Los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero señalaron la falta de diligencias “efectivas y contundentes” para investigar y “encontrar la justicia” 43 años después del luctuoso suceso que causó impacto internacional. Ya en mayo de 2017, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador había dictado la reapertura de la causa por el homicidio del prelado y, en octubre de 2018, se ordenó a la Fiscalía General de la República realizar una nueva investigación.
No obstante, el abogado Alejandro Díaz, de la organización humanitaria Tutela Legal, denunció el jueves de esta semana en conferencia de prensa que la impunidad que cubre este caso judicial sigue vigente. “En el 2017 se reabrió la causa y han pasado varios años ya sin que se hubieran realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar ante la justicia a los responsables del crimen, que sigue impune a 43 años de perpetrado”, declaró Díaz.
Por su parte, el jurista Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, agregó que “el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos”.
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital del cáncer Divina Providencia, en San Salvador. El ahora santo salvadoreño se pronunciaba permanentemente contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos durante los años previos a la cruenta guerra civil, por lo que se alzó como un referente fundamental en la defensa de las personas más vulnerables en la nación centroamericana.
La Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido en 1992 por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los que pusieron fin a la sangrienta Guerra civil, un conflicto que se prolongó por 12 años y costó la vida de unos 90 mil salvadoreños. Su propósito específico fue investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período bélico.
Así, ya en 1993 la Comisión evacuó un Informe que señalaba como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido del que fue diputado y candidato presidencial. Ese informe, denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador”, arrojó conclusiones fundamentales sobre la muerte del arzobispo
Allí se establecía, entre otras cosas, que D’Aubuisson impartió instrucciones a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila para organizar y supervisar la ejecución del religioso. Asimismo, brindaba detalles logísticos sobre el pago al francontirador que terminó con la vida del arzobispo y cómo la Corte Suprema de Justicia de la época dificultó las investigaciones. En la planificación y ejecución del asesinato -se afirmaba- participaron los mencionados Saravia y Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Sería la anulación de la ley de amnistía de 1993 por parte de la Corte Suprema salvadoreña en 2016 lo que permitió la reapertura del caso y de los procesos por la masacre de unos mil campesinos en la masacre de El Mozote (en 1981) y de seis sacerdotes jesuitas (en 1989), aunque ambas investigaciones con avances lentos y sin resoluciones aún. No obstante, ello no significó avanzar en el caso del santo salvadoreño.
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después que el papa Francisco firmara, meses antes, un decreto en que se reconocía un milagro atribuido al religioso. El sacerdote ya había sido beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.
43 años después, se sigue clamando por un “milagro”: que se haga justicia a monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Imagen de portada: RFI/Reuters
Los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero señalaron la falta de diligencias “efectivas y contundentes” para investigar y “encontrar la justicia” 43 años después del luctuoso suceso que causó impacto internacional. Ya en mayo de 2017, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador había dictado la reapertura de la causa por el homicidio del prelado y, en octubre de 2018, se ordenó a la Fiscalía General de la República realizar una nueva investigación.
No obstante, el abogado Alejandro Díaz, de la organización humanitaria Tutela Legal, denunció el jueves de esta semana en conferencia de prensa que la impunidad que cubre este caso judicial sigue vigente. “En el 2017 se reabrió la causa y han pasado varios años ya sin que se hubieran realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar ante la justicia a los responsables del crimen, que sigue impune a 43 años de perpetrado”, declaró Díaz.
Por su parte, el jurista Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, agregó que “el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos”.
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital del cáncer Divina Providencia, en San Salvador. El ahora santo salvadoreño se pronunciaba permanentemente contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos durante los años previos a la cruenta guerra civil, por lo que se alzó como un referente fundamental en la defensa de las personas más vulnerables en la nación centroamericana.
La Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido en 1992 por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los que pusieron fin a la sangrienta Guerra civil, un conflicto que se prolongó por 12 años y costó la vida de unos 90 mil salvadoreños. Su propósito específico fue investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período bélico.
Así, ya en 1993 la Comisión evacuó un Informe que señalaba como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido del que fue diputado y candidato presidencial. Ese informe, denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador”, arrojó conclusiones fundamentales sobre la muerte del arzobispo
Allí se establecía, entre otras cosas, que D’Aubuisson impartió instrucciones a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila para organizar y supervisar la ejecución del religioso. Asimismo, brindaba detalles logísticos sobre el pago al francontirador que terminó con la vida del arzobispo y cómo la Corte Suprema de Justicia de la época dificultó las investigaciones. En la planificación y ejecución del asesinato -se afirmaba- participaron los mencionados Saravia y Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Sería la anulación de la ley de amnistía de 1993 por parte de la Corte Suprema salvadoreña en 2016 lo que permitió la reapertura del caso y de los procesos por la masacre de unos mil campesinos en la masacre de El Mozote (en 1981) y de seis sacerdotes jesuitas (en 1989), aunque ambas investigaciones con avances lentos y sin resoluciones aún. No obstante, ello no significó avanzar en el caso del santo salvadoreño.
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después que el papa Francisco firmara, meses antes, un decreto en que se reconocía un milagro atribuido al religioso. El sacerdote ya había sido beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.
43 años después, se sigue clamando por un “milagro”: que se haga justicia a monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Imagen de portada: RFI/Reuters
Los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero señalaron la falta de diligencias “efectivas y contundentes” para investigar y “encontrar la justicia” 43 años después del luctuoso suceso que causó impacto internacional. Ya en mayo de 2017, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador había dictado la reapertura de la causa por el homicidio del prelado y, en octubre de 2018, se ordenó a la Fiscalía General de la República realizar una nueva investigación.
No obstante, el abogado Alejandro Díaz, de la organización humanitaria Tutela Legal, denunció el jueves de esta semana en conferencia de prensa que la impunidad que cubre este caso judicial sigue vigente. “En el 2017 se reabrió la causa y han pasado varios años ya sin que se hubieran realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y para llevar ante la justicia a los responsables del crimen, que sigue impune a 43 años de perpetrado”, declaró Díaz.
Por su parte, el jurista Ovidio Mauricio, también de Tutela Legal, agregó que “el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos”.
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital del cáncer Divina Providencia, en San Salvador. El ahora santo salvadoreño se pronunciaba permanentemente contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos durante los años previos a la cruenta guerra civil, por lo que se alzó como un referente fundamental en la defensa de las personas más vulnerables en la nación centroamericana.
La Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido en 1992 por los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, los que pusieron fin a la sangrienta Guerra civil, un conflicto que se prolongó por 12 años y costó la vida de unos 90 mil salvadoreños. Su propósito específico fue investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período bélico.
Así, ya en 1993 la Comisión evacuó un Informe que señalaba como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido del que fue diputado y candidato presidencial. Ese informe, denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador”, arrojó conclusiones fundamentales sobre la muerte del arzobispo
Allí se establecía, entre otras cosas, que D’Aubuisson impartió instrucciones a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila para organizar y supervisar la ejecución del religioso. Asimismo, brindaba detalles logísticos sobre el pago al francontirador que terminó con la vida del arzobispo y cómo la Corte Suprema de Justicia de la época dificultó las investigaciones. En la planificación y ejecución del asesinato -se afirmaba- participaron los mencionados Saravia y Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Sería la anulación de la ley de amnistía de 1993 por parte de la Corte Suprema salvadoreña en 2016 lo que permitió la reapertura del caso y de los procesos por la masacre de unos mil campesinos en la masacre de El Mozote (en 1981) y de seis sacerdotes jesuitas (en 1989), aunque ambas investigaciones con avances lentos y sin resoluciones aún. No obstante, ello no significó avanzar en el caso del santo salvadoreño.
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después que el papa Francisco firmara, meses antes, un decreto en que se reconocía un milagro atribuido al religioso. El sacerdote ya había sido beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa.
43 años después, se sigue clamando por un “milagro”: que se haga justicia a monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Imagen de portada: RFI/Reuters
