La democracia, el sistema político que consensualmente hemos tenido la pretensión que nos rija en Chile, es exigente, contradictorio y, lo peor, nunca termina por cumplir su promesa, porque el ideal se vuelve inalcanzable debido a la naturaleza humana y a las relaciones de poder existentes al interior de las sociedades. Pero es, con todo, el que mejor garantiza que la vida transcurra con mínimas garantías para todos los integrantes de la comunidad. Más la valoran quienes la han perdido. Recuerdo haber entrevistado al gran actor y dramaturgo Nissim Sharim en un tiempo de duros cuestionamientos a la Transición y él, sin justificar las promesas incumplidas, nos decía: ahora se olvida la gran diferencia que es salir a la calle en la mañana y tener la tranquilidad de que no te van a matar antes de volver a casa.

Dentro de las muchas concepciones que se han realizado de este sistema político desde su institución en su versión moderna entre el siglo XVII y XVIII, está no solamente el de la prevalencia de la mayoría, sino también el respeto por las minorías y, en general, por las diferencias. Por eso decíamos en el párrafo anterior que la democracia es exigente, porque implica entre otras cosas defender el derecho de todos, especialmente de quienes piensan distinto a nosotros, a expresar sus puntos de vista. Salvo cuando esas opiniones avalan o relativizan el arrasamiento de otros, como lo tienen muy claro en países como Alemania, Francia, Italia y Polonia, cuyas legislaciones sancionan con penas de cárcel a quienes hacen apología de los regímenes genocidas que debieron padecer en el pasado. En todos esos lugares, es un preciado consenso el rechazo a los totalitarismos, lo cual no tiene nada que ver con si los individuos son de centro, izquierda o derecha.

La intransigencia con esas posiciones no es una coartación a la libertad de expresión, al revés, es la manera de defenderla. Por eso, es lamentable que en Chile no exista una ley que sancione opiniones inaceptablemente falsas como las emitidas por el candidato José Antonio Kast ante corresponsales extranjeros, cuando señaló que la dictadura de Pinochet no había encarcelado a los opositores y que había entregado el poder a la democracia. Tales falacias son una afrenta a la sociedad chilena y a miles de familias. Y, aunque se hubiera referido al tramo final de la dictadura como algunos han sugerido, es de público conocimiento que, primero, el dictador intentó dar un autogolpe la noche del 5 de octubre de 1988 que solo fue impedido por la posición resuelta del general Fernando Matthei; segundo, que al momento de asumir Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990, en Chile había cientos de presos políticos; y, tercero, que el régimen siguió asesinando opositores hasta el final, como lo hizo con Jecar Neghme a la entrada de la calle General Bulnes en septiembre de 1989, lugar donde existe un mural en su memoria, especialmente necesario hoy para desmemoriados con el señor candidato presidencial.

Mientras el escozor de los colegas de medios extranjeros quedó registrado en los lapidarios artículos que escribieron y que han dado la vuelta al mundo, venimos señalando desde hace semanas que el programa presidencial de José Antonio Kast incluye, sin lugar a interpretación, varias propuestas que son abiertos atentados a las normas mínimas de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Estos son valores universalmente atesorados y van más allá de las legítimas posiciones en la sociedad y de las creencias de cada cual. Pero esta candidatura, lamentablemente, ha manifestado en varios aspectos su incompatibilidad con la convivencia democrática.