El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra el expresidente Macri, en base a una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, quienes consideraron que tenían pruebas suficientes. La fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
Según una carta del comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, que dio a conocer el canciller boliviano el 9 de julio, y que fue encontrada en la embajada argentina, el gobierno de Macri puso a disposición de los militares que habían derrocado a Evo Morales material represivo: gran cantidad de armas, gases lacrimógenos de varios tipos y granadas de gas.
Parte de este material habría sido encontrado en un depósito de la policía en La Paz esta semana, sin documentación que la respalde.
De acuerdo a las investigaciones en curso, las armas habrían llegado a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en un avión de la Fuerza Aérea argentina que transportaba gendarmes destinados a proteger la embajada durante los disturbios.
Mauricio Macri, actualmente en Europa, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en el momento de los hechos, niegan todo envío ilegal y afirman que las únicas armas que se mandaron eran las de los gendarmes. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”, dijo Macri en una carta pública.
La denuncia por contrabando agravado de las municiones, es un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión. La Justicia boliviana también podría denunciar a Macri y sus ministros, y hasta pedir la extradición del expresidente.
Embajada en la paz
Tras haber negado las acusaciones, el expresidente argentino sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la embajada argentina de La Paz a funcionarios del gobierno de Morales.
Por su parte, la ministra Frederic indicó que las municiones fueron enviadas “de forma encubierta” en un avión de la fuerza aérea argentina que llevó a Bolivia a 10 gendarmes, que reforzaron la seguridad de la embajada.
Para el ministro Soria, “el delito consiste en decir que las municiones van para la embajada y terminan en poder de la fuerza aérea boliviana y en depósito de la policía”, según dijo esta semana a periodistas.
Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.
Situación en Bolivia en 2019
A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder.
Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina.
Le sucedió la derechista Jeanine Áñez, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Ella ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre seguidores del ex presidente y militares y policías bajo el régimen de Áñez.
La exmandataria, que dejó el poder tras la victoria de Luis Arce, cumple prisión preventiva acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra el expresidente Macri, en base a una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, quienes consideraron que tenían pruebas suficientes. La fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
Según una carta del comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, que dio a conocer el canciller boliviano el 9 de julio, y que fue encontrada en la embajada argentina, el gobierno de Macri puso a disposición de los militares que habían derrocado a Evo Morales material represivo: gran cantidad de armas, gases lacrimógenos de varios tipos y granadas de gas.
Parte de este material habría sido encontrado en un depósito de la policía en La Paz esta semana, sin documentación que la respalde.
De acuerdo a las investigaciones en curso, las armas habrían llegado a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en un avión de la Fuerza Aérea argentina que transportaba gendarmes destinados a proteger la embajada durante los disturbios.
Mauricio Macri, actualmente en Europa, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en el momento de los hechos, niegan todo envío ilegal y afirman que las únicas armas que se mandaron eran las de los gendarmes. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”, dijo Macri en una carta pública.
La denuncia por contrabando agravado de las municiones, es un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión. La Justicia boliviana también podría denunciar a Macri y sus ministros, y hasta pedir la extradición del expresidente.
Embajada en la paz
Tras haber negado las acusaciones, el expresidente argentino sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la embajada argentina de La Paz a funcionarios del gobierno de Morales.
Por su parte, la ministra Frederic indicó que las municiones fueron enviadas “de forma encubierta” en un avión de la fuerza aérea argentina que llevó a Bolivia a 10 gendarmes, que reforzaron la seguridad de la embajada.
Para el ministro Soria, “el delito consiste en decir que las municiones van para la embajada y terminan en poder de la fuerza aérea boliviana y en depósito de la policía”, según dijo esta semana a periodistas.
Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.
Situación en Bolivia en 2019
A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder.
Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina.
Le sucedió la derechista Jeanine Áñez, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Ella ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre seguidores del ex presidente y militares y policías bajo el régimen de Áñez.
La exmandataria, que dejó el poder tras la victoria de Luis Arce, cumple prisión preventiva acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra el expresidente Macri, en base a una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, quienes consideraron que tenían pruebas suficientes. La fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
Según una carta del comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, que dio a conocer el canciller boliviano el 9 de julio, y que fue encontrada en la embajada argentina, el gobierno de Macri puso a disposición de los militares que habían derrocado a Evo Morales material represivo: gran cantidad de armas, gases lacrimógenos de varios tipos y granadas de gas.
Parte de este material habría sido encontrado en un depósito de la policía en La Paz esta semana, sin documentación que la respalde.
De acuerdo a las investigaciones en curso, las armas habrían llegado a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en un avión de la Fuerza Aérea argentina que transportaba gendarmes destinados a proteger la embajada durante los disturbios.
Mauricio Macri, actualmente en Europa, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en el momento de los hechos, niegan todo envío ilegal y afirman que las únicas armas que se mandaron eran las de los gendarmes. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”, dijo Macri en una carta pública.
La denuncia por contrabando agravado de las municiones, es un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión. La Justicia boliviana también podría denunciar a Macri y sus ministros, y hasta pedir la extradición del expresidente.
Embajada en la paz
Tras haber negado las acusaciones, el expresidente argentino sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la embajada argentina de La Paz a funcionarios del gobierno de Morales.
Por su parte, la ministra Frederic indicó que las municiones fueron enviadas “de forma encubierta” en un avión de la fuerza aérea argentina que llevó a Bolivia a 10 gendarmes, que reforzaron la seguridad de la embajada.
Para el ministro Soria, “el delito consiste en decir que las municiones van para la embajada y terminan en poder de la fuerza aérea boliviana y en depósito de la policía”, según dijo esta semana a periodistas.
Un juez debe decidir próximamente si toma declaración indagatoria a los acusados en este caso.
Situación en Bolivia en 2019
A fines de 2019 se registró una fuerte convulsión en Bolivia, tras las elecciones de octubre, que en medio de acusaciones de fraude arrojaron la reelección del presidente de izquierda Evo Morales tras 14 años en el poder.
Una auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
La violencia social que estalló en el país derivó en la renuncia en noviembre de Morales, quien primero se exilió en México y luego en Argentina.
Le sucedió la derechista Jeanine Áñez, pero tuvo que enfrentar la resistencia de sindicatos y campesinos afines al exgobernante indígena. Ella ordenó a policías y militares salir a las calles para aplacar los desmanes sociales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis dejó 35 muertos, primero por choques entre simpatizantes de Morales y sus adversarios; y luego entre seguidores del ex presidente y militares y policías bajo el régimen de Áñez.
La exmandataria, que dejó el poder tras la victoria de Luis Arce, cumple prisión preventiva acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
