El proyecto fue gestionado por sobrevivientes de prisión política y tortura en dictadura en colaboración con el Parque Cultural de Valparaíso, reconstruyendo sus experiencias a través de testimonios, archivos y una maqueta de la embarcación.
Este martes el TC dará a conocer la resolución respecto del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por senadores de oposición y el Partido Demócratas en relación a siete de los 13 indultos otorgados por el Presidente Boric.
Horas después de su expulsión, una reforma constitucional enviada con urgencia por el gobierno y aprobada por la Asamblea Nacional les privaba, además, de la nacionalidad nicaragüense.
El ente fiscalizador dio un plazo al gobierno de 10 días hábiles administrativos, para que entregue los antecedentes.
La madre de Bastián Campos, de Antofagasta, criticó “el circo mediático” que hace la derecha y otros sectores políticos por la decisión presidencial. Indicó que “muchos han sido acusados de estafas y corrupción”.
El abogado de la Defensoría Popular denunció el “capricho” del Ministerio Público al imputar responsabilidad a Zenteno en el segundo juicio, cuyo “veredicto absolutorio” debería conocerse la próxima semana.
Más de 200 agrupaciones entregaron en La Moneda una carta en la que piden al presidente Boric que retire las querellas presentadas durante la administración de Piñera.
La subsecretaria de Derechos Humanos informó que durante este mes, comenzará el trabajo con las organizaciones y familiares de víctimas para hacer el levantamiento del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En conversación con nuestro medio el abogado de Héctor Llaitul, indicó que “los antecedentes que tengo luego de haber conversado con mi representado es que el entrecomillado que hace el medio ADN lo hace parcializando los dichos de Maulén”.
La vocera del “Grupo de Iniciativa por la libertad de los presos políticos” afirmó que los jóvenes son inocentes ya que está pendiente el término de diversos juicios. Esto, luego de más de 3 años en prisión preventiva o arresto domiciliario.
El consejero indicó que a quienes participaban de la toma “se les explicó que no era posible, que era una determinación que atentaba contra la autonomía del Instituto”.
“Hemos estado pidiendo audiencia con el Presidente, el ministro Giorgio Jackson y la ministra de Justicia y todavía no se me responde” acusó la legisladora tras entregar una carta en La Moneda.
