Desde hace mucho tiempo que se ha instalado la sensación de que Chile vive una crisis de seguridad. Lamentablemente, nuestra institucionalidad no se ha adaptado a tiempo y hoy estamos enfrentando las consecuencias de no tener los instrumentos adecuados para enfrentar esta situación. Es más, voces irresponsables insisten con medidas efectistas que no resuelven el problema real, presionando por mayores niveles de militarización -como varios en la derecha política-, o por la represión de discursos y símbolos, tal como planteó el senador Insulza en una entrevista en La Segunda el martes 28 de marzo. Ante esto, debemos recordar que cuando hablamos de seguridad no podemos caer en la trampa de las respuestas mágicas: no existen las soluciones fáciles, simples ni inmediatas, el trabajo debe ser serio y con proyección.

En ese sentido, es importante remarcar que el uso de los Estados de Excepción Constitucional (EEC) es, como su mismo nombre lo indica, excepcional y no permanente. Es una herramienta que el Estado tiene para enfrentar una situación específica y generar las condiciones que permitan su solución. Hoy en día diversas personalidades políticas han malentendido su función y su eficacia. Pareciera que el senador Juan Luis Castro asume que las Fuerzas Armadas no tienen una misión primordial en cuanto a nuestra Defensa Nacional, y que estas funciones son intercambiables con las que cumplen las policías. A nivel mundial existe experiencia en estos casos, y México destaca con la “guerra a las drogas” del gobierno Calderón. El resultado fue de 275 mil muertos entre 2006 y 2019 incluyendo narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad, periodistas, defensores de DD.HH. y civiles sin identificar ejecutados por alguno de los bandos armados. El senador también asume que los EEC son la solución perfecta para todo tipo de problemas, sin importar lo diferentes que sean entre sí.

En este punto, hay que tomar en consideración no sólo los evidentes problemas que este uso indiscriminado tiene para las propias FF.AA., como el desgaste de efectivos y material, la pérdida de especialización, el someterlos a situaciones para las que no están preparados en formación y doctrina, como el manejo de civiles en situaciones de tensión –basta con recordar los casos de David Riquelme, muerto por infantes de marina tras el maremoto de 2010 en Hualpén, o los de Mario Acuña y el incendio de la empresa Kayser en 2019-; sino que también conlleva un grave problema para las propias policías que se ven debilitadas.

Hasta ahora, la propuesta ante los problemas enfrentados por Carabineros y la PDI ha sido reemplazarlas por las FF.AA. como respuesta “mágica”, bajo el entendido de que la amenaza de una violencia militar fuera la solución. Así fue durante la revuelta de 2019, cuando Sebastián Piñera eligió colocar a Carabineros en una situación de tensión y represión descontrolada con el objetivo de evitar asumir el conflicto político y social que había producido la crisis, estrategia que, tras fallar trajo consigo el despliegue de FF.AA. para labores policiales.

Ese primer paso abrió la puerta a que, en los años siguientes, constantemente se insistiera en su uso ante la crisis fronteriza en el norte, a la posterior discusión de la Ley sobre Infraestructura Crítica, y ahora en los llamados a utilizar la fuerza militar para tareas que indiscutiblemente son de carácter interno y de seguridad pública, ajenas a sus deberes relacionados con la defensa nacional.

Como contraparte, la reforma policial sigue sin ser profundizada, sin incluir la discusión sobre el tipo de instituciones policiales y de inteligencia que el país necesita para enfrentar los nuevos desafíos en seguridad pública, ni tampoco sus capacidades y el cómo fortalecerlas. Al contrario, cuando se discute sobre las policías, el cortoplacismo, el populismo y el oportunismo continúan evadiendo la discusión de fondo. Aparecen así propuestas de ley como la llamada “Retamal-Naín”, que más que beneficiar a Carabineros de Chile, es muy probable que genere un daño importantísimo a la institución al exponerlos innecesariamente a mayores situaciones de riesgo y cuestionamientos judiciales en el futuro, en vez de fortalecer su entrenamiento y procedimientos. Como siempre, se deja de lado la realidad concreta de la institución y la necesidad de fortalecer su institucionalidad y sus procedimientos para combatir la corrupción, mejorar sus condiciones laborales y de vida (de los funcionarios y sus familias), su entrenamiento, su formación, su equipamiento, su armamento e infraestructura, elementos todos que permitirían realmente protegerlos a ellos y a la sociedad.

Una materia tan importante como la seguridad pública no puede quedar a merced de intereses mezquinos y cálculos electoralistas. Salidas efectistas como las de la derecha y los llamados del diputado Lagomarsino a instaurar Estados de Excepción Constitucional, las alabanzas a Bukele del senador Castro, o la obsesión del senador Insulza contra la revuelta social -obviando los episodios de violencia policial y buscando perseguir a quien critique a Carabineros-, no son más que, en buen chileno, una “venta de humo” que tapa el problema real.

Al final del día, detrás del constante llamado a sacar a los militares a las calles por parte de figuras de la derecha, se vislumbra el histórico “roteo” al que han sometido a los policías en nuestro país, a los que redujeron prácticamente al nivel de guardias privados en los últimos años, debilitando su entrenamiento y formación.

Pero lo cierto es que, pese al escándalo mediático de las últimas semanas, los datos duros indican que la delincuencia en general ha disminuido, e incluso la tasa de victimización no ha parado de reducirse, de un 28% en 2017 a un 16,9% en 2021. Basta con revisar las “Series sobre la criminalidad en Chile” de enero de 2023, editadas por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la U. Católica, que indica que incluso la victimización por tipos de delitos ha bajado en hurtos, robo con violencia, robo por sorpresa, con fuerza en vivienda y lesiones. Lo que no ha disminuido es la sensación de inseguridad. Por otro lado, según la misma fuente, lo que ha cambiado es la forma cómo están ocurriendo los delitos, con un aumento de los homicidios y balaceras, así como la falta de control territorial por parte del Estado.

En ese sentido, lo que se requiere es menos populismo y más acuerdos que permitan fortalecer a las policías -y los aparatos de inteligencia- para enfrentar los nuevos desafíos en seguridad, asociados al crimen organizado y el narcotráfico, con nuevas dinámicas delictivas, más localizadas pero más impactantes en sus modos de operar. Nuestro país merece más seriedad por parte de los políticos en esta materia, así como también de los medios de comunicación, figuras públicas y referentes de opinión que se esfuerzan, de manera consciente o inconsciente, por instalar un estado general de descontrol, miedo y violencia que solo apunta a salidas falsas.