La sesión especial reunió a autoridades municipales y policiales, quienes plantearon la necesidad de mayor coordinación, recursos para los municipios y políticas de prevención, rehabilitación y recuperación de espacios públicos.
El Gobierno defendió la reformulación del programa como Plan FOCO y aseguró que no hay recorte presupuestario. En paralelo, Carabineros y la PDI pusieron el foco en las herramientas que esperan obtener de la agenda legislativa.
El alto mando de la Policía de Investigaciones renunció tras ser formalizado por abuso sexual contra una detective. El tribunal fijó noventa días para investigar los graves hechos denunciados en el caso.
La BIPE detuvo en Cunco a un sujeto de 44 años acusado de difundir en redes sociales imágenes editadas del ministro de Hacienda siendo objeto de un ataque.
El detenido de 22 años, formalizado tras ser individualizado por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, había amenazado con perpetrar una masacre en la USACH, la UAH y la UDP.
El Ministerio Público designó al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para liderar la indagatoria tras una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas, Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, por filtraciones de información reservada.
Su arribo se produjo en un vuelo comercial con escala en Madrid. La exjefa comunal estuvo escoltada por detectives de la PDI e Interpol.
La exministra de Seguridad argumentó que el pronunciamiento incurre en errores de derecho y no consideró nuevos antecedentes relevantes. Además, reclamó que el dictamen no le fue notificado formalmente.
El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó el alcance del informe del organismo fiscalizador y apuntó a que la exministra no buscó un beneficio personal. Así, advirtió que el poder político reside en el Congreso y el Presidente.
El biministro relativizó el episodio, defendió la gestión de la exautoridad y señaló que este tipo de situaciones pueden presentarse en el ejercicio de cargos públicos.
La investigación, desarrollada en la Región de Aysén, estableció que los honorarios abonados por el Congreso a Graf fueron derivados posteriormente hacia Cárcamo y al entonces diputado Calisto, para su beneficio personal.
Luego de que la PDI descartara delitos y confirmara la ubicación de los 64 menores de edad, parlamentarios criticaron la “alarma pública” generada por el Ejecutivo y su sector. Además, advirtieron sobre el uso político de la información.
La Policía de Investigaciones descartó que existan antecedentes de delitos como tráfico o trata de personas. La ministra Wulf valoró el resultado de la búsqueda y destacó que ahora el foco está puesto en el seguimiento de los casos.
Ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, el organismo informó de la nueva circular vigente para este proceso. Además, la PDI afirmó que entre 2023 y 2024 alertó de patrones inusuales y llamó a evitar conclusiones anticipadas.
El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, señaló que los NNA que fueron parte de un informe de Contraloría están “escolarizados e ingresados al sistema de salud” y se encuentran con sus padres, madres o hermanos.
La abogada Carolina Rudnick criticó los giros comunicacionales de La Moneda ante la denuncia por el ingreso de NNA desde Haití. Además, se reveló que el Ministerio Público tenía los antecedentes desde hace tres años.
Esto, ante los 64 casos mencionados en el preinforme de la Contraloría General de la República. Previamente, el ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró: “No hay ningún antecedente de que estos NNA están desaparecidos o perdidos”
