Las manifestaciones contra el Golpe de Estado Institucional del 8 de enero en Perú no se han aplacado pese al estado de excepción, toques de queda y una sangrienta represión que ya acumula cincuenta (50) muertos y centenas de heridos por bala. Las manifestaciones arrecian en las regiones y se extienden hasta Lima sin visos de disminución. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte y del Congreso; la convocatoria inmediata a elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La cruenta represión incluye los 17 manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad en Juliaca el 9 de enero, de enormes repercusiones. Por ella, la Fiscalía peruana abrió una investigación por genocidio, precarizando al gobierno de facto. La represión ha sido condenada, entre otros, por la Conferencia Episcopal; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las agencias de las Naciones Unidas en Perú (OACNUDH) y Amnesty. Hasta quienes apoyaron inicialmente al gobierno de Dina Boluarte, porque consideraron que ella se ajustaba al Estado de Derecho, como la Unión Europea (UE) y la CIDH, condenan el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

Es evidente que el Golpe de Estado institucional del Congreso, que terminó con el inopinado gobierno progresista del Presidente Pedro Castillo – que apenas duró quince (15) meses -, se inscribe en la lógica de los golpes “institucionales”, como aquel contra Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), y Dilma Roussef en Brasil (2016).

Sin embargo, el contexto creado por el descontento popular frente a la destitución de Pedro Castillo, es distinto del que acompañó las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018, y de los presidentes interinos subsecuentes: Martín Viscarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Todo indica que esta vez la destitución del maestro rural transformado en presidente, Pedro Castillo, no será una nueva pugna de palacio alejada de la ciudadanía.

Cuáles Reflexiones ante un Escenario Complejo

Este artículo no pretende agotar un tema de gran complejidad. Busca suscitar una reflexión sobre tres aspectos. En primer lugar, ¿En qué medida corresponde a un éxito del acoso constante de la derecha contra el maestro rural transformado en presidente con el apoyo de un movimiento social fundamentalmente rural? Un presidente, que, para sobrevivir en el poder terminó alejado de su base social, atrapado en los laberintos de un Estado de Derecho Neoliberal atávico.

En segundo lugar, ¿Es realmente inesperada caída del ejecutivo, o bien, era plenamente predecible si se observa la política peruana de las últimas décadas? ¿En qué medida su destitución es consustancial al sistema político peruano actual, por el marco de funcionamiento del sistema político instaurado por la constitución neoliberal fujimorista adoptada en los noventa. Más aún, en un país con serios problemas estructurales, catalogado como una democracia “imperfecta”, e incluso como un Estado Fallido ?

En tercer lugar, que aunque el Golpe fue un éxito de la derecha peruana que controla el parlamento: ¿En qué medida la masiva resistencia ante el Golpe de Estado Institucional del Congreso revela como error fundamental de Pedro Castillo, la postergación las transformaciones y avances prometidos, para sobrevivir y su alejamiento de su base social?

Se trata de aspectos fundamentales para las izquierdas cuando las sociedades latinoamericanas exigen gobiernos con agendas transformadoras para enfrentar los desafíos del siglo 21 ¿Cuáles deben ser las estrategias para transformar Estados de Derecho que corresponden a democracias restringidas de corte neoliberal que separan la política de la economía y desconocen incluso, como en el caso de Perú, la plurinacionalidad existente en sus territorios?

Un Golpe de Estado Institucional predecible

La compleja y trágica coyuntura peruana del 8 de diciembre era predecible. Desde el primer día, el 28 de julio de 2021, la derecha, liderada por el fujimorismo, atacó el gobierno de Pedro Castillo, buscando destituirlo, a como diera lugar, mediante un Congreso, altamente desprestigiado de acuerdo a las encuestas.

La tercera moción para destituir a Pedro Castillo (NYTimes), por ser parte de una “organización criminal” ó mediante la extensión de la interpretación del artículo 117 de la constitución (ElComercio), debía ser votada en el Congreso el 8 de diciembre.

Es así como el Ejecutivo intentó defenderse, sorpresivamente, disolviendo el Congreso e instalando un Estado de Excepción, invocando el artículo 134º de la Constitución política. Un artículo que le permite efectivamente disolver el congreso de acuerdo al Estado de Derecho peruano.

Sin embargo, más allá del debate de juristas, su acción terminó apareciendo como un Autogolpe Inconstitucional, porque la interpretación que prevaleció fue la de quienes querían destituirlo (CNN).

De hecho, se adoptó la versión de que el presidente no podía recurrir al artículo 134º, puesto que el Congreso no le habría negado aún su confianza en dos oportunidades, sino que sólo en una (Infobae). No fructificó el argumento de que se trataba de una tercera negación de confianza, se terminó descartando la negativa a la moción de confianza presentada por Aníbal Torres en noviembre de 2022 (Swissinfo).

Se ha especulado mucho sobre las razones que llevaron a Pedro Castillo a intentar lo que apareció como una salida desesperada. Apareció mal asesorado su intentó de disolver el Congreso e instalar un Estado de Excepción sin tener piso. Algunos lo explican por su aislamiento e inexperiencia. Otros lo atribuyen al desgaste resultante del permanente acoso, hostigamiento y desembozado racismo en su contra. Por una equivocada percepción de relaciones de fuerza atribuible a su ensimismamiento en el juego político y su creciente aislamiento por no cumplir sus promesas de campaña (ElPopular).

Lo cierto es que su “autogolpe” terminó como un paso en falso al no contar con la variable de las Fuerzas Armadas (Lissardi, G). Ello, a pesar de que circulan informaciones que afirman que Castillo si esperaba contar con el apoyo de las FFAA, con la nominación de su recién instalado ministro de defensa, el ex general de brigada Emilio Gustavo Bobbio Rosas, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Bobbio que solo duró tres días en el cargo (LaRepública), habría decidido abandonar a Castillo, por presiones de la ex agente de la CIA, embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna. El ministro de defensa se reunió efectivamente con Kenna, un día antes del Golpe de Estado (LaJornada). De acuerdo  a esas versiones, con la falta de apoyo a Castillo de parte de las Fuerzas Armadas, la derecha tenía luz verde para proceder al golpe de Estado del Congreso (ANNUR)

Más allá de esas especulaciones, la movida constitucional de Pedro Castillo el 7 de diciembre, se transformó en un “error”, una “torpeza” de proporciones que justificó el Golpe de Estado Institucional para responder a un Golpe de Estado “inconstitucional” de Castillo (ElPaís).

El Congreso declaró la vacancia presidencial bajo la nueva acusación de “quebrantar el orden constitucional” (BBC) y Castillo fue encarcelado. No se debe olvidar sin embargo, que muy oportunamente, el 5 de diciembre, una comisión del Congreso archivó las acusaciones constitucionales que pesaban contra la vicepresidenta Dina Boluarte, lo que la habilitaba para asumir la presidencia en caso de destitución del presidente (Gestión).

La caída de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte fueron reconocidos como democráticos y respetuosos del Estado de Derecho, entre otros. por los gobiernos de  EE.UU., Canadá, la Unión Europea (UE), Reino Unido, mientras en la región fue apoyada por los gobiernos de Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Chile, Panamá, e instituciones como la CIDH, la ONU, entre otros.

Por su parte, el nuevo presidente brasileño lamentó la destitución de Castillo y deseo suerte a Boluarte en su tarea de reconciliar el país. México expresó su apoyo al depuesto presidente, esperando que prevalezca una salida democrática. Lo mismo los gobiernos de Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Cuba, entre otros.

La asunción a la presidencia por Dina Boluarte el 8 de diciembre en reemplazo de su compañero de fórmula de Perú Libre, debiera haber cerrado el periodo “Castillo” de la política peruana, como ocurriera con la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Sin embargo las amplias movilizaciones de resistencia contra el Golpe de Estado y el Gobierno de facto de Dina Boluarte, por parte de sindicatos (CGTP); de indígenas (AIDESEP) y organizaciones de agricultores pobres, entre otros, abrieron una crisis social (Infobae). La represión llevó a una crisis humanitaria (Celag).

Una Crisis Consustancial al Sistema Político Peruano

La presente es una crisis consustancial al sistema político peruano. Es la mera repetición de la ya tradicional pugna entre el poder ejecutivo y el Parlamento. La diferencia es que esta vez aunque el gobierno de Castillo, no buscó apoyarse en su base social, demostró tener más apoyo social que anteriores presidentes peruanos. Por ello es que las destituciones recientes de presidentes terminaron como riñas de palacio.

En esa medida, a pesar de que el juicio contra Castillo, por “pertenecer a una organización criminal”, no tuvo lugar y que realizó un “autogolpe”, es evidente que su destitución por “quebrantar la constitución” fue la culminación de un “juegos de poderes” propios de la restringida democracia peruana, que son crecientemente resistidos por la ciudadanía.

En contexto más amplio, la inestabilidad política peruana de las últimas décadas, termina siendo consustancial, inherente, intrínseca, a la actual constitución fujimorista impuesta en los años noventa (Ochoa, S). Ella refuerza complejos juegos de poder entre fuerzas políticas crecientemente separadas de la ciudadanía.

Y es que la estricta separación entre política y economía de la constitución fujimorista no es inocente. Es la base de una constitución neoliberal, que favorece la economía de mercado, el gamonalismo y las multinacionales, que funcionan de acuerdo a reglas propias (DW). En palabras del politólogo español, Manolo Monereo: “Perú es una democracia de las “buenas”, de las que respetan la economía de mercado, que garantizan y dan seguridad a las inversiones extranjeras, que favorecen los grandes beneficios empresariales y, lo mejor de lo mejor, poco controladas y gravadas”. Una economía que sigue creciendo a pesar de las constantes crisis políticas (BBC).

Se trata de acuerdo a Héctor Béjar, ministro de relaciones exteriores de Castillo por un breve periodo, de “Una Constitución, de origen non sancto, que tutela y blinda lo que realmente importa: el aparentemente intocable modelo económico neoliberal” (LaHaine).

Por su parte, José Llerena concluye que el modelo político impuesto en la Constitución de 1993, no solo no proporciona alternativas de salida a la crisis, sino que las agrava. El periodista César Hildebrandt, va más lejos y constata que Perú se está transformando en un Estado Fallido.

La fuerte movilización social actual aparece ligada al rechazo de un modo de acumulación neoliberal que aumenta las desigualdades, agravadas por la pandemia del Covid-19 y las consecuencias inflacionarias de la guerra en Ucrania (BancoMundial). Son vientos de cambio que ya se percibían tras la victoria desde afuera del sistema político del maestro rural (LabGRIMA).

En esa medida el Golpe de Estado Institucional expresó la oposición de la oligarquía peruana, de las élites políticas y de las multinacionales a las exigencias de cambio provenientes de la sociedad.

Algunos ligan el Golpe de Estado Institucional con los crecientes temores de intereses privados nacionales y extranjeros interesados en la explotación del litio peruano; ante el anuncio del gobierno de Pedro Castillo en octubre pasado en Pichari, de avanzar en la industrialización del litio (DFSUD). Otros lo atribuyen a la inminente firma de un contrato con la República Popular China para la construcción de una línea de ferrocarril de Tumbes a Tacna, Puno, Argentina y Brasil y conectada con el puerto de Chancay. Un proyecto que aseguraría una presencia estratégica del país asiático en América Latina (Ponce, D).

La crisis peruana es compleja. Sus perspectivas aparecen menos claras que lo ocurrido con el Golpe de Estado institucional contra el gobierno de Evo Morales en la vecina Bolivia. Allí Evo Morales, no cayó en juegos políticos, respetó rigurosamente el orden institucional, dejando a la derecha y la OEA al desnudo, frente a sus propias reglas.

Atrapado en los Laberintos de un Estado de Derecho Neoliberal Atávico

Finalmente, una tercera reflexión, es sobre un tema que no es menor, pero que no puede soslayarse: La crisis actual reveló que el Gobierno de Pedro Castillo terminó como un progresismo atrapado en los laberintos de un Estado de Derecho Neoliberal atávico.

Lo particular de Perú, es que el distanciamiento del poder ejecutivo con su base social, se expuso de manera más evidente que nunca. Puso al desnudó el profundo fraccionamiento de la sociedad peruana entre la gran metrópolis limeña y los territorios. Es así como otro aspecto clave del aislamiento de Pedro Castillo es que la izquierda urbana se alejó del mandatario calificándolo como un gobierno sin rumbo (Glave, M).

Paradojalmente la destitución de Pedro Castillo ocurre a pesar de abandonar sus promesas de cambios y luego de realizar repetidos intentos de acercamiento con Washington y los dueños del Perú (Saba, P). Un creciente distanciamiento con su base social, que pasó por cinco gabinetes para apaciguar los sectores empresariales, cediendo cada vez más.

El ex maestro de escuela rural, Pedro Castillo, no cumplió – o no alcanzó a cumplir – sus promesas de mejorar la distribución de ingresos y desarrollar las regiones olvidadas del Perú. Tampoco avanzó en el cambio constitucional porque su proyecto de Asamblea Constituyente, presentado en el Congreso en abril pasado, no tenía perspectivas de concreción, ante un Congreso hostil (CNN).

Por ello es que la enorme reacción social ante su destitución tiene componentes culturales e identitarios. Por un lado expresa el desembozado racismo y elitismo de selectas minorías económicas, políticas y comunicacionales. Su caída aparece como una furiosa venganza oligárquica (Ollantay, I), contra un maestro de escuela transformado en presidente y asumido por la oligarquía como un sacrilegio…, paradojalmente en un país donde representa a las grandes mayorías (Lajornada).

Por otro, la actual resistencia al Golpe de Estado Institucional del Congreso, se nutre esta vez del imaginario contrario a las élites, ligándose a la representatividad de los postergados, encarnada en el gobierno de Pedro Castillo. Ello explica que sean estos sectores sociales postergados quienes lideran la resistencia y que transformaron lo que debía terminar como una pugna de palacio en una aguda crisis social y política.

Coincidentemente, las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte no tienen visos de disminuir, pese a la represión (Telesur). El profundo descontento social comenzó inicialmente fuera de Lima, en las regiones del país como Apurímac, Arequipa e Ica y en ciudades como Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Andahuaylas, pero se acerca ahora a la capital, obligando al gobierno a imponer el Estado de Excepción.

Más de un mes después de la instalación del gobierno legal, de acuerdo al Estado de Derecho peruano, el Gobierno de Dina Boluarte es percibido como ilegítimo, como una traición al progresismo y como el retorno de las elites limeñas y lo que representan.

Se trata de un amplio movimiento ciudadano que exige elecciones generales inmediatas, cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y asamblea constituyente. Exigencias que se radicalizan exigiendo “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista” (LaRazón). Demandas que, desde el escenario tradicional peruano, son consideradas demandas maximalistas por el nuevo primer ministro Alberto Otárola.

La creciente ruptura con el Gobierno de facto se ve en que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se restó del Acuerdo Nacional y llamó a participar en el nuevo paro nacional del 9 de enero, convocado por los Frentes de Defensa y organizaciones sociales en siete regiones del sur de Perú. La movilización engloba los pueblos indígenas de la Amazonía (AIDESEP), el Gobierno territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), los Frentes de defensa y organizaciones sociales (Telesur).

Las movilizaciones interpelan el inconcluso proceso de construcción de la identidad diversa de la sociedad peruana, mayoritariamente indígena, y un Estado de Derecho que consagra el persistente dominio de la metrópolis europeizante y ligada a la economía mundial. Se repiten elementos sobre los que José Carlos Mariátegui reflexionó en sus “Seis ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Una cuestión relevante, cuando está en boga el proyecto del “buen vivir”, mientras el socialismo sólo aparece como una referencia abstracta.

Reflexiones Sobre la Crisis Política y Social en Perú

Estas reflexiones sobre la crisis política y social en Perú, recuerdan la importancia de considerar el contexto particular y la historia de la mal llamada América Latina. Los pies de barro del llamado Estado de Derecho Neoliberal peruano y en general el de las democracias restringidas de la región, sigue siendo la sobrerrepresentación de las oligarquías y la exclusión de vastas mayorías, incluido el actor indígena, mestizo y los territorios.

La conexión de los progresismos con su base social es clave para realizar las transformaciones necesarias del siglo XXI (Quiroz, R). Por ello, la experiencia peruana no interpela sólo a las izquierdas peruanas. También interpela a las izquierdas latinoamericanas del siglo 21 en cuanto a la necesidad de identificar los actores políticos y sociales portadores de las transformaciones. La experiencia peruana confirma la perogrullada de la imposibilidad en liderar un proceso de cambios sin forjar la unidad del movimiento popular, sin organizar las masas y politizarlas, apoyándose en sus luchas para mejorar las relaciones de fuerza con las oligarquías reaccionarias (Espinoza, G).

La experiencia peruana debe incitar a una seria reflexión sobre el error de ciertos progresismos que privilegian el diálogo con las oligarquías en el escenario de un Estado de Derecho Neoliberal atávico, a costa de una creciente distanciación con su base social, lo que les termina debilitando. Sobre la necesidad de apelar a su base social para mejorar las relaciones de fuerza y así avanzar en los prometidos objetivos transformadores.