Decenas de adhesiones ha recibido la denuncia presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra del denominado “Acuerdo por Chile” suscrito por el Parlamento y aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas para iniciar un segundo proceso constituyente.
La acusación de la instancia humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta, apunta a que vulnera los tratados internacionales firmados por el país sobre derechos fundamentales, al permitir que 24 personas no elegidas por votación popular redacten el borrador del proyecto Constitucional.
El documento fue presentado el lunes 2 de enero al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, donde se afirma que el acuerdo parlamentario “vulnera gravemente los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
“Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado, -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales”.
La denuncia ha recibido el apoyo de entidades gremiales como el consejo regional metropolitano de los colegios de Profesores y de Periodistas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP, de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada y del movimiento de pobladores Ukamau.
Además, se cuentan organizaciones como la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, el Foro por la Asamblea Constituyente, Fundación Constituyente XXI, la Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales, la Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora de Víctimas de Perdigones y la Red de Sitios de Memoria.
A ellos se sumaron artistas como los compositores Ana Tijoux y Manuel García, Roberto Márquez de Illapu, Jorge y Marcelo Coulon de Inti Illimani, Ángel, Javiera y Tita Parra, Magdalena Matthei y las actrices Malucha Pinto y Aline Kuppenheim.
Revise la lista completa acá:
Imagen de portada: Referencial
Decenas de adhesiones ha recibido la denuncia presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra del denominado “Acuerdo por Chile” suscrito por el Parlamento y aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas para iniciar un segundo proceso constituyente.
La acusación de la instancia humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta, apunta a que vulnera los tratados internacionales firmados por el país sobre derechos fundamentales, al permitir que 24 personas no elegidas por votación popular redacten el borrador del proyecto Constitucional.
El documento fue presentado el lunes 2 de enero al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, donde se afirma que el acuerdo parlamentario “vulnera gravemente los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
“Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado, -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales”.
La denuncia ha recibido el apoyo de entidades gremiales como el consejo regional metropolitano de los colegios de Profesores y de Periodistas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP, de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada y del movimiento de pobladores Ukamau.
Además, se cuentan organizaciones como la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, el Foro por la Asamblea Constituyente, Fundación Constituyente XXI, la Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales, la Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora de Víctimas de Perdigones y la Red de Sitios de Memoria.
A ellos se sumaron artistas como los compositores Ana Tijoux y Manuel García, Roberto Márquez de Illapu, Jorge y Marcelo Coulon de Inti Illimani, Ángel, Javiera y Tita Parra, Magdalena Matthei y las actrices Malucha Pinto y Aline Kuppenheim.
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Decenas de adhesiones ha recibido la denuncia presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra del denominado “Acuerdo por Chile” suscrito por el Parlamento y aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas para iniciar un segundo proceso constituyente.
La acusación de la instancia humanitaria que dirige el abogado Carlos Margotta, apunta a que vulnera los tratados internacionales firmados por el país sobre derechos fundamentales, al permitir que 24 personas no elegidas por votación popular redacten el borrador del proyecto Constitucional.
El documento fue presentado el lunes 2 de enero al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, donde se afirma que el acuerdo parlamentario “vulnera gravemente los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública”.
“Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado, -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales”.
La denuncia ha recibido el apoyo de entidades gremiales como el consejo regional metropolitano de los colegios de Profesores y de Periodistas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No + AFP, de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada y del movimiento de pobladores Ukamau.
Además, se cuentan organizaciones como la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, el Foro por la Asamblea Constituyente, Fundación Constituyente XXI, la Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales, la Comisión de DDHH del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora de Víctimas de Perdigones y la Red de Sitios de Memoria.
A ellos se sumaron artistas como los compositores Ana Tijoux y Manuel García, Roberto Márquez de Illapu, Jorge y Marcelo Coulon de Inti Illimani, Ángel, Javiera y Tita Parra, Magdalena Matthei y las actrices Malucha Pinto y Aline Kuppenheim.
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Santiago, 11 de mayo 2022.
El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, junto a organizaciones sociales vinculadas con la educacion se reune afuera de la sede de la Convencion Constitucional para demandar el derecho a una, educación publica estatal – comunitaria.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile 
