Sin entrar en la legalidad de la convocatoria misma de la consulta ciudadana -el Gobernador Regional no tiene atribución para hacerlo sin acuerdo de COREs- y más allá del pequeño número de votantes -16,4% del padrón electoral-, el carácter ilegal de la forma en que se desarrolló la Consulta Araucanía sugiere que esta expresa una opinión probablemente muy sesgada.

El sesgo se puede explicar, primero jurídicamente, por no haber sido informada, pluralista ni representativa, como exige la Ley N°20.500 que regula la consulta ciudadana, ni respetar el principio de transparencia que dispone la ley Nº 18.575 para los órganos del Estado: convocada con menos de 48 horas de anticipación, sin acto formal de convocatoria, sin explicar las implicancias de cada opción, sólo por medio de internet -mayor brecha digital de pueblo mapuche y sector rural-, sin objetivos ni etapas claras, entre otras.

Además, se incumple la obligación del Estado de, al proponer una medida susceptible de afectarle a pueblos indígenas, como ocurre en este caso, debe hacerse una consulta en el marco de lo establecido en el Convenio N°169 de la OIT -ratificado por Chile-, de buena fe, mediante medios oportunos, socioculturalmente adecuados y efectivos, de acuerdo a sus particularidades y en su lengua.

Segundo, políticamente, se puede criticar y atribuir el sesgo a que, frente a la crisis en la región, la consulta: presenta una única solución posible o la inacción, se efectúa días después de mapuches muertos y heridos a manos de funcionarios del Estado -que ahora convoca a participar-, y, en definitiva, busca restringir la participación para avalar una postura política previa.

Por último, para afrontar el problema de seguridad, narcotráfico y orden público, los militares jamás serán alternativa, simplemente porque no están entrenados para ello, sino que para la guerra, para matar.

Sólo desde la perspectiva de soluciones asociadas a prevención y represión criminal, mejor inteligencia para las policías con intervención internacional y observadores de DD.HH. podría ser una opción para desarmar grupos delictivos. Pero los intereses empresariales y de la propia policía -extractivismo, mafia de madera, armamento, seguridad privada, etc.-, y políticos -avance del fascismo y su discurso autoritario de “orden” y “mano dura” como único valor- impiden avanzar hacia allá.

Al contrario, estos actores, cuyos intereses están vinculados, han privilegiado aumentar la conflictividad en la región. Hoy a través de extremar la militarización del territorio, pero también los últimos años mediante el abandono del Estado -CONADI no compra tierras y reduce fondo para ello-, aumento de montajes, represión policial injustificada e instigación a la violencia, incluyendo operativos fracasados -con resultado de efectivos muertos-, y utilización de prisión preventiva como medida de represión política.

Antonio Madrid – abogado.