Un cadáver, asunto de Estado
Pareciera que el realismo mágico renace en Perú, donde un cadáver se ha convertido en un asunto de Estado. Es cierto que no se trata de un cadáver cualquiera, sino el de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso. Ha sido el gobierno de
Pedro Castillo el que solicitó a la Fiscalía Nacional cremar el cadáver el cuerpo de Guzmán, fallecido en prisión la semana pasada a través de un oficio enviado a la fiscal general, Zoraida Ávalos, firmado por el Ministro de Justicia, Aníbal Torres. Aunque lo que realmente subyace detrás de una petición tan poco usual de un poder del Estado a otro, es el temor de que los ex partidarios de Guzmán intenten rendirle homenaje si es inhumado en un cementerio.
Martes 14 de septiembre 2021 17:10 hrs.
En su oficio, el gobierno solicita al Ministerio Publico disponer la incineración de los restos del ex líder guerrillero, calificado por las instancias oficiales como un “terrorista demente”. Y para ello recurrió a la Ley General de Salud y a la Ley General de Cementerios, indicando que a partir de una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados o no entregados dentro de los plazos legales, quedan bajo la custodia del Ministerio Público. Así, la muerte no termina con la controversia que despertó Abimael Guzmán a lo largo de su vida debido a sus acciones y decires. Es que la justicia y la clase política del Perú, en general, coinciden en achacar a Sendero Luminoso nada menos que la muerte de 35.000 personas entre 1980 y 2000.
Guzmán, un líder ideológico maoísta a quien se culpó de organizar en la clandestinidad cientos de atentados, murió el sábado a los 86 años en una cárcel militar de máxima seguridad de Lima donde purgaba cadena perpetua, recluido desde 1992. Su imagen dio la vuelta al mundo cuando 15 días después de haber sido “cazado”, fue exhibido públicamente dentro una jaula, vestido con un traje de rayas, mientras se abalanzaba como una fiera encerrada contra los barrotes y lanzaba gritos y exabruptos a la prensa que cubría el “evento”.
Nunca se supo mucho de su vida en la cárcel, rara vez se le volvió a ver. No obstante, su nombre volvió a saltar a la palestra pública cuando se informó que su salud había empeorado a comienzos de julio. La autoridad penitenciaria comunicó entonces que se negaba a comer y a ser trasladado a un hospital, aunque, por recomendación de su
abogado, finalmente aceptó.
Tras unos días fue dado de alta y debió regresar al centro de reclusión militar y ahora, dos meses después, se da cuenta de su muerte por neumonía y compromiso pulmonar doble, patología que normalmente se asocia al
Covid-19. De modo que le corresponderá a la fiscalía determinar si entrega su cuerpo a sus familiares o directamente lo reduce a cenizas. El país teme que el sitio donde pueda ser enterrado se convierta en un lugar de peregrinación para sus ex compañeros de armas y que, eventualmente, se produzcan disturbios violentos. Algo que, de acuerdo
a la legislación peruana, constituiría, además, el delito de apología al terrorismo.
De oficio, el cadáver de un preso se entrega a sus familiares luego que un fiscal investigue las causas de la muerte y un juez lo autorice. De hecho, la única familiar del fallecido es Elena Iparraguirre, su esposa y quien fuera la número dos de Sendero Luminoso. Ella y Abimael Guzmán fueron detenidos el mismo día y ahora continúa
presa. El domingo, una amiga y ex compañera de celda de la ahora viuda Iparraguirre presentó una carta-poder ante la Tercera Fiscalía del Callao pidiendo se le entregaran los restos mortales de quien es considerado casi como un engendro del mal en Perú.
Por ahora no hay una decisión al respecto, aunque legalmente la mujer debió haber presentado un poder notarial que certificara la potestad concedida para el trámite solicitado.
Pero el asunto no acaba ahí, porque congresistas de la oposición de derecha y líderes de opinión están exigiendo al gobierno aprobar un decreto supremo que ordene hacer desaparecer los restos de Guzmán. Por su parte, la parlamentaria fujimorista Rosangela Barbarán rechazó la idea de que los lancen al mar. Un exministro de
Interior del gobierno de Ollanta Humala coincidió con ella. José Luis Pérez Guadalupe, quien también es especialista en asuntos penitenciarios declaró a Radioprogramas del Perú: “No deben contaminar el mar de Grau con sus cenizas”.
En su oficio, el gobierno solicita al Ministerio Publico disponer la incineración de los restos del ex líder guerrillero, calificado por las instancias oficiales como un “terrorista demente”. Y para ello recurrió a la Ley General de Salud y a la Ley General de Cementerios, indicando que a partir de una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados o no entregados dentro de los plazos legales, quedan bajo la custodia del Ministerio Público. Así, la muerte no termina con la controversia que despertó Abimael Guzmán a lo largo de su vida debido a sus acciones y decires. Es que la justicia y la clase política del Perú, en general, coinciden en achacar a Sendero Luminoso nada menos que la muerte de 35.000 personas entre 1980 y 2000.
Guzmán, un líder ideológico maoísta a quien se culpó de organizar en la clandestinidad cientos de atentados, murió el sábado a los 86 años en una cárcel militar de máxima seguridad de Lima donde purgaba cadena perpetua, recluido desde 1992. Su imagen dio la vuelta al mundo cuando 15 días después de haber sido “cazado”, fue exhibido públicamente dentro una jaula, vestido con un traje de rayas, mientras se abalanzaba como una fiera encerrada contra los barrotes y lanzaba gritos y exabruptos a la prensa que cubría el “evento”.
Nunca se supo mucho de su vida en la cárcel, rara vez se le volvió a ver. No obstante, su nombre volvió a saltar a la palestra pública cuando se informó que su salud había empeorado a comienzos de julio. La autoridad penitenciaria comunicó entonces que se negaba a comer y a ser trasladado a un hospital, aunque, por recomendación de su
abogado, finalmente aceptó.
Tras unos días fue dado de alta y debió regresar al centro de reclusión militar y ahora, dos meses después, se da cuenta de su muerte por neumonía y compromiso pulmonar doble, patología que normalmente se asocia al
Covid-19. De modo que le corresponderá a la fiscalía determinar si entrega su cuerpo a sus familiares o directamente lo reduce a cenizas. El país teme que el sitio donde pueda ser enterrado se convierta en un lugar de peregrinación para sus ex compañeros de armas y que, eventualmente, se produzcan disturbios violentos. Algo que, de acuerdo
a la legislación peruana, constituiría, además, el delito de apología al terrorismo.
De oficio, el cadáver de un preso se entrega a sus familiares luego que un fiscal investigue las causas de la muerte y un juez lo autorice. De hecho, la única familiar del fallecido es Elena Iparraguirre, su esposa y quien fuera la número dos de Sendero Luminoso. Ella y Abimael Guzmán fueron detenidos el mismo día y ahora continúa
presa. El domingo, una amiga y ex compañera de celda de la ahora viuda Iparraguirre presentó una carta-poder ante la Tercera Fiscalía del Callao pidiendo se le entregaran los restos mortales de quien es considerado casi como un engendro del mal en Perú.
Por ahora no hay una decisión al respecto, aunque legalmente la mujer debió haber presentado un poder notarial que certificara la potestad concedida para el trámite solicitado.
Pero el asunto no acaba ahí, porque congresistas de la oposición de derecha y líderes de opinión están exigiendo al gobierno aprobar un decreto supremo que ordene hacer desaparecer los restos de Guzmán. Por su parte, la parlamentaria fujimorista Rosangela Barbarán rechazó la idea de que los lancen al mar. Un exministro de
Interior del gobierno de Ollanta Humala coincidió con ella. José Luis Pérez Guadalupe, quien también es especialista en asuntos penitenciarios declaró a Radioprogramas del Perú: “No deben contaminar el mar de Grau con sus cenizas”.
En su oficio, el gobierno solicita al Ministerio Publico disponer la incineración de los restos del ex líder guerrillero, calificado por las instancias oficiales como un “terrorista demente”. Y para ello recurrió a la Ley General de Salud y a la Ley General de Cementerios, indicando que a partir de una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados o no entregados dentro de los plazos legales, quedan bajo la custodia del Ministerio Público. Así, la muerte no termina con la controversia que despertó Abimael Guzmán a lo largo de su vida debido a sus acciones y decires. Es que la justicia y la clase política del Perú, en general, coinciden en achacar a Sendero Luminoso nada menos que la muerte de 35.000 personas entre 1980 y 2000.
Guzmán, un líder ideológico maoísta a quien se culpó de organizar en la clandestinidad cientos de atentados, murió el sábado a los 86 años en una cárcel militar de máxima seguridad de Lima donde purgaba cadena perpetua, recluido desde 1992. Su imagen dio la vuelta al mundo cuando 15 días después de haber sido “cazado”, fue exhibido públicamente dentro una jaula, vestido con un traje de rayas, mientras se abalanzaba como una fiera encerrada contra los barrotes y lanzaba gritos y exabruptos a la prensa que cubría el “evento”.
Nunca se supo mucho de su vida en la cárcel, rara vez se le volvió a ver. No obstante, su nombre volvió a saltar a la palestra pública cuando se informó que su salud había empeorado a comienzos de julio. La autoridad penitenciaria comunicó entonces que se negaba a comer y a ser trasladado a un hospital, aunque, por recomendación de su
abogado, finalmente aceptó.
Tras unos días fue dado de alta y debió regresar al centro de reclusión militar y ahora, dos meses después, se da cuenta de su muerte por neumonía y compromiso pulmonar doble, patología que normalmente se asocia al
Covid-19. De modo que le corresponderá a la fiscalía determinar si entrega su cuerpo a sus familiares o directamente lo reduce a cenizas. El país teme que el sitio donde pueda ser enterrado se convierta en un lugar de peregrinación para sus ex compañeros de armas y que, eventualmente, se produzcan disturbios violentos. Algo que, de acuerdo
a la legislación peruana, constituiría, además, el delito de apología al terrorismo.
De oficio, el cadáver de un preso se entrega a sus familiares luego que un fiscal investigue las causas de la muerte y un juez lo autorice. De hecho, la única familiar del fallecido es Elena Iparraguirre, su esposa y quien fuera la número dos de Sendero Luminoso. Ella y Abimael Guzmán fueron detenidos el mismo día y ahora continúa
presa. El domingo, una amiga y ex compañera de celda de la ahora viuda Iparraguirre presentó una carta-poder ante la Tercera Fiscalía del Callao pidiendo se le entregaran los restos mortales de quien es considerado casi como un engendro del mal en Perú.
Por ahora no hay una decisión al respecto, aunque legalmente la mujer debió haber presentado un poder notarial que certificara la potestad concedida para el trámite solicitado.
Pero el asunto no acaba ahí, porque congresistas de la oposición de derecha y líderes de opinión están exigiendo al gobierno aprobar un decreto supremo que ordene hacer desaparecer los restos de Guzmán. Por su parte, la parlamentaria fujimorista Rosangela Barbarán rechazó la idea de que los lancen al mar. Un exministro de
Interior del gobierno de Ollanta Humala coincidió con ella. José Luis Pérez Guadalupe, quien también es especialista en asuntos penitenciarios declaró a Radioprogramas del Perú: “No deben contaminar el mar de Grau con sus cenizas”.
