222 presos políticos fueron desterrados este jueves por Managua y enviados a Estados Unidos en un vuelo de 8 horas que cubre una distancia de 3104 km. “Del penal de Chipote salieron cinco buses esta mañana”, indicó al medio “100% Noticias” la dirigente de una organización cívica nicaragüense que pidió guardar su identidad. La aerolínea Omni Air International, a cargo del vuelo, indicó en su página web que el Boeing 767-300 que anoche había arribado a Nicaragua con el propósito de transportar a los presos políticos a Washington, despegó de Managua a las 6:31 de la mañana este jueves.
Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, unas figuras que no existe en el Código Penal de Nicaragua, y que buscan provocar la “muerte civil” de los opositores, consideran los expertos. En algunos casos la pena se incorporó incluso después de la sentencia, mediante reformas que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía.
Y apenas unas horas después de la expulsión, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución con la cual «los traidores de la Patria» pierden la nacionalidad nicaragüense. La iniciativa de reforma del artículo 21 de la Constitución fue enviada con carácter de urgencia la mañana de este jueves y aprobadas minutos después. “La adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, señala el artículo 21 reformado.
“¡Es una barbaridad!, señaló la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, consultada por vía telefónica. “Sentencias condenatorias que ya están casadas por la Corte Suprema de Justicia de forma definitiva y le hacen eso. Eso no se había visto. A mí me llaman del extranjero para preguntarme si esto de verdad está ocurriendo en Nicaragua, porque es una aberración jurídica”, señaló. Para la jurista, la jornada de declaración de “muerte civil” que emprendió el régimen nicaragüense contra los presos políticos fue la antesala de la liberación y destierro que se produjo este jueves. “Los liberan pero les dicen: “váyanse, que aquí no tienen ningún derecho. Son muertos civiles en Nicaragua”, dice. Señala, además, que el destierro o expulsión del país solo puede ser aplicada a extranjeros que comentan algún delito pero nunca a connacionales.
De hecho, el lunes de esta semana y después de cuatro días de juicio a puertas cerradas, la jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, conocido también como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”. Los siete religiosos condenados forman parte del equipo que trabajaba con monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y quien también enfrenta un proceso judicial aparte por los mismos delitos, sin que hasta ahora se haya emitido sentencia.
Ese mismo lunes, el Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH) emitió un mensaje por twitter denunciando que “el régimen Ortega-Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa”, afirmó. Además de los 10 años de prisión, la jueza Tardencilla les impuso penas de 800 días, multas e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, una figura que ha comenzado a usar el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. “Una nueva aberración jurídica fue que también les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, señaló el CENIDH.
Poco antes, el 26 de enero, el sacerdote Óscar Benavidez fue condenado por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo del Distrito Penal de Juicio de Managua, a 10 años de prisión y al pago de 1400 dólares por los mismos delitos, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y, a petición del fiscal, se incluyó en la pena “la pérdida de sus derechos ciudadanos”. En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del Juzgado de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Fredy Antonio Laguna para agregarle el nuevo castigo. “Se declara al condenado `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos”, señala la sentencia, según copia en poder de la plataforma Despacho 505.
Sentencias que ya estaban a firme han sido reformadas para incluir la inhabilitación perpetua de derechos civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del opositor Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de prisión el 21 de febrero de 2022 y a quien el pasado 3 de febrero se le agregó la nueva pena inhibitoria. La suspensión de por vida de los derechos ciudadanos de una persona representa su “muerte civil” y es una nueva estrategia política del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. La figura jurídica utilizada por los jueces y fiscales para incorporarla no existe en la legislación nicaragüense, señalaron varios expertos.
222 presos políticos fueron desterrados este jueves por Managua y enviados a Estados Unidos en un vuelo de 8 horas que cubre una distancia de 3104 km. “Del penal de Chipote salieron cinco buses esta mañana”, indicó al medio “100% Noticias” la dirigente de una organización cívica nicaragüense que pidió guardar su identidad. La aerolínea Omni Air International, a cargo del vuelo, indicó en su página web que el Boeing 767-300 que anoche había arribado a Nicaragua con el propósito de transportar a los presos políticos a Washington, despegó de Managua a las 6:31 de la mañana este jueves.
Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, unas figuras que no existe en el Código Penal de Nicaragua, y que buscan provocar la “muerte civil” de los opositores, consideran los expertos. En algunos casos la pena se incorporó incluso después de la sentencia, mediante reformas que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía.
Y apenas unas horas después de la expulsión, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución con la cual «los traidores de la Patria» pierden la nacionalidad nicaragüense. La iniciativa de reforma del artículo 21 de la Constitución fue enviada con carácter de urgencia la mañana de este jueves y aprobadas minutos después. “La adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, señala el artículo 21 reformado.
“¡Es una barbaridad!, señaló la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, consultada por vía telefónica. “Sentencias condenatorias que ya están casadas por la Corte Suprema de Justicia de forma definitiva y le hacen eso. Eso no se había visto. A mí me llaman del extranjero para preguntarme si esto de verdad está ocurriendo en Nicaragua, porque es una aberración jurídica”, señaló. Para la jurista, la jornada de declaración de “muerte civil” que emprendió el régimen nicaragüense contra los presos políticos fue la antesala de la liberación y destierro que se produjo este jueves. “Los liberan pero les dicen: “váyanse, que aquí no tienen ningún derecho. Son muertos civiles en Nicaragua”, dice. Señala, además, que el destierro o expulsión del país solo puede ser aplicada a extranjeros que comentan algún delito pero nunca a connacionales.
De hecho, el lunes de esta semana y después de cuatro días de juicio a puertas cerradas, la jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, conocido también como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”. Los siete religiosos condenados forman parte del equipo que trabajaba con monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y quien también enfrenta un proceso judicial aparte por los mismos delitos, sin que hasta ahora se haya emitido sentencia.
Ese mismo lunes, el Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH) emitió un mensaje por twitter denunciando que “el régimen Ortega-Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa”, afirmó. Además de los 10 años de prisión, la jueza Tardencilla les impuso penas de 800 días, multas e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, una figura que ha comenzado a usar el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. “Una nueva aberración jurídica fue que también les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, señaló el CENIDH.
Poco antes, el 26 de enero, el sacerdote Óscar Benavidez fue condenado por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo del Distrito Penal de Juicio de Managua, a 10 años de prisión y al pago de 1400 dólares por los mismos delitos, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y, a petición del fiscal, se incluyó en la pena “la pérdida de sus derechos ciudadanos”. En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del Juzgado de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Fredy Antonio Laguna para agregarle el nuevo castigo. “Se declara al condenado `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos”, señala la sentencia, según copia en poder de la plataforma Despacho 505.
Sentencias que ya estaban a firme han sido reformadas para incluir la inhabilitación perpetua de derechos civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del opositor Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de prisión el 21 de febrero de 2022 y a quien el pasado 3 de febrero se le agregó la nueva pena inhibitoria. La suspensión de por vida de los derechos ciudadanos de una persona representa su “muerte civil” y es una nueva estrategia política del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. La figura jurídica utilizada por los jueces y fiscales para incorporarla no existe en la legislación nicaragüense, señalaron varios expertos.
222 presos políticos fueron desterrados este jueves por Managua y enviados a Estados Unidos en un vuelo de 8 horas que cubre una distancia de 3104 km. “Del penal de Chipote salieron cinco buses esta mañana”, indicó al medio “100% Noticias” la dirigente de una organización cívica nicaragüense que pidió guardar su identidad. La aerolínea Omni Air International, a cargo del vuelo, indicó en su página web que el Boeing 767-300 que anoche había arribado a Nicaragua con el propósito de transportar a los presos políticos a Washington, despegó de Managua a las 6:31 de la mañana este jueves.
Al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Daniel Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, unas figuras que no existe en el Código Penal de Nicaragua, y que buscan provocar la “muerte civil” de los opositores, consideran los expertos. En algunos casos la pena se incorporó incluso después de la sentencia, mediante reformas que han hecho los jueces a solicitud de la Fiscalía.
Y apenas unas horas después de la expulsión, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución con la cual «los traidores de la Patria» pierden la nacionalidad nicaragüense. La iniciativa de reforma del artículo 21 de la Constitución fue enviada con carácter de urgencia la mañana de este jueves y aprobadas minutos después. “La adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”, señala el artículo 21 reformado.
“¡Es una barbaridad!, señaló la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, consultada por vía telefónica. “Sentencias condenatorias que ya están casadas por la Corte Suprema de Justicia de forma definitiva y le hacen eso. Eso no se había visto. A mí me llaman del extranjero para preguntarme si esto de verdad está ocurriendo en Nicaragua, porque es una aberración jurídica”, señaló. Para la jurista, la jornada de declaración de “muerte civil” que emprendió el régimen nicaragüense contra los presos políticos fue la antesala de la liberación y destierro que se produjo este jueves. “Los liberan pero les dicen: “váyanse, que aquí no tienen ningún derecho. Son muertos civiles en Nicaragua”, dice. Señala, además, que el destierro o expulsión del país solo puede ser aplicada a extranjeros que comentan algún delito pero nunca a connacionales.
De hecho, el lunes de esta semana y después de cuatro días de juicio a puertas cerradas, la jueza del Segundo Distrito Penal de Juicio, Nadia Tardencilla, condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, conocido también como “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas”. Los siete religiosos condenados forman parte del equipo que trabajaba con monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y quien también enfrenta un proceso judicial aparte por los mismos delitos, sin que hasta ahora se haya emitido sentencia.
Ese mismo lunes, el Centro Nicaragüense de derechos Humanos (CENIDH) emitió un mensaje por twitter denunciando que “el régimen Ortega-Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua, el día de hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa”, afirmó. Además de los 10 años de prisión, la jueza Tardencilla les impuso penas de 800 días, multas e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, una figura que ha comenzado a usar el régimen de Daniel Ortega contra los presos políticos. “Una nueva aberración jurídica fue que también les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, señaló el CENIDH.
Poco antes, el 26 de enero, el sacerdote Óscar Benavidez fue condenado por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo del Distrito Penal de Juicio de Managua, a 10 años de prisión y al pago de 1400 dólares por los mismos delitos, “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas” y, a petición del fiscal, se incluyó en la pena “la pérdida de sus derechos ciudadanos”. En otro caso, el juez José Ramón Guillén Marín, del Juzgado de San Carlos, Río San Juan, reformó la sentencia contra el campesino Fredy Antonio Laguna para agregarle el nuevo castigo. “Se declara al condenado `traidor a la patria´ por lo que se le condena también a la pena de `pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos”, señala la sentencia, según copia en poder de la plataforma Despacho 505.
Sentencias que ya estaban a firme han sido reformadas para incluir la inhabilitación perpetua de derechos civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del opositor Víctor Hugo Tinoco, condenado a 13 años de prisión el 21 de febrero de 2022 y a quien el pasado 3 de febrero se le agregó la nueva pena inhibitoria. La suspensión de por vida de los derechos ciudadanos de una persona representa su “muerte civil” y es una nueva estrategia política del régimen de Daniel Ortega contra los opositores. La figura jurídica utilizada por los jueces y fiscales para incorporarla no existe en la legislación nicaragüense, señalaron varios expertos.
