En el imaginario colectivo chileno guarda un trágico lugar el paro de los camioneros de octubre de 1972. Esta acción de fuerza, supuestamente en contra de la grave situación económica del país, fue en realidad un plan orquestado por los principales gremios empresariales, que recurrieron a este grupo de transportistas con el propósito de desestabilizar a un gobierno que amenazaba sus privilegios. Según archivos desclasificados posteriormente por Estados Unidos, este paro de tres semanas fue financiado por la CIA, que a su vez entregaba recursos al diario El Mercurio y a otros grupos sediciosos que operaban para hacer inviable el proyecto político de la Unidad Popular.

Cincuenta años después, ese triste episodio de la Historia, que probablemente el gremio de los camioneros recuerde con orgullo, nos entrega elementos para comprender el presente.

En esencia, el gremio de los camioneros carece de racionalidad política y por eso sus petitorios han sido más de alguna vez impertinentes, risibles e inalcanzables. Pueden llegar a hacer exigencias sobre los programas educativos o sobre la diversidad sexual. Esto sería jocoso si no fuera porque hace muy difícil entablar con ellos un proceso de negociación. Son profundamente anti – progresistas y en particular anti – comunistas, sin que necesariamente sepan en qué consiste realmente aquello que tanto repudian. Y aunque resulta misterioso entender cuál es la relación entre poseer un camión y odiar a los comunistas, sin embargo sucede. Suelen autodenominarse patriotas, pero no han tenido problemas en financiar sus actividades con dólares de la inteligencia estadounidense. Son fervientes defensores de la oligarquía y en general de las clases altas, aunque nunca pertenecerán a sus círculos. Y, al fin y al cabo, son plenamente conscientes de su poder de afectar el normal funcionamiento del país a través de la interrupción de las carreteras.

El gremio de los camioneros es condescendiente con los gobiernos de derecha e intransigente con los de signo contrario. Se ve con mucha claridad en momentos como éste, de cambio de mando. Casi uno podría decir que su principal pulsión es impedir el normal funcionamiento de administraciones con ideas progresistas y no la defensa de los camioneros, pero en los petitorios siempre hay una demanda coyuntural que refiere al ámbito de acción del gremio. Lamentablemente, desarmar su capacidad de subvertir el orden público es difícil por al menos dos motivos: primero, porque éste no es un asunto solamente de Chile: los gremios de camioneros actúan de una manera similar en todo el mundo; y, segundo, porque aunque aparecen ideas como favorecer el tren, el transporte marítimo y la diversificación de carreteras, el Transporte es un asunto en extremo complejo, con muchas variables y en donde cada decisión da lugar a variables nuevas.

La violencia en la Araucanía es un asunto lo suficientemente importante (y que por lo tanto se debe abordar) como para someterlo a las demandas simplistas de un gremio. Hay muchos más actores aquí y uno no puede arrogarse la imposición de sus ideas a los otros. Por ello, y aunque sea difícil, el Gobierno puede recurrir a todas las herramientas que le otorgue el Estado de Derecho para desactivar esta movilización, explicando al país los motivos porque en esto les asiste la razón.

PD: Esta columna es sobre el gremio de los camioneros, no sobre los camioneros que como todo grupo humano ha de ser diverso.