Productos tan requeridos y apetecidos como el café o el cacao podrían no volver a entrar a los mercados del viejo continente si se comprueba que han sido elaborados con trabajo infantil, considerado como “trabajo forzado”. Pero estos no son los únicos productos provenientes de América Latina destinados a la cadena europea de suministro que son generados a través del también denominado “trabajo esclavo”. Según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). de los 25 millones de personas que se encuentran actualmente en situación de trabajo forzado, el 61 por ciento son mujeres y niños. Pero la UNICEF entrega cifras mucho peores: son 160 millones de niños los que trabajaban en el mundo en 2020, cifra que incluso podría ascender a casi 169 millones al 2022.
El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, planteó esta semana que los eurodiputados no desean que circulen en el mercado común aquellos productos elaborados por quienes se ven sometidos al sistema de trabajo forzado. En referencia a quienes los producen, dijo: “son millones de personas sin derecho a elegir, así se trate de productos agrícolas, textiles o exóticos”, dijo. Por ello, a instancias de Lange, la Eurocámara emitió esta semana una resolución pidiendo al Ejecutivo comunitario que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en las condiciones de esclavitud descritas.
Lo que parece faltar es dar precisión, o derechamente cambiar, la definición del “trabajo forzado” que hace la friolera de ¡92 años! estableció la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esa definición casi centenaria considera como “trabajo forzado” todo aquella labor o servicio que se exige a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual éste no se ofrece voluntariamente”. Pero eso resulta engañoso al calor de las costumbres y hábitos con que los grandes hacendados y empresarios ofrecen estos “trabajos”, afirma Fernando Morales, activista de la iniciativa #CeroTrabajoInfantil. “Para el trabajo en el cacao y en el café, esta definición es una trampa” -dice- porque si las familias pobres dan su aprobación para que los niños vayan a trabajar… entonces no se trata de trabajo forzado, según la vieja definición. Y si les ofrecen tres comidas al día y ellos acuden voluntariamente, tampoco es considerado trabajo forzado. Pero sí es esclavitud”, subraya.
Por su parte, Lange señala que es en la agricultura donde más se recluta el trabajo infantil (70% a nivel mundial), luego el sector servicios (19,7 %) y la industria (10,3 %). Por añadidura, la pandemia vino a exacerbar la situación. Y el 40% de esa mano de obra, directa o indirectamente, se utiliza en bienes y servicios destinados a la exportación. Por ello, reiteró, se necesitan criterios basados en evidencias para definir qué es el trabajo forzado, “porque las empresas tienen su propia manera de ver las cosas”, advierte.
Otro aspecto de la iniciativa la explica, Santiago Fischer, coordinador en Bélgica de la organización We Social Movements. “En el corazón de esta resolución está la exigencia de un instrumento vinculante que permita que una comunidad afectada, por ejemplo en El Salvador, pueda poner una queja que llegue a Europa y que ésta pueda acceder a reparación” Un procedimiento estandarizado facilitaría que organizaciones no gubernamentales o los propios interesados inicien la reclamación. A partir de ahí, la resolución prevé la incautación en aduana de los productos “sospechosos” y el acceso al mercado europeo sólo sería posible si la empresa cuestionada ha reparado o ha cambiado las condiciones de producción.
Por su parte Lange, el impulsor de la resolución, dio a conocer la iniciativa presentada ante la Eurocámara y anunció que dicha instancia ya emitió una resolución pidiendo al Ejecutivo de la Unión Europea que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en condiciones de esclavitud.
Ahora, sólo cabe esperar que esta iniciativa fructifique.
Productos tan requeridos y apetecidos como el café o el cacao podrían no volver a entrar a los mercados del viejo continente si se comprueba que han sido elaborados con trabajo infantil, considerado como “trabajo forzado”. Pero estos no son los únicos productos provenientes de América Latina destinados a la cadena europea de suministro que son generados a través del también denominado “trabajo esclavo”. Según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). de los 25 millones de personas que se encuentran actualmente en situación de trabajo forzado, el 61 por ciento son mujeres y niños. Pero la UNICEF entrega cifras mucho peores: son 160 millones de niños los que trabajaban en el mundo en 2020, cifra que incluso podría ascender a casi 169 millones al 2022.
El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, planteó esta semana que los eurodiputados no desean que circulen en el mercado común aquellos productos elaborados por quienes se ven sometidos al sistema de trabajo forzado. En referencia a quienes los producen, dijo: “son millones de personas sin derecho a elegir, así se trate de productos agrícolas, textiles o exóticos”, dijo. Por ello, a instancias de Lange, la Eurocámara emitió esta semana una resolución pidiendo al Ejecutivo comunitario que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en las condiciones de esclavitud descritas.
Lo que parece faltar es dar precisión, o derechamente cambiar, la definición del “trabajo forzado” que hace la friolera de ¡92 años! estableció la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esa definición casi centenaria considera como “trabajo forzado” todo aquella labor o servicio que se exige a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual éste no se ofrece voluntariamente”. Pero eso resulta engañoso al calor de las costumbres y hábitos con que los grandes hacendados y empresarios ofrecen estos “trabajos”, afirma Fernando Morales, activista de la iniciativa #CeroTrabajoInfantil. “Para el trabajo en el cacao y en el café, esta definición es una trampa” -dice- porque si las familias pobres dan su aprobación para que los niños vayan a trabajar… entonces no se trata de trabajo forzado, según la vieja definición. Y si les ofrecen tres comidas al día y ellos acuden voluntariamente, tampoco es considerado trabajo forzado. Pero sí es esclavitud”, subraya.
Por su parte, Lange señala que es en la agricultura donde más se recluta el trabajo infantil (70% a nivel mundial), luego el sector servicios (19,7 %) y la industria (10,3 %). Por añadidura, la pandemia vino a exacerbar la situación. Y el 40% de esa mano de obra, directa o indirectamente, se utiliza en bienes y servicios destinados a la exportación. Por ello, reiteró, se necesitan criterios basados en evidencias para definir qué es el trabajo forzado, “porque las empresas tienen su propia manera de ver las cosas”, advierte.
Otro aspecto de la iniciativa la explica, Santiago Fischer, coordinador en Bélgica de la organización We Social Movements. “En el corazón de esta resolución está la exigencia de un instrumento vinculante que permita que una comunidad afectada, por ejemplo en El Salvador, pueda poner una queja que llegue a Europa y que ésta pueda acceder a reparación” Un procedimiento estandarizado facilitaría que organizaciones no gubernamentales o los propios interesados inicien la reclamación. A partir de ahí, la resolución prevé la incautación en aduana de los productos “sospechosos” y el acceso al mercado europeo sólo sería posible si la empresa cuestionada ha reparado o ha cambiado las condiciones de producción.
Por su parte Lange, el impulsor de la resolución, dio a conocer la iniciativa presentada ante la Eurocámara y anunció que dicha instancia ya emitió una resolución pidiendo al Ejecutivo de la Unión Europea que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en condiciones de esclavitud.
Ahora, sólo cabe esperar que esta iniciativa fructifique.
Productos tan requeridos y apetecidos como el café o el cacao podrían no volver a entrar a los mercados del viejo continente si se comprueba que han sido elaborados con trabajo infantil, considerado como “trabajo forzado”. Pero estos no son los únicos productos provenientes de América Latina destinados a la cadena europea de suministro que son generados a través del también denominado “trabajo esclavo”. Según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). de los 25 millones de personas que se encuentran actualmente en situación de trabajo forzado, el 61 por ciento son mujeres y niños. Pero la UNICEF entrega cifras mucho peores: son 160 millones de niños los que trabajaban en el mundo en 2020, cifra que incluso podría ascender a casi 169 millones al 2022.
El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, planteó esta semana que los eurodiputados no desean que circulen en el mercado común aquellos productos elaborados por quienes se ven sometidos al sistema de trabajo forzado. En referencia a quienes los producen, dijo: “son millones de personas sin derecho a elegir, así se trate de productos agrícolas, textiles o exóticos”, dijo. Por ello, a instancias de Lange, la Eurocámara emitió esta semana una resolución pidiendo al Ejecutivo comunitario que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en las condiciones de esclavitud descritas.
Lo que parece faltar es dar precisión, o derechamente cambiar, la definición del “trabajo forzado” que hace la friolera de ¡92 años! estableció la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esa definición casi centenaria considera como “trabajo forzado” todo aquella labor o servicio que se exige a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual éste no se ofrece voluntariamente”. Pero eso resulta engañoso al calor de las costumbres y hábitos con que los grandes hacendados y empresarios ofrecen estos “trabajos”, afirma Fernando Morales, activista de la iniciativa #CeroTrabajoInfantil. “Para el trabajo en el cacao y en el café, esta definición es una trampa” -dice- porque si las familias pobres dan su aprobación para que los niños vayan a trabajar… entonces no se trata de trabajo forzado, según la vieja definición. Y si les ofrecen tres comidas al día y ellos acuden voluntariamente, tampoco es considerado trabajo forzado. Pero sí es esclavitud”, subraya.
Por su parte, Lange señala que es en la agricultura donde más se recluta el trabajo infantil (70% a nivel mundial), luego el sector servicios (19,7 %) y la industria (10,3 %). Por añadidura, la pandemia vino a exacerbar la situación. Y el 40% de esa mano de obra, directa o indirectamente, se utiliza en bienes y servicios destinados a la exportación. Por ello, reiteró, se necesitan criterios basados en evidencias para definir qué es el trabajo forzado, “porque las empresas tienen su propia manera de ver las cosas”, advierte.
Otro aspecto de la iniciativa la explica, Santiago Fischer, coordinador en Bélgica de la organización We Social Movements. “En el corazón de esta resolución está la exigencia de un instrumento vinculante que permita que una comunidad afectada, por ejemplo en El Salvador, pueda poner una queja que llegue a Europa y que ésta pueda acceder a reparación” Un procedimiento estandarizado facilitaría que organizaciones no gubernamentales o los propios interesados inicien la reclamación. A partir de ahí, la resolución prevé la incautación en aduana de los productos “sospechosos” y el acceso al mercado europeo sólo sería posible si la empresa cuestionada ha reparado o ha cambiado las condiciones de producción.
Por su parte Lange, el impulsor de la resolución, dio a conocer la iniciativa presentada ante la Eurocámara y anunció que dicha instancia ya emitió una resolución pidiendo al Ejecutivo de la Unión Europea que, a más tardar en septiembre de este año, presente un instrumento que impida la entrada al gran mercado europeo de cualquier producto elaborado en condiciones de esclavitud.
Ahora, sólo cabe esperar que esta iniciativa fructifique.
