Este miércoles, el juez Paul Goldspring, integrante de la Corte de Magistrados de Westminster, remitió la orden a la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra para firmarla y dar inmediato paso a la extradición de Assange. No obstante, la ministra Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega del australiano a la justicia estadounidense. En tanto, la defensa de Assange ya ha indicado que rebatirá y apelará la decisión dentro del periodo de cuatro semanas previsto para este trámite, es decir, hasta el 18 de mayo, habida cuenta que ya el 14 de marzo pasado la Corte Suprema británica había desestimado la apelación presentada por los abogados de la defensa ante la posibilidad de ser extraditado. El periodista australiano -ahora de 50 años- y quien lleva 10 intentando evitar ser extraditado a Estados Unidos, estuvo presente hoy ante la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh donde está internado.
Los documentos estadounidenses desclasificados por WikiLeaks sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses revelaron de modo particularmente irrefutable las atrocidades cometidas por los militares estadounidenses durante las guerras de Irak y Afganistán, las que fueron ocultadas a la opinión pública mundial tanto por el Pentágono como por la Secretaría de Estado. Si Assange es declarado culpable podría ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso en que las organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa. Por su parte Washington alega que el australiano no es un periodista sino un pirata informático, alguien que, según ellos, puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
Pero el caso no sólo se caracteriza por plantear la defensa irrestricta de la libertad de información y del derecho a la comunicación a nivel global, sino que ha trascendido también a lo personal, pues para miles y miles de personas en todo el mundo el nombre de Julian Assange representa la concreción física de quien es víctima de los poderes fácticos que intentan no sólo acallarlo, sino también hacerle pagar cara su “osadía” por haberlos desafiado dejándoles al desnudo en sus falsedades ante la opinión pública mundial.
Recordemos que hace un mes, el 23 de marzo, Julia Assange y su prometida, la abogada sudafricana Stella Moris, se casaron en la prisión de alta seguridad británica donde el fundador de WikiLeaks está recluido desde su detención, en 2019, cuando fue sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, luego que el derechista presidente ecuatoriano Lenin Guarda cediera a las presiones de Washington y Londres para quitarle el asilo político que le había concedido su antecesor, el presidente Rafael Correa.
Assange y Moris tuvieron dos hijos en secreto durante los casi siete años que el australiano vivió refugiado en la legación del país sudamericano En noviembre pasado anunciaron su compromiso y obtuvieron la autorización para casarse en la mencionada prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sur de la capita británica. Sólo el funcionario del registro civil, cuatro invitados y dos testigos asistieron a la boda. Todos ellos debieron abandonar la cárcel inmediatamente después de la ceremonia mientras frente a la prisión, cientos de personas se manifestaban a favor del recluido y su flamante esposa repartía el pastel de boda y pronunciaba un vibrante discurso a favor del detenido.
Su defensa, coordinada por el ex juez español Baltasar Garzón, había argumentado que Assange podría cometer suicidio si se veía expuesto al sistema penitenciario estadounidense, lo que en principio logró que la justicia británica le diera la razón. Pero el gobierno estadounidense recurrió la decisión y convenció a los jueces británicos que, de ser extraditado a Estados Unidos, el periodista sería recluido en buenas condiciones, con tratamiento psicológico adecuado y de ese modo obtuvo el visto bueno para su entrega.
La causa de Assange ha suscitado una plataforma de apoyo con decenas de miles de seguidores a lo largo y ancho del mundo, que acusan a Washington de intentar -con la complicidad de Londres- acallar y ocultar información de alta seguridad. “Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y el acceso a la información”, dijo Baltazar Garzón, haciendo prever que la batalla contra la extradición podría no acabar aquí.
Este miércoles, el juez Paul Goldspring, integrante de la Corte de Magistrados de Westminster, remitió la orden a la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra para firmarla y dar inmediato paso a la extradición de Assange. No obstante, la ministra Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega del australiano a la justicia estadounidense. En tanto, la defensa de Assange ya ha indicado que rebatirá y apelará la decisión dentro del periodo de cuatro semanas previsto para este trámite, es decir, hasta el 18 de mayo, habida cuenta que ya el 14 de marzo pasado la Corte Suprema británica había desestimado la apelación presentada por los abogados de la defensa ante la posibilidad de ser extraditado. El periodista australiano -ahora de 50 años- y quien lleva 10 intentando evitar ser extraditado a Estados Unidos, estuvo presente hoy ante la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh donde está internado.
Los documentos estadounidenses desclasificados por WikiLeaks sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses revelaron de modo particularmente irrefutable las atrocidades cometidas por los militares estadounidenses durante las guerras de Irak y Afganistán, las que fueron ocultadas a la opinión pública mundial tanto por el Pentágono como por la Secretaría de Estado. Si Assange es declarado culpable podría ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso en que las organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa. Por su parte Washington alega que el australiano no es un periodista sino un pirata informático, alguien que, según ellos, puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
Pero el caso no sólo se caracteriza por plantear la defensa irrestricta de la libertad de información y del derecho a la comunicación a nivel global, sino que ha trascendido también a lo personal, pues para miles y miles de personas en todo el mundo el nombre de Julian Assange representa la concreción física de quien es víctima de los poderes fácticos que intentan no sólo acallarlo, sino también hacerle pagar cara su “osadía” por haberlos desafiado dejándoles al desnudo en sus falsedades ante la opinión pública mundial.
Recordemos que hace un mes, el 23 de marzo, Julia Assange y su prometida, la abogada sudafricana Stella Moris, se casaron en la prisión de alta seguridad británica donde el fundador de WikiLeaks está recluido desde su detención, en 2019, cuando fue sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, luego que el derechista presidente ecuatoriano Lenin Guarda cediera a las presiones de Washington y Londres para quitarle el asilo político que le había concedido su antecesor, el presidente Rafael Correa.
Assange y Moris tuvieron dos hijos en secreto durante los casi siete años que el australiano vivió refugiado en la legación del país sudamericano En noviembre pasado anunciaron su compromiso y obtuvieron la autorización para casarse en la mencionada prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sur de la capita británica. Sólo el funcionario del registro civil, cuatro invitados y dos testigos asistieron a la boda. Todos ellos debieron abandonar la cárcel inmediatamente después de la ceremonia mientras frente a la prisión, cientos de personas se manifestaban a favor del recluido y su flamante esposa repartía el pastel de boda y pronunciaba un vibrante discurso a favor del detenido.
Su defensa, coordinada por el ex juez español Baltasar Garzón, había argumentado que Assange podría cometer suicidio si se veía expuesto al sistema penitenciario estadounidense, lo que en principio logró que la justicia británica le diera la razón. Pero el gobierno estadounidense recurrió la decisión y convenció a los jueces británicos que, de ser extraditado a Estados Unidos, el periodista sería recluido en buenas condiciones, con tratamiento psicológico adecuado y de ese modo obtuvo el visto bueno para su entrega.
La causa de Assange ha suscitado una plataforma de apoyo con decenas de miles de seguidores a lo largo y ancho del mundo, que acusan a Washington de intentar -con la complicidad de Londres- acallar y ocultar información de alta seguridad. “Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y el acceso a la información”, dijo Baltazar Garzón, haciendo prever que la batalla contra la extradición podría no acabar aquí.
Este miércoles, el juez Paul Goldspring, integrante de la Corte de Magistrados de Westminster, remitió la orden a la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra para firmarla y dar inmediato paso a la extradición de Assange. No obstante, la ministra Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega del australiano a la justicia estadounidense. En tanto, la defensa de Assange ya ha indicado que rebatirá y apelará la decisión dentro del periodo de cuatro semanas previsto para este trámite, es decir, hasta el 18 de mayo, habida cuenta que ya el 14 de marzo pasado la Corte Suprema británica había desestimado la apelación presentada por los abogados de la defensa ante la posibilidad de ser extraditado. El periodista australiano -ahora de 50 años- y quien lleva 10 intentando evitar ser extraditado a Estados Unidos, estuvo presente hoy ante la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh donde está internado.
Los documentos estadounidenses desclasificados por WikiLeaks sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses revelaron de modo particularmente irrefutable las atrocidades cometidas por los militares estadounidenses durante las guerras de Irak y Afganistán, las que fueron ocultadas a la opinión pública mundial tanto por el Pentágono como por la Secretaría de Estado. Si Assange es declarado culpable podría ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso en que las organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa. Por su parte Washington alega que el australiano no es un periodista sino un pirata informático, alguien que, según ellos, puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
Pero el caso no sólo se caracteriza por plantear la defensa irrestricta de la libertad de información y del derecho a la comunicación a nivel global, sino que ha trascendido también a lo personal, pues para miles y miles de personas en todo el mundo el nombre de Julian Assange representa la concreción física de quien es víctima de los poderes fácticos que intentan no sólo acallarlo, sino también hacerle pagar cara su “osadía” por haberlos desafiado dejándoles al desnudo en sus falsedades ante la opinión pública mundial.
Recordemos que hace un mes, el 23 de marzo, Julia Assange y su prometida, la abogada sudafricana Stella Moris, se casaron en la prisión de alta seguridad británica donde el fundador de WikiLeaks está recluido desde su detención, en 2019, cuando fue sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres, luego que el derechista presidente ecuatoriano Lenin Guarda cediera a las presiones de Washington y Londres para quitarle el asilo político que le había concedido su antecesor, el presidente Rafael Correa.
Assange y Moris tuvieron dos hijos en secreto durante los casi siete años que el australiano vivió refugiado en la legación del país sudamericano En noviembre pasado anunciaron su compromiso y obtuvieron la autorización para casarse en la mencionada prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sur de la capita británica. Sólo el funcionario del registro civil, cuatro invitados y dos testigos asistieron a la boda. Todos ellos debieron abandonar la cárcel inmediatamente después de la ceremonia mientras frente a la prisión, cientos de personas se manifestaban a favor del recluido y su flamante esposa repartía el pastel de boda y pronunciaba un vibrante discurso a favor del detenido.
Su defensa, coordinada por el ex juez español Baltasar Garzón, había argumentado que Assange podría cometer suicidio si se veía expuesto al sistema penitenciario estadounidense, lo que en principio logró que la justicia británica le diera la razón. Pero el gobierno estadounidense recurrió la decisión y convenció a los jueces británicos que, de ser extraditado a Estados Unidos, el periodista sería recluido en buenas condiciones, con tratamiento psicológico adecuado y de ese modo obtuvo el visto bueno para su entrega.
La causa de Assange ha suscitado una plataforma de apoyo con decenas de miles de seguidores a lo largo y ancho del mundo, que acusan a Washington de intentar -con la complicidad de Londres- acallar y ocultar información de alta seguridad. “Agotaremos todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y el acceso a la información”, dijo Baltazar Garzón, haciendo prever que la batalla contra la extradición podría no acabar aquí.
