Hay en Nicaragua más de 280 presos políticos, 222 de ellos fueron desterrados el miércoles de la semana pasada hacia Estados Unidos y, tras una reforma constitucional exprés en el Congreso, declarados “traidores a la Patria”. Además, sus bienes materiales les fueron confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto, llama la atención la diversidad de reacciones de los gobiernos de izquierda en la región: desde la condena frontal, pasando por la moderación y la ambigüedad, hasta el completo silencio.
En ese sentido, la oposición frontal del presidente chileno Gabriel Boric ha destacado en el panorama continental. El Mandatario se expresó a través de sus redes sociales como un gesto de solidaridad con la poeta y escritora Gioconda Belli, una de las afectadas por la decisión del gobierno de Daniel Ortega. En respuesta a un tuit de la artista, Boric señaló: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”. Y agregó una dura sentencia: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, añadió. Agregó Boric en su mensaje: “no están solos”, en referencia a Belli, el escritor Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro así como al periodista Carlos Chamorro.
Con anterioridad, la canciller chilena, Antonia Urrejola, también se había referido a la situación en el país centroamericano afirmando que “lo que se está conformando hace ya varios años (en Nicaragua) -y los hechos de las últimas semanas lo demuestran- es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, señaló. “Nos parece de suma gravedad y, al menos desde Chile, no sólo vamos a seguir denunciando esta situación, sino que vamos a seguir realizando las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a las personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización de Nicaragua. Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, terminó diciendo la secretaria de Estado chilena.
También la cancillería de Ecuador condenó en un comunicado la retirada de la nacionalidad y la confiscación de bienes a los opositores en Nicaragua, calificando la medida como una “aberración jurídica que va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”. “Llamamos a rectificar, a liberar a los presos políticos y a devolver a este país a la vida democrática” manifiesta el gobierno del derechista Guillermo Lasso.
En contraste con estas reacciones, otros gobiernos de la región han optado por respuestas muy alejadas de la frontalidad del gobierno de Chile para objetivar los sucesos nicaragüenses. Especialmente los de Brasil, Argentina, Colombia y México. De hecho, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la inquietud de los medios internacionales respecto al tema con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que afirma que México sigue puntualmente la situación de las personas deportadas de Nicaragua y asegura que el gobierno se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de ese grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria. El gobierno de López Obrador suele invocar el principio constitucional de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, graficando una constante: la ambigüedad cuando se trata de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por su parte, el gobierno de Colombia también se pronunció a través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, en el que expresa su “preocupación por la decisión de quitar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. “Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, señala, agregando que el gobierno del presidente Gustavo Petro “sigue con atención las decisiones del Gobierno de Nicaragua con respecto al importante grupo de personas detenidas en ese país”.
Hasta el cierre de esta nota, los gobiernos de Brasil y Argentina no se habían manifestado oficialmente sobre los acontecimientos en Nicaragua. Ello, pese a que el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmara a mediados de enero que Nicaragua “no es” una democracia y que Brasil condena las violaciones a los derechos humanos en ese país.
En el caso de Argentina, su presidente Alberto Fernández dio recientemente lo que muchos consideraron una muestra de respaldo a los regímenes de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro al asegurar en la cumbre de la CELAC que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos”. Pero, aparte de eso, silencio absoluto. Por su parte, Cuba y Venezuela, los principales aliados de Nicaragua en la región, tampoco se han pronunciado oficialmente sobre el asunto.
Hay en Nicaragua más de 280 presos políticos, 222 de ellos fueron desterrados el miércoles de la semana pasada hacia Estados Unidos y, tras una reforma constitucional exprés en el Congreso, declarados “traidores a la Patria”. Además, sus bienes materiales les fueron confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto, llama la atención la diversidad de reacciones de los gobiernos de izquierda en la región: desde la condena frontal, pasando por la moderación y la ambigüedad, hasta el completo silencio.
En ese sentido, la oposición frontal del presidente chileno Gabriel Boric ha destacado en el panorama continental. El Mandatario se expresó a través de sus redes sociales como un gesto de solidaridad con la poeta y escritora Gioconda Belli, una de las afectadas por la decisión del gobierno de Daniel Ortega. En respuesta a un tuit de la artista, Boric señaló: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”. Y agregó una dura sentencia: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, añadió. Agregó Boric en su mensaje: “no están solos”, en referencia a Belli, el escritor Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro así como al periodista Carlos Chamorro.
Con anterioridad, la canciller chilena, Antonia Urrejola, también se había referido a la situación en el país centroamericano afirmando que “lo que se está conformando hace ya varios años (en Nicaragua) -y los hechos de las últimas semanas lo demuestran- es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, señaló. “Nos parece de suma gravedad y, al menos desde Chile, no sólo vamos a seguir denunciando esta situación, sino que vamos a seguir realizando las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a las personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización de Nicaragua. Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, terminó diciendo la secretaria de Estado chilena.
También la cancillería de Ecuador condenó en un comunicado la retirada de la nacionalidad y la confiscación de bienes a los opositores en Nicaragua, calificando la medida como una “aberración jurídica que va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”. “Llamamos a rectificar, a liberar a los presos políticos y a devolver a este país a la vida democrática” manifiesta el gobierno del derechista Guillermo Lasso.
En contraste con estas reacciones, otros gobiernos de la región han optado por respuestas muy alejadas de la frontalidad del gobierno de Chile para objetivar los sucesos nicaragüenses. Especialmente los de Brasil, Argentina, Colombia y México. De hecho, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la inquietud de los medios internacionales respecto al tema con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que afirma que México sigue puntualmente la situación de las personas deportadas de Nicaragua y asegura que el gobierno se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de ese grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria. El gobierno de López Obrador suele invocar el principio constitucional de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, graficando una constante: la ambigüedad cuando se trata de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por su parte, el gobierno de Colombia también se pronunció a través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, en el que expresa su “preocupación por la decisión de quitar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. “Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, señala, agregando que el gobierno del presidente Gustavo Petro “sigue con atención las decisiones del Gobierno de Nicaragua con respecto al importante grupo de personas detenidas en ese país”.
Hasta el cierre de esta nota, los gobiernos de Brasil y Argentina no se habían manifestado oficialmente sobre los acontecimientos en Nicaragua. Ello, pese a que el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmara a mediados de enero que Nicaragua “no es” una democracia y que Brasil condena las violaciones a los derechos humanos en ese país.
En el caso de Argentina, su presidente Alberto Fernández dio recientemente lo que muchos consideraron una muestra de respaldo a los regímenes de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro al asegurar en la cumbre de la CELAC que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos”. Pero, aparte de eso, silencio absoluto. Por su parte, Cuba y Venezuela, los principales aliados de Nicaragua en la región, tampoco se han pronunciado oficialmente sobre el asunto.
Hay en Nicaragua más de 280 presos políticos, 222 de ellos fueron desterrados el miércoles de la semana pasada hacia Estados Unidos y, tras una reforma constitucional exprés en el Congreso, declarados “traidores a la Patria”. Además, sus bienes materiales les fueron confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto, llama la atención la diversidad de reacciones de los gobiernos de izquierda en la región: desde la condena frontal, pasando por la moderación y la ambigüedad, hasta el completo silencio.
En ese sentido, la oposición frontal del presidente chileno Gabriel Boric ha destacado en el panorama continental. El Mandatario se expresó a través de sus redes sociales como un gesto de solidaridad con la poeta y escritora Gioconda Belli, una de las afectadas por la decisión del gobierno de Daniel Ortega. En respuesta a un tuit de la artista, Boric señaló: “Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”. Y agregó una dura sentencia: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, añadió. Agregó Boric en su mensaje: “no están solos”, en referencia a Belli, el escritor Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro así como al periodista Carlos Chamorro.
Con anterioridad, la canciller chilena, Antonia Urrejola, también se había referido a la situación en el país centroamericano afirmando que “lo que se está conformando hace ya varios años (en Nicaragua) -y los hechos de las últimas semanas lo demuestran- es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, señaló. “Nos parece de suma gravedad y, al menos desde Chile, no sólo vamos a seguir denunciando esta situación, sino que vamos a seguir realizando las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a las personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización de Nicaragua. Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, terminó diciendo la secretaria de Estado chilena.
También la cancillería de Ecuador condenó en un comunicado la retirada de la nacionalidad y la confiscación de bienes a los opositores en Nicaragua, calificando la medida como una “aberración jurídica que va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”. “Llamamos a rectificar, a liberar a los presos políticos y a devolver a este país a la vida democrática” manifiesta el gobierno del derechista Guillermo Lasso.
En contraste con estas reacciones, otros gobiernos de la región han optado por respuestas muy alejadas de la frontalidad del gobierno de Chile para objetivar los sucesos nicaragüenses. Especialmente los de Brasil, Argentina, Colombia y México. De hecho, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la inquietud de los medios internacionales respecto al tema con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que afirma que México sigue puntualmente la situación de las personas deportadas de Nicaragua y asegura que el gobierno se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de ese grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria. El gobierno de López Obrador suele invocar el principio constitucional de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, graficando una constante: la ambigüedad cuando se trata de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Por su parte, el gobierno de Colombia también se pronunció a través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, en el que expresa su “preocupación por la decisión de quitar la nacionalidad nicaragüense a 94 personas. “Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, señala, agregando que el gobierno del presidente Gustavo Petro “sigue con atención las decisiones del Gobierno de Nicaragua con respecto al importante grupo de personas detenidas en ese país”.
Hasta el cierre de esta nota, los gobiernos de Brasil y Argentina no se habían manifestado oficialmente sobre los acontecimientos en Nicaragua. Ello, pese a que el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmara a mediados de enero que Nicaragua “no es” una democracia y que Brasil condena las violaciones a los derechos humanos en ese país.
En el caso de Argentina, su presidente Alberto Fernández dio recientemente lo que muchos consideraron una muestra de respaldo a los regímenes de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro al asegurar en la cumbre de la CELAC que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos”. Pero, aparte de eso, silencio absoluto. Por su parte, Cuba y Venezuela, los principales aliados de Nicaragua en la región, tampoco se han pronunciado oficialmente sobre el asunto.
