que el Estado debe dar a sus nacionales y residentes de morir con dignidad .
La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, enfatizó en la necesidad de aliviar el dolor de los pacientes y de sus familias y de entender que el proyecto busca regular un tipo de situación límite en orden a evitar el sufrimiento de personas que están afectadas por patologías sin solución.
“Garantizar el derecho de las personas que padecen de enfermedades terminales y que sufren durante mucho tiempo, precisamente pasa hoy por permitirles decidir la forma y momento de terminar con sus vidas de manera cuidada, protegida, acompañada y digna. De eso hablamos hoy, no de un turismo eutanásico y bajar el nivel del debate con ese tipo de calificativos no me parece y creo que lo que estamos discutiendo es algo delicado”.
En el oficialismo, en tanto, la postura de la UDI fue unánime en orden a rechazar la normativa. Fue justamente con la intervención de uno de sus representantes que se vivió el momento más álgido de la discusión. Durante los tres minutos de su intervención el diputado Sergio Bobadilla quien entregó duros calificativos a los autores de la idea, a la oposición en general y al proyecto.
“Comenzaron con el aborto en 3 causales, ahora avanzan casi en forma desquiciada en el aborto libre y rematan en un asesinato. Terminan en un asesinato llamado en forma encubierta como eutanasia”.
La intervención del representante UDI en el distrito 45 generó la rápida respuesta de la diputada Maya Fernández, una de las autoras de la moción quien solicitó al Presidente de la Corporación que se eliminaran los adjetivos de la historia de la tramitación.
Maya Fernández.
La mayor dispersión en el oficialismo se produjo en RN, partido en que gran parte de sus parlamentarios señalaron que rechazarían la iniciativa argumentando la necesidad de aumentar el presupuesto para los cuidados paliativos en orden a seguir protegiendo el derecho a la vida, mientras que tanto Andrés Longton como Sebastián Torrealba se expresaron proclives a la aprobación del proyecto.
Desde Evópoli, Francisco Undurraga y Sebastián Keitel, hicieron hincapié en que el Estado debe permitir a las personas decidir sobre sus propias vidas y no se les debe forzar a mantener un sufrimiento argumentando consideraciones de orden religioso o valórico.
“Dejemos que las personas, en forma libre, puedan decidir cómo quieren terminar su vida, en la medida en que cumplan con las condiciones que, muy bien, describe este proyecto de ley” señaló el diputado Undurraga.
Ante el avance de la hora, el diputado Vlado Mirosevic pidió a la Mesa que cerrara el debate, dada la cantidad de parlamentarios que manifestó interés en intervenir, y que efectivamente la votación se efectuara esta jornada. Sin embargo, puesta en votación la solicitud del legislador del Partido Liberal fue rechazada y la votación se llevará a cabo el jueves 15.
Una vez fuera de la sala Mirosevic acusó de un boicot al proyecto por parte de la derecha destinado no solo a dilatar el avance de este proyecto al siguiente trámite constitucional, sino también con el objeto de ralentizar la revisión del tercer retiro desde las cuentas de AFP.
El proyecto prescribe que para optar a la eutanasia o el suicidio asistido se debe contar con el diagnóstico de al menos dos especialistas. Las diferencias entre una y otra forma de morir está dada porque en el primer caso será, precisamente, un profesional de la salud quien le administre una sustancia al enfermo, mientras que en el segundo, el profesional facilitará los medios para llevar a efecto el requerimiento.
Respecto de la objeción de conciencia, la iniciativa legal dispone que tanto el médico requerido para practicar la asistencia médica para morir, como los otros profesionales que deban prestar funciones durante el procedimiento, podrán manifestar su decisión de abstenerse de practicarlo. En caso de suceder esto, el establecimiento de salud deberá reasignar al paciente a otro profesional no objetante.
La misma prerrogativa aplica a aquellas instituciones privadas de salud para las que la asistencia para morir represente una colisión con los valores declarados previamente.
