Dra. Francis Espinoza F.
Académica Universidad Católica del Norte

No hay democracias perfectas, ni tampoco gobiernos o estados-nación, o tal vez como asegura Alexandre Dorna (2006), la sociedad democrática contemporánea en sí se halla en crisis. Pese a esto, las formas de gobernanza a través de los tres poderes del Estado y sus agencias institucionales debieran darnos algún tipo de garantías, seguridad y compromiso en el manejo de las condiciones de crisis en una pandemia, en los debidos procesos jurídicos a quienes se ven involucrados/as con la ley, y en la defensa de derechos ciudadanos frente a un mercado reptiliano que lo coapta todo. Sin duda, esto es justamente lo que no tenemos en Chile, sino más bien nos enfrentamos a un ‘ejecutivo adolescente’, con una profunda inmadurez política, y que ha acumulado las adolescencias de otros gobiernos por más de 30 años.

El año pasado escribí una columna denominada “Estados Tóxicos y Pandemia Social” (El Mercurio de Antofagasta, 24/05/2020), en la cual analicé el libro del psicólogo español José Luis Canales Padres Tóxicos. Legado Disfuncional de una infancia (2014), e hice la extrapolación al Estado como aquél incapaz de generar conductas de protección y cuidado a sus ciudadanos/as, estando éstos/as frente a una total indefensión por toda la institucionalidad política que nos gobierna.

En 2020, el doctor en psicología, Iñaki Piñuel publicó su libro Familia Zero, analizando a las familias disfuncionales y poniendo énfasis en los abusos que algunos miembros sufren por parte de psicópatas integrados/as en el seno familiar. Me tomo de la teoría política contemporánea nuevamente para hacer la proyección psicoanalítica de este concepto a nuestra forma de hacer gobernanza, pensando que la familia es la base de toda construcción societal. Es justamente en este ámbito privado, pero a la vez interconectado con la sociedad que la doctora en ciencias política Pilar Calveiro en su texto Familia y Poder (2005), llega a la conclusión de que los/as más débiles van desarrollando diversos mecanismos de defensa para sobrevivir, recuperar espacios de influencia y equiparar las relaciones asimétricas familiares en las que viven.

Es en este calvario institucional, cual vía crucis, que las Madres de Plaza Colon han debido enfrentar a este ‘Estado Zero’, que se muestra con total indiferencia, que mira hacia el lado, y como un ‘padre/madre helicóptero’ sólo se dedica a controlar y castigar como diría el filósofo francés Michel Foucault (1975). Sin embargo, la actoridad política de las madres se hace resiliente a través de sus actos público-privados, ellas nos advierten sobre el peligro de las policías que operan bajo la lógica de la ‘pesca de arrastre’ y todo un modus operandis que también es observado en la Araucanía, y cuya inoperancia es defendida por la institucionalidad, porque finalmente constituye los ‘aparatos represores’ del Estado (Loius Althusser, 1988). A diferencia de las Madres de Mayo, no buscan hijos detenidos desaparecidos, sino que nos enrostran la necesidad de entender los nuevos paradigmas sobre derechos humanos y las conceptualizaciones más vanguardistas de la ‘prisión política’ (presos políticos), no ideológica, no en contexto de Guerra Fría, pero sí en un escenario de excepción y de enfrentamiento social y ciudadano frente a un poder formal abusivo y represor.

En un estado que ofrece ‘orfandad política’, los poderes de éste se convierten en un perfecto minotauro. La leyenda cuenta que Dédalo construyó el laberinto (de Cnosos’, Creta) para esconder al Minotauro, y que cuando se perdía una guerra en contra de Creta, se debían enviar siete doncellas y siete varones en la flor de sus juventudes para ser devorados/as por el Minotauro. Es este laberinto que las Madres de Plaza Colón han debido recorrer golpeando puertas institucionales desde el Parlamento, la Convención Constitucional, los medios de comunicación y el Instituto de Derechos Humanos. Las soluciones oscilan entre una ley de amnistía, una normativa de indulto, o una Comisión Regional/Nacional, al estilo de los informes Rettig (1990) y Valech (2003), para investigar la violación y vulneración de los/as ciudadanos/as durante el estallido social, es decir, para hacer probidad y reparar los actos de una justicia institucional líquida (Zygmunt Bauman, 1999) que han sufrido sus hijos por más de un año.

Somos el país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) cuya población menos confía en su gobierno, sólo un 15% de acuerdo al informe “Government at a Glance 2021”. El Estado chileno no puede seguir en su adolescencia perpetua como Peter Pan, y no hacerse cargo de resolver las debilidades de su propia institucionalidad. Muy por el contrario, ya es tiempo de dejar atrás un Estado Zero, nuestra sociedad y sus formas de gobernanza deben asumir un liderazgo político responsable y maduro en el cuidado y educación de la ciudadanía, y esto pasa por tocar los temas complejos, que incomodan, que generan divisiones ideológicas y valóricas, y finalmente resolverlos.