En la Comisión de Derechos Humanos del Senado se presentó Marcela Cerda, representante del INDH para dar a conocer las graves problemáticas que ha identificado el organismo en materia de reparación y justicia hacia las víctimas del Estallido Social, particularmente en el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) del Ministerio de Salud. Esto a raíz del suicidio de Patricio Pardo Muñoz, joven de 26 años quien en octubre del 2019 recibió cuatro perdigones en su cuerpo perpetrados por funcionarios de Carabineros, uno de los cuales impactó en su rostro.

Pardo cometió esta acción en medio de una fuerte depresión según constató la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, el pasado viernes 10 de diciembre. En la sesión de la comisión de la Cámara Alta, Cerda reportó cifras que transparentan un riesgo latente a que hechos de esta naturaleza vuelvan a suceder.

Y es que al 30 de noviembre de este año, informó la integrante del INDH, sólo 326 víctimas de las 3.046 que representa el organismo dicen han recibido algún tipo de atención física, mental o de algún programa integral y que 226 han manifestado su intención de descontinuar los procesos penales que llevan adelante dada la fatiga y desmoralización que provoca el rezago de la justicia.

Sobre PIRO, la profesional señaló que desde el INDH se ha advertido que el programa sólo centra su atención en la rehabilitación física de las víctimas, con atenciones de salud psicológica limitadas y sin la consideración de apoyo social, económico y jurídico para los y las usuarias.

“En su instalación el programa no contó con una fase de diseño con la participación de las víctimas y las organizaciones, siendo necesario contar e implementar mecanismos para participación y la incorporación de las propias víctimas respecto a la implementación de las medidas de reparación”, afirmó.

Marcela Cerda. 

Por otro lado sostuvo que el hecho de que el programa se ubique en Santiago dificulta el acceso para las víctimas de otras regiones del país y que el equipo de profesionales no da abasto para cubrir las atenciones. Además, según las cifras del Minsal en total se tratan a 374 personas afectadas y hasta abril de este año habrían 240 pacientes activos, reportó.

Al respecto, el director ejecutivo de Fundación Mis Ojos, Matías Vallejos, aseveró que desde sus inicios PIRO no reconoce a las personas que atiende como personas que han sido violadas en sus derechos humanos, lo que genera que cualquier gestión o implementación en materia de reparación sea incoherente e insuficiente desde el principio, aseguró.

“En conferencia de prensa el exministro Mañalich, quien lo publicó, a una pregunta de un periodista con respecto a quiénes podrían ser las personas atendidas en el PIRO, dijo, cualquier persona que producto de la violencia haya terminado con lesiones oculares, un gesto que desde un principio siempre ha sido insuficiente porque es una extensión de la patología número 50 dentro del GES que es trauma ocular”, indicó.

No obstante, añadió que “cuando hablamos de una violación a los derechos humanos no sólo hablamos de las consecuencias físicas que esta pueda tener sino que las repercusiones sociales, psicológicas, económicas que tiene en las personas y esas son dimensiones que nunca se han considerado por parte del gobierno, por parte del Estado en materia de reparación para cualquier víctima”.

Matías Vallejos.

A la gravedad de lo anterior se sumó una polémica en torno a una glosa de pensión de gracia para personas víctimas de violencia institucional, que en palabras de Vallejos es evidencia de un panorama total de ataque y abandono de las personas que salieron a manifestarse. “Una glosa de la que aún no se sabe qué personas han podido generar toda la burocracia institucional para poder acceder, pasando indudablemente por procesos de revictimización”.

“Nosotros acompañamos a un caso que ha sido calificado por el INDH como una víctima de violación a los derechos humanos pero que todavía no tiene respuesta por parte del Ministerio del Interior con respecto a su pensión de gracia y es lamentable porque nadie sabe qué va a pasar con esos fondos, cuántos fondos se han ocupado y el año está a punto de terminar y eso correspondía al presupuesto de este año en términos de Dipres”.

Según el catastro que lleva la Fundación Mis Ojos, desde el 19 de marzo del 2020 hasta la actualidad se han notificado 40 casos nuevos de victimas de trauma ocular, el más reciente en septiembre de este año en la Araucanía en circunstancias que un carro lanza aguas disparó hacia el interior de una residencia donde se encontraba un joven que terminó con lesiones intracraneales y trauma ocular producto de un impacto directo en su rostro, informó Vallejos.