Organizaciones sociales y medio ambientales de diferentes puntos del país expresaron su rechazo a la aprobación el 11 de noviembre recién pasado de la prórroga de la Ley de Riego que logró pasar de las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Senado.
En un comunicado, 80 entidades vinculadas al tema expresaron que la iniciativa que discuten los parlamentarios “aniquila la vida campesina”, además de colocar en serio riesgo temas como la soberanía alimentaria, superar la crisis hídrica en el país y la adaptación de los territorios a los efectos del cambio climático.
En el documento establecen que para enfrentar los abusos que hoy se registran en materia de riego, se deben incluir puntos como terminar con la idea de expandir la superficie de riego “cuando las cuencas se están muriendo y los campesinos con ellas”. Por ello, agregan, “la prioridad hoy es recuperar la salud de las cuencas”.
Además, señalan que se debe incluir a los campesinos “sin concurso, por el sólo mérito de la necesidad, de manera de frenar la migración climática y posibilitar obras de pequeña escala que fijen el agua de las cuencas”.
También se indica que el proyecto de ley debe garantizar la producción de alimentos sanos para la población, así como terminar con las ayudas a grandes empresas que dividen sus operaciones en varias razones sociales.
“Se deben eliminar fórmulas perversas como el riego ponderado y el multi rut, que permiten que personajes como Prohens, Sutil o empresas como Concha y Toro, resulten a ojos del Estado como pequeños agricultores que deben ser ayudados”, precisan en el comunicado.
Además, agregan que “35 años de subvención a la agroindustria, ha traído sendos dividendos para un grupo reducido de empresarios, pero a costa de sequía, desertificación, aumento desmedido de enfermedades ligadas a agrotóxicos, dependencia alimentaria y vulnerabilidad país ante escenarios de crisis, como la pandemia. La nueva ley de riego debe hacerse cargo de estos impactos, no hay futuro para el campo chileno con 12 años más de ley 18450 en los términos planteados por el gobierno de Piñera”.
En ese sentido, recordaron además que “la agroindustria es la principal responsable del cambio climático. No se puede aprobar la ley 18.450 (sobre riego) y hablar de adaptación en medio de la COP 26, es un crimen de lesa humanidad”.
Por último, señalan que “la prórroga no debe exceder a los tres años, considerando el proceso constituyente en curso, las condiciones sociosanitarias y el estado de colapso en el que nos encontramos, hay que hacer las cosas de otro modo, necesitamos institucionalidades dinámicas, e ir generando todos los ajustes y modificaciones mediante una escucha activa de las territorialidades”.
Entre las 80 organizaciones firmantes están entidades de las comunas de Quillota, Llay Llay y Petorca en la Región de Valparaíso, Montepatria y Coquimbo en la región homónima; Glaciares Aconcagua, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto del Valle del Huasco; organizaciones de Talca, Molina y la Agrupación de Cuidadores de Semillas de Curicó en la Región del Maule; entidades de diferentes comunas de la Región Metropolitana así como la Coordinadora Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y la Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-AL.
Organizaciones sociales y medio ambientales de diferentes puntos del país expresaron su rechazo a la aprobación el 11 de noviembre recién pasado de la prórroga de la Ley de Riego que logró pasar de las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Senado.
En un comunicado, 80 entidades vinculadas al tema expresaron que la iniciativa que discuten los parlamentarios “aniquila la vida campesina”, además de colocar en serio riesgo temas como la soberanía alimentaria, superar la crisis hídrica en el país y la adaptación de los territorios a los efectos del cambio climático.
En el documento establecen que para enfrentar los abusos que hoy se registran en materia de riego, se deben incluir puntos como terminar con la idea de expandir la superficie de riego “cuando las cuencas se están muriendo y los campesinos con ellas”. Por ello, agregan, “la prioridad hoy es recuperar la salud de las cuencas”.
Además, señalan que se debe incluir a los campesinos “sin concurso, por el sólo mérito de la necesidad, de manera de frenar la migración climática y posibilitar obras de pequeña escala que fijen el agua de las cuencas”.
También se indica que el proyecto de ley debe garantizar la producción de alimentos sanos para la población, así como terminar con las ayudas a grandes empresas que dividen sus operaciones en varias razones sociales.
“Se deben eliminar fórmulas perversas como el riego ponderado y el multi rut, que permiten que personajes como Prohens, Sutil o empresas como Concha y Toro, resulten a ojos del Estado como pequeños agricultores que deben ser ayudados”, precisan en el comunicado.
Además, agregan que “35 años de subvención a la agroindustria, ha traído sendos dividendos para un grupo reducido de empresarios, pero a costa de sequía, desertificación, aumento desmedido de enfermedades ligadas a agrotóxicos, dependencia alimentaria y vulnerabilidad país ante escenarios de crisis, como la pandemia. La nueva ley de riego debe hacerse cargo de estos impactos, no hay futuro para el campo chileno con 12 años más de ley 18450 en los términos planteados por el gobierno de Piñera”.
En ese sentido, recordaron además que “la agroindustria es la principal responsable del cambio climático. No se puede aprobar la ley 18.450 (sobre riego) y hablar de adaptación en medio de la COP 26, es un crimen de lesa humanidad”.
Por último, señalan que “la prórroga no debe exceder a los tres años, considerando el proceso constituyente en curso, las condiciones sociosanitarias y el estado de colapso en el que nos encontramos, hay que hacer las cosas de otro modo, necesitamos institucionalidades dinámicas, e ir generando todos los ajustes y modificaciones mediante una escucha activa de las territorialidades”.
Entre las 80 organizaciones firmantes están entidades de las comunas de Quillota, Llay Llay y Petorca en la Región de Valparaíso, Montepatria y Coquimbo en la región homónima; Glaciares Aconcagua, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto del Valle del Huasco; organizaciones de Talca, Molina y la Agrupación de Cuidadores de Semillas de Curicó en la Región del Maule; entidades de diferentes comunas de la Región Metropolitana así como la Coordinadora Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y la Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-AL.
Organizaciones sociales y medio ambientales de diferentes puntos del país expresaron su rechazo a la aprobación el 11 de noviembre recién pasado de la prórroga de la Ley de Riego que logró pasar de las comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente del Senado.
En un comunicado, 80 entidades vinculadas al tema expresaron que la iniciativa que discuten los parlamentarios “aniquila la vida campesina”, además de colocar en serio riesgo temas como la soberanía alimentaria, superar la crisis hídrica en el país y la adaptación de los territorios a los efectos del cambio climático.
En el documento establecen que para enfrentar los abusos que hoy se registran en materia de riego, se deben incluir puntos como terminar con la idea de expandir la superficie de riego “cuando las cuencas se están muriendo y los campesinos con ellas”. Por ello, agregan, “la prioridad hoy es recuperar la salud de las cuencas”.
Además, señalan que se debe incluir a los campesinos “sin concurso, por el sólo mérito de la necesidad, de manera de frenar la migración climática y posibilitar obras de pequeña escala que fijen el agua de las cuencas”.
También se indica que el proyecto de ley debe garantizar la producción de alimentos sanos para la población, así como terminar con las ayudas a grandes empresas que dividen sus operaciones en varias razones sociales.
“Se deben eliminar fórmulas perversas como el riego ponderado y el multi rut, que permiten que personajes como Prohens, Sutil o empresas como Concha y Toro, resulten a ojos del Estado como pequeños agricultores que deben ser ayudados”, precisan en el comunicado.
Además, agregan que “35 años de subvención a la agroindustria, ha traído sendos dividendos para un grupo reducido de empresarios, pero a costa de sequía, desertificación, aumento desmedido de enfermedades ligadas a agrotóxicos, dependencia alimentaria y vulnerabilidad país ante escenarios de crisis, como la pandemia. La nueva ley de riego debe hacerse cargo de estos impactos, no hay futuro para el campo chileno con 12 años más de ley 18450 en los términos planteados por el gobierno de Piñera”.
En ese sentido, recordaron además que “la agroindustria es la principal responsable del cambio climático. No se puede aprobar la ley 18.450 (sobre riego) y hablar de adaptación en medio de la COP 26, es un crimen de lesa humanidad”.
Por último, señalan que “la prórroga no debe exceder a los tres años, considerando el proceso constituyente en curso, las condiciones sociosanitarias y el estado de colapso en el que nos encontramos, hay que hacer las cosas de otro modo, necesitamos institucionalidades dinámicas, e ir generando todos los ajustes y modificaciones mediante una escucha activa de las territorialidades”.
Entre las 80 organizaciones firmantes están entidades de las comunas de Quillota, Llay Llay y Petorca en la Región de Valparaíso, Montepatria y Coquimbo en la región homónima; Glaciares Aconcagua, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto del Valle del Huasco; organizaciones de Talca, Molina y la Agrupación de Cuidadores de Semillas de Curicó en la Región del Maule; entidades de diferentes comunas de la Región Metropolitana así como la Coordinadora Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y la Red de Acción en Plaguicidas Chile RAP-AL.
