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Año XIII, 2 de diciembre de 2021

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Crisis habitacional: La problemática que se contempló en la primera propuesta de norma constitucional en la Convención

La moción ingresada a la Convención Constitucional establece que las personas que habitan este país "tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten".

Maria Luisa Cisternas

  Jueves 11 de noviembre 2021 19:16 hrs. 
crisis habitacional


El déficit habitacional se refiere a la cantidad de viviendas nuevas necesarias para reemplazar aquellas que son inhabitables y para proporcionar una vivienda a las personas que se encuentran en calidad de allegadas. En Chile esta brecha ha aumentado según los catastros de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en un 13 por ciento entre los años 2015 y 2017 según los datos arrojados por las encuestas Casen de ese período, lo que requiere de la construcción de 739.603 viviendas para más de dos millones de personas en el país. 

Al respecto el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, ha señalado que se están viviendo fuertes alzas de precios de la vivienda en comparación con los ingresos familiares y que el sector medio, por ejemplo, no tiene una opción porque los ingresos no le dan para optar para un crédito hipotecario.

Situación que se agudiza con la presencia del fenómeno inflacionario que llevó al Banco Central a aplicar un histórico aumento en la tasa de interés del 2,75 por ciento en el mes de octubre lo que repercute en un encarecimiento de los créditos de largo plazo.

Correspondientemente, la crisis de la vivienda ha provocado una auge de los movimientos sociales. El primero de marzo de este año, fecha bautizada como “súper lunes”, agrupaciones habitacionales realizaron manifestaciones simultáneas en 13 puntos de Santiago exigiendo una solución concreta a sus problemas. Posteriormente en julio pobladores de Lo Hermida marcharon hacia el ex Congreso Nacional donde sesiona la Convención Constitucional demandando el derecho a la vivienda digna y al gobierno un plan habitacional de emergencia para las 10 mil familias del sector y para las 80 mil familias que se han visto afectadas por esta crisis a nivel nacional.

Este mismo fin de semana, alrededor de 1200 familias marcharon desde la comuna de Peñalolén hacia el Congreso Nacional en Valparaíso exigiendo soluciones de parte del Estado para efectos de terminar con la especulación de los terrenos y “la complicidad entre el Estado y los privados para aumentar la plusvalía de los sitios comprados por particulares”. También que se contemple la participación ciudadana por medio de plebiscitos vecinales vinculantes para todas la decisiones sobre la regulación de los suelos.

Sobre esta problemática ya se hizo el primer gesto al interior de la Convención Constitucional. Este miércoles se ingresó a la oficina de partes del organismo encargado de redactar una nueva Carta Magna un oficio que establece que  los ciudadanos de este país “tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

La moción fue levantada por constituyentes Roberto Vega, Paulina Veloso, Angélica Tepper, Álvaro Jofré, Adriana Cancino, Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón, Helmuth Martínez y Geoconda Navarrete y sostiene que “las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas” y que “es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”.

Asimismo, considera una serie de requisitos mínimos para la construcción de viviendas sociales referidos a “contener un criterio de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización”.

Al respecto el convencional Renovación Nacional, Luciano Silva, explicó que el derecho a vivienda se erige como primera propuesta de norma al ser esta materia objeto de consenso de parte de los y las convencionales. Asimismo sostuvo que la iniciativa buscar dotar del mejor marco referencial posible al poder legislativo para que dé pie a una discusión “sana y efectiva” en materia de vivienda al tiempo que busca responder a una de las principales demandas sociales que erigieron al órgano constituyente.

“El diagnóstico que ha hecho la sociedad chilena es correcto, esto tiene que ser un derecho y un derecho que incluya cuestiones importantes como primero reconocer que Chile en sus políticas públicas ha avanzado en esto. Los últimos 30 años se han construido más de cinco millones de soluciones habitacionales pero se han construido con déficit en su estructura. Estamos conscientes que es bueno que se haya avanzado pero hoy día hay desafíos de que estas soluciones habitacionales tengan áreas verdes, estén cerca de bibliotecas, del transporte, en el caso de Santiago poder conectar la ciudad con el metro, etc. Son desafíos de una modernidad distinta”, explicó.

Luciano Silva Constituyente

Luciano Silva. 

La norma constitucional propuesta estipula que “el mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios, será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos” del mismo modo que, para los beneficiarios, la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley.

Consultado por este punto, Silva, sostuvo que se debe ejecutar de manera efectiva los recursos que reparte el Estado para terminar con la precariedad de las viviendas y el déficit habitacional.

“Somos conscientes que el Estado tiene sus problemáticas a la hora de intentar solucionar estos problemas sociales y como no han habido leyes que lo que hagan sea impedir que existan estas asociaciones que encuentren baches, ventanas para poder baipasear al Estado y hacerse de los recursos que tienen que llegar a la gente, el compromiso de nosotros es vencer eso, eso es lo que estamos pensando, que lo que aprobemos sea de extrema responsabilidad y que los recursos que recaude el Estado realmente lleguen a las personas que tienen que llegar”.

En lo relativo a las condiciones del país que han exacerbado el déficit habitacional, el representante del distrito 20 identificó el fenómeno migratorio como uno de los factores que han agudizado esta crisis. En ese sentido, sostuvo que el problema habitacional esta asociado por una parte a temas sobre la recaudación, al tamaño del Estado que se defina e igualmente a este éxodo de migrantes que puesto al país como uno de los principales destinos de la región, escuchemos.

“En América Latina sufriente siempre miran a Chile como un lugar de destino porque a pesar de los problemas estructurales que tiene todavía es el país de los sueños de millones de migrantes entonces esto le suma a los desafíos que nosotros tenemos como constituyentes de que este proceso de cambio, de construcción de nuevas viviendas que sean dignas, que sea un derecho, le suma a la cuestión de que, también tenemos problemas de que se encarecen los arriendos, se encarecen los costos de los materiales, etc, también porque tenemos mucha más gente”.