En las últimas dos semanas, Bolivia ha experimentado crecientes movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en casi todas las regiones del país. Las manifestaciones contra el gobierno de Luis Arce tienen su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, la mayor ciudad del oriente tropical boliviano y su origen es la exigencia de que se realice el censo en 2023 en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano. La importancia que tiene en Bolivia este empadronamiento es que es el instrumento a través del cual se condicionan y definen las partidas y aportes presupuestarios del gobierno central para las regiones del país. De ahí que en los últimos días, en la región de Santa Cruz, motor económico del país, se mantuvieran los bloqueos callejeros y las actividades generales fueron casi nulas. Pero, además, hay que tener presente que esa es la región donde la oposición al presidente Luis Arce tiene mayor peso.
La protesta comenzó precisamente en Santa Cruz el 22 de octubre con el anuncio de un paro nacional y este lunes dirigentes del movimiento adelantaron una renovación de las movilizaciones en todo el territorio boliviano si el Gobierno no fijaba ya una fecha propicia para la realización del censo. Dichos dirigentes consideran que no existe la voluntad política en el ejecutivo para realizar el censo en 2023 y que, por lo tanto, no es real el argumento del presidente Luis Arce de que existen dificultades técnicas para realizar el empadronamiento un año antes de lo estipulado por el Palacio Quemado. Según el diario “El Deber”, la protesta nacional es impulsada por el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las plataformas ciudadanas, el trasporte pesado, los cocaleros de Los Yungas y el Colegio Médico de Bolivia.
Pero, además, la escalada de las movilizaciones se ha incrementado con el apoyo del Sistema Universitario Nacional que convocó a una gran marcha en las principales ciudades de Bolivia ayer lunes. Piquetes de huelga de hambre se instalaron en regiones como Cochabamba, Tarija, Oruro y El Beni, indicaron responsables de Conade. En tanto, sectores como los trabajadores de la salud anunciaron que paralizarían sus funciones a partir de este martes en apoyo a la movilización nacional de los sectores opositores al gobierno de Arce. También los cocaleros de Los Yungas advirtieron con iniciar bloqueos de caminos este lunes insistiendo en la exigencia de que el censo sea en 2023 y también reclamando la liberación de sus compañeros detenidos en el marco de un enfrentamiento con un grupo de productores de hoja de coca afines al Gobierno.
Por su parte en La Paz, donde los convocantes a la protesta nacional han descartado por ahora implementar medidas de presión contra el gobierno, los diputados Lissa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora con representación legislativa, iniciaron una huelga de hambre en dependencias del nuevo edificio del Parlamento nacional bajo la consigna “¡Censo en 2023!”. Una medida similar se tomó en la región central de Cochabamba, donde representantes del Comité Cívico se declararon en huelga de hambre en un templo católico esgrimiendo la misma exigencia. En otras regiones los movimientos cívicos anunciaron huelgas de hambre, paros de 24 horas e incluso paros indefinidos, mientras a nivel del Ejecutivo, una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento. No obstante, los parlamentarios de oposición continúan considerando que esa comisión técnica es una burla, pues con ella sólo se estaría intentando agotar a los sectores que protestan, agregando que de esa instancia no saldrá solución alguna.
Aun así, la mesa técnica cumplió este lunes su tercera jornada de trabajo en Trinidad, una ciudad situada en la zona amazónica del territorio boliviano, aunque sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento y con desencuentros entre las autoridades nacionales que aseguran que los sectores que reclaman el censo en 2023 -y que mantienen su postura- no han sustentado técnicamente su propuesta.
En una entrevista con los medios estatales, el portavoz presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una “ruptura constitucional” como la ocurrida en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año. En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culpó al gobierno por la escalada de las movilizaciones y afirmó que el mandato del cabildo santacruceño fue el paro indefinido y ahora un paro a escala nacional. Camacho es uno de los líderes de las movilizaciones que llevaron a la renuncia del ex Presidente Evo Morales en 2019. No obstante, el mismo Evo Morales indicó en Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un “golpe de Estado”, pero sí un “plan” para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
Imagen de portada: RFI/AFP Aizar Raldes
En las últimas dos semanas, Bolivia ha experimentado crecientes movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en casi todas las regiones del país. Las manifestaciones contra el gobierno de Luis Arce tienen su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, la mayor ciudad del oriente tropical boliviano y su origen es la exigencia de que se realice el censo en 2023 en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano. La importancia que tiene en Bolivia este empadronamiento es que es el instrumento a través del cual se condicionan y definen las partidas y aportes presupuestarios del gobierno central para las regiones del país. De ahí que en los últimos días, en la región de Santa Cruz, motor económico del país, se mantuvieran los bloqueos callejeros y las actividades generales fueron casi nulas. Pero, además, hay que tener presente que esa es la región donde la oposición al presidente Luis Arce tiene mayor peso.
La protesta comenzó precisamente en Santa Cruz el 22 de octubre con el anuncio de un paro nacional y este lunes dirigentes del movimiento adelantaron una renovación de las movilizaciones en todo el territorio boliviano si el Gobierno no fijaba ya una fecha propicia para la realización del censo. Dichos dirigentes consideran que no existe la voluntad política en el ejecutivo para realizar el censo en 2023 y que, por lo tanto, no es real el argumento del presidente Luis Arce de que existen dificultades técnicas para realizar el empadronamiento un año antes de lo estipulado por el Palacio Quemado. Según el diario “El Deber”, la protesta nacional es impulsada por el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las plataformas ciudadanas, el trasporte pesado, los cocaleros de Los Yungas y el Colegio Médico de Bolivia.
Pero, además, la escalada de las movilizaciones se ha incrementado con el apoyo del Sistema Universitario Nacional que convocó a una gran marcha en las principales ciudades de Bolivia ayer lunes. Piquetes de huelga de hambre se instalaron en regiones como Cochabamba, Tarija, Oruro y El Beni, indicaron responsables de Conade. En tanto, sectores como los trabajadores de la salud anunciaron que paralizarían sus funciones a partir de este martes en apoyo a la movilización nacional de los sectores opositores al gobierno de Arce. También los cocaleros de Los Yungas advirtieron con iniciar bloqueos de caminos este lunes insistiendo en la exigencia de que el censo sea en 2023 y también reclamando la liberación de sus compañeros detenidos en el marco de un enfrentamiento con un grupo de productores de hoja de coca afines al Gobierno.
Por su parte en La Paz, donde los convocantes a la protesta nacional han descartado por ahora implementar medidas de presión contra el gobierno, los diputados Lissa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora con representación legislativa, iniciaron una huelga de hambre en dependencias del nuevo edificio del Parlamento nacional bajo la consigna “¡Censo en 2023!”. Una medida similar se tomó en la región central de Cochabamba, donde representantes del Comité Cívico se declararon en huelga de hambre en un templo católico esgrimiendo la misma exigencia. En otras regiones los movimientos cívicos anunciaron huelgas de hambre, paros de 24 horas e incluso paros indefinidos, mientras a nivel del Ejecutivo, una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento. No obstante, los parlamentarios de oposición continúan considerando que esa comisión técnica es una burla, pues con ella sólo se estaría intentando agotar a los sectores que protestan, agregando que de esa instancia no saldrá solución alguna.
Aun así, la mesa técnica cumplió este lunes su tercera jornada de trabajo en Trinidad, una ciudad situada en la zona amazónica del territorio boliviano, aunque sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento y con desencuentros entre las autoridades nacionales que aseguran que los sectores que reclaman el censo en 2023 -y que mantienen su postura- no han sustentado técnicamente su propuesta.
En una entrevista con los medios estatales, el portavoz presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una “ruptura constitucional” como la ocurrida en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año. En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culpó al gobierno por la escalada de las movilizaciones y afirmó que el mandato del cabildo santacruceño fue el paro indefinido y ahora un paro a escala nacional. Camacho es uno de los líderes de las movilizaciones que llevaron a la renuncia del ex Presidente Evo Morales en 2019. No obstante, el mismo Evo Morales indicó en Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un “golpe de Estado”, pero sí un “plan” para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
Imagen de portada: RFI/AFP Aizar Raldes
En las últimas dos semanas, Bolivia ha experimentado crecientes movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en casi todas las regiones del país. Las manifestaciones contra el gobierno de Luis Arce tienen su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, la mayor ciudad del oriente tropical boliviano y su origen es la exigencia de que se realice el censo en 2023 en lugar del 2024 como ha propuesto el Gobierno boliviano. La importancia que tiene en Bolivia este empadronamiento es que es el instrumento a través del cual se condicionan y definen las partidas y aportes presupuestarios del gobierno central para las regiones del país. De ahí que en los últimos días, en la región de Santa Cruz, motor económico del país, se mantuvieran los bloqueos callejeros y las actividades generales fueron casi nulas. Pero, además, hay que tener presente que esa es la región donde la oposición al presidente Luis Arce tiene mayor peso.
La protesta comenzó precisamente en Santa Cruz el 22 de octubre con el anuncio de un paro nacional y este lunes dirigentes del movimiento adelantaron una renovación de las movilizaciones en todo el territorio boliviano si el Gobierno no fijaba ya una fecha propicia para la realización del censo. Dichos dirigentes consideran que no existe la voluntad política en el ejecutivo para realizar el censo en 2023 y que, por lo tanto, no es real el argumento del presidente Luis Arce de que existen dificultades técnicas para realizar el empadronamiento un año antes de lo estipulado por el Palacio Quemado. Según el diario “El Deber”, la protesta nacional es impulsada por el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las plataformas ciudadanas, el trasporte pesado, los cocaleros de Los Yungas y el Colegio Médico de Bolivia.
Pero, además, la escalada de las movilizaciones se ha incrementado con el apoyo del Sistema Universitario Nacional que convocó a una gran marcha en las principales ciudades de Bolivia ayer lunes. Piquetes de huelga de hambre se instalaron en regiones como Cochabamba, Tarija, Oruro y El Beni, indicaron responsables de Conade. En tanto, sectores como los trabajadores de la salud anunciaron que paralizarían sus funciones a partir de este martes en apoyo a la movilización nacional de los sectores opositores al gobierno de Arce. También los cocaleros de Los Yungas advirtieron con iniciar bloqueos de caminos este lunes insistiendo en la exigencia de que el censo sea en 2023 y también reclamando la liberación de sus compañeros detenidos en el marco de un enfrentamiento con un grupo de productores de hoja de coca afines al Gobierno.
Por su parte en La Paz, donde los convocantes a la protesta nacional han descartado por ahora implementar medidas de presión contra el gobierno, los diputados Lissa Claros, Miguel Roca y María José Salazar, de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora con representación legislativa, iniciaron una huelga de hambre en dependencias del nuevo edificio del Parlamento nacional bajo la consigna “¡Censo en 2023!”. Una medida similar se tomó en la región central de Cochabamba, donde representantes del Comité Cívico se declararon en huelga de hambre en un templo católico esgrimiendo la misma exigencia. En otras regiones los movimientos cívicos anunciaron huelgas de hambre, paros de 24 horas e incluso paros indefinidos, mientras a nivel del Ejecutivo, una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento. No obstante, los parlamentarios de oposición continúan considerando que esa comisión técnica es una burla, pues con ella sólo se estaría intentando agotar a los sectores que protestan, agregando que de esa instancia no saldrá solución alguna.
Aun así, la mesa técnica cumplió este lunes su tercera jornada de trabajo en Trinidad, una ciudad situada en la zona amazónica del territorio boliviano, aunque sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento y con desencuentros entre las autoridades nacionales que aseguran que los sectores que reclaman el censo en 2023 -y que mantienen su postura- no han sustentado técnicamente su propuesta.
En una entrevista con los medios estatales, el portavoz presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una “ruptura constitucional” como la ocurrida en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año. En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, culpó al gobierno por la escalada de las movilizaciones y afirmó que el mandato del cabildo santacruceño fue el paro indefinido y ahora un paro a escala nacional. Camacho es uno de los líderes de las movilizaciones que llevaron a la renuncia del ex Presidente Evo Morales en 2019. No obstante, el mismo Evo Morales indicó en Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un “golpe de Estado”, pero sí un “plan” para debilitar al oficialismo y dañar la economía.
Imagen de portada: RFI/AFP Aizar Raldes
