La democracia en Chile tiene una serie de dificultades que debilitan su desarrollo pleno, basado en la soberanía del pueblo y la expresión de las mayorías en los diversos ámbitos en que se organiza la sociedad.

En el marco del sistema medial, y como parte de los diferentes inconvenientes democráticos, claramente se identifican dos:

1. La proliferación de noticias falsas que horadan la fe pública y tienden a potenciar juicios y prejuicios basados en estereotipos y acontecimientos fraudulentos que circulan en redes sociales y medios de comunicación.
2. La falta de diversidad de medios de comunicación masiva que sean representativos de las diferentes sensibilidades que habitamos Chile.

Como mesa de trabajo “Más amplitud, más voces, más democracia”, nos hemos reunido con universidades privadas y públicas, periodistas, asociaciones gremiales y propietarios de medios de comunicación masiva, en función de dialogar, conversar, debatir, sobre problemas que afectan la libertad de expresión, solo nos ha motivado elaborar una propuesta que intente dar una solución al tema. Dejo constancia que todas/os las/os parlamentarias/os de derecha que invitamos declinaron asistir.

En ese marco, resulta incomprensible que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), presidida por Juan Jaime Díaz, se haya negado a participar de las instancias de conversación que ha promovido la mesa antes citada. Decisión que se sustenta en la supuesta injerencia del Ministerio Secretaría General de Gobierno, MSGG, conjetura que ha sido desmentida de manera pública y privada: las tres universidades estatales que participan de la mesa de trabajo están elaborando de manera independiente y autónoma las recomendaciones que se entregarán al MSGG, en enero próximo.

En ese contexto y con dicha información de conocimiento público, es agraviante la Editorial del Diario El Mercurio del 24 de noviembre cuando afirma: “estos académicos tienen un claro sesgo ideológico en contra de los medios tradicionales, a los que incluso se les ha atribuido por uno de ellos un papel fundamental en la derrota del proyecto constitucional en el plebiscito”.

Editorial que se suma a otras publicaciones del mismo periódico, en que sin conocer el trabajo que se realiza, sin “reportear” con las/os integrantes de la mesa, asigna intenciones ideológicas contrarias a la libertad de prensa, desconociendo la trayectoria de sus académicas/os, la variedad de posiciones que hay al interior del equipo y la tradición y prestigio de las universidades participantes.

Sobre el grupo de parlamentarios de partidos de derecha y ultraderecha que han condenado la existencia de la mesa “Más amplitud, más voces, más democracia” y que, además, enviaron una carta al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresando sus temores, solo puedo señalar que aquella actitud es una práctica extendida a todas las iniciativas en las que participa el gobierno. Entonces, en su afán obstruccionista, la mesa representa una oportunidad para armar un nuevo espectáculo político y de ese modo, no ocuparse del problema medial que atraviesa nuestra democracia.

Quisiera comentar que seguimos avanzando con prácticamente todos los sectores involucrados en la temática y quisiera relevar la participación de la Asociación Nacional de Televisión, de la Asociación de Radiodifusores de Chile; de las Universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Católicas de Chile, del Norte y de Valparaíso; del Consejo Nacional de Televisión, de la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, de Unesco, entre otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que, aunque pudieran no estar de acuerdo con las futuras recomendaciones, no se negaron a dialogar para encontrar una solución a la crisis mediática que padecemos.

Por último, reitero nuestra voluntad de conversar, de proponer soluciones en conjunto, colocando al centro el vigor de un sistema democrático que requiere de medios de comunicación con plena libertad editorial, con responsabilidad social y con representantes de la multiplicidad de voces que quieren más libertad de expresión.