Servicio Jesuita Migrante denuncia a la PDI y al Ministerio del Interior por abandono de migrantes en pleno Desierto
El hecho ocurrió el pasado 23 de junio, cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones bajaron de un bus a un grupo de extranjeros en la autopista Panamericana Norte, abandonándolos, literalmente, a su suerte.
Diario Uchile
Miércoles 11 de agosto 2021 17:21 hrs.
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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció, ante la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por dejar abandonadas, el pasado 23 de junio, a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral, en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia.
La situación se dio en medio del operativo coordinado por el Gobierno hace dos meses, misma que culminó con la expulsión de otros 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.
La denuncia dirigida a la PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por “actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios”, solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres.
La orden fue recibida por la Policía de Investigaciones mientras iban en viaje en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas; los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las siete personas que trasladaban, abandonándolas a su suerte en pleno desierto.
La acción emprendida por el SJM, buscaría evitar el trato vejatorio a las personas, así como el respeto a sus derechos en cualquier lugar. “El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, sostuvo Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta, configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”. Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.
La denuncia también considera que se trata de una “afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto”.
El documento, además, especifica explícitamente que los funcionarios de la PDI, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Arica, debían cumplir con su deber, señalando que en tanto funcionarios públicos, la gestión y costo del traslado a su ciudad de residencia debe “ser de responsabilidad de los mismos órganos públicos que estaban a cargo del procedimiento, que en ningún caso podían desentenderse de él”.
El abandono
El día 22 de junio de 2021, en horas de la tarde, funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en la ciudad de Arica, XV Región, con la finalidad de ejecutar medidas de expulsión que habían sido dictadas en su contra, tras ser sancionados administrativamente por ingresar al país por un paso no habilitado.
El SJM interpuso acciones de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Arica el mismo día, para impugnar la ilegalidad y arbitrariedad de las órdenes de expulsión que las afectaban, acompañada de una orden de no innovar mientras se resolvía el arbitrio, con el fin de suspender la ejecución de las sanciones y se detuviera la expulsión.
El 23 de junio la Corte de Apelaciones de Arica se pronunció a favor de la orden de no innovar sobre 7 de las personas, y pasadas las 11.00 horas fue comunicada la decisión.
Los funcionarios policiales, que los trasladaban en bus hacia Santiago, al recibir la notificación se encontraban a la altura de Chañaral, detuvieron el bus pasadas las 17:00 horas y los bajaron sin explicación, en plena autopista Panamericana Norte, abandonándolas a su suerte en medio del desierto, sin medios para retornar a Arica, sin dinero suficiente para pasajes y señalando que su traslado y cuidado ya no era responsabilidad de la Policía de Investigaciones.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció, ante la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por dejar abandonadas, el pasado 23 de junio, a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral, en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia.
La situación se dio en medio del operativo coordinado por el Gobierno hace dos meses, misma que culminó con la expulsión de otros 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.
La denuncia dirigida a la PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por “actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios”, solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres.
La orden fue recibida por la Policía de Investigaciones mientras iban en viaje en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas; los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las siete personas que trasladaban, abandonándolas a su suerte en pleno desierto.
La acción emprendida por el SJM, buscaría evitar el trato vejatorio a las personas, así como el respeto a sus derechos en cualquier lugar. “El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, sostuvo Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta, configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”. Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.
La denuncia también considera que se trata de una “afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto”.
El documento, además, especifica explícitamente que los funcionarios de la PDI, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Arica, debían cumplir con su deber, señalando que en tanto funcionarios públicos, la gestión y costo del traslado a su ciudad de residencia debe “ser de responsabilidad de los mismos órganos públicos que estaban a cargo del procedimiento, que en ningún caso podían desentenderse de él”.
El abandono
El día 22 de junio de 2021, en horas de la tarde, funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en la ciudad de Arica, XV Región, con la finalidad de ejecutar medidas de expulsión que habían sido dictadas en su contra, tras ser sancionados administrativamente por ingresar al país por un paso no habilitado.
El SJM interpuso acciones de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Arica el mismo día, para impugnar la ilegalidad y arbitrariedad de las órdenes de expulsión que las afectaban, acompañada de una orden de no innovar mientras se resolvía el arbitrio, con el fin de suspender la ejecución de las sanciones y se detuviera la expulsión.
El 23 de junio la Corte de Apelaciones de Arica se pronunció a favor de la orden de no innovar sobre 7 de las personas, y pasadas las 11.00 horas fue comunicada la decisión.
Los funcionarios policiales, que los trasladaban en bus hacia Santiago, al recibir la notificación se encontraban a la altura de Chañaral, detuvieron el bus pasadas las 17:00 horas y los bajaron sin explicación, en plena autopista Panamericana Norte, abandonándolas a su suerte en medio del desierto, sin medios para retornar a Arica, sin dinero suficiente para pasajes y señalando que su traslado y cuidado ya no era responsabilidad de la Policía de Investigaciones.
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció, ante la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones (PDI), al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por dejar abandonadas, el pasado 23 de junio, a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral, en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia.
La situación se dio en medio del operativo coordinado por el Gobierno hace dos meses, misma que culminó con la expulsión de otros 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.
La denuncia dirigida a la PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por “actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios”, solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres.
La orden fue recibida por la Policía de Investigaciones mientras iban en viaje en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas; los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las siete personas que trasladaban, abandonándolas a su suerte en pleno desierto.
La acción emprendida por el SJM, buscaría evitar el trato vejatorio a las personas, así como el respeto a sus derechos en cualquier lugar. “El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, sostuvo Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta, configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”. Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión.
La denuncia también considera que se trata de una “afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto”.
El documento, además, especifica explícitamente que los funcionarios de la PDI, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Arica, debían cumplir con su deber, señalando que en tanto funcionarios públicos, la gestión y costo del traslado a su ciudad de residencia debe “ser de responsabilidad de los mismos órganos públicos que estaban a cargo del procedimiento, que en ningún caso podían desentenderse de él”.
El abandono
El día 22 de junio de 2021, en horas de la tarde, funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en la ciudad de Arica, XV Región, con la finalidad de ejecutar medidas de expulsión que habían sido dictadas en su contra, tras ser sancionados administrativamente por ingresar al país por un paso no habilitado.
El SJM interpuso acciones de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Arica el mismo día, para impugnar la ilegalidad y arbitrariedad de las órdenes de expulsión que las afectaban, acompañada de una orden de no innovar mientras se resolvía el arbitrio, con el fin de suspender la ejecución de las sanciones y se detuviera la expulsión.
El 23 de junio la Corte de Apelaciones de Arica se pronunció a favor de la orden de no innovar sobre 7 de las personas, y pasadas las 11.00 horas fue comunicada la decisión.
Los funcionarios policiales, que los trasladaban en bus hacia Santiago, al recibir la notificación se encontraban a la altura de Chañaral, detuvieron el bus pasadas las 17:00 horas y los bajaron sin explicación, en plena autopista Panamericana Norte, abandonándolas a su suerte en medio del desierto, sin medios para retornar a Arica, sin dinero suficiente para pasajes y señalando que su traslado y cuidado ya no era responsabilidad de la Policía de Investigaciones.
