El académico de la U. de Chile aseguró que la iniciativa es “manifiestamente iliberal” y afirmó que los militares obtendrían resultados relativos, “porque lo que realmente se necesita para combatir el narcotráfico es inteligencia policial”.
La diputada RN cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de ampliar facultades presidenciales. Sin embargo, respaldó avanzar en la reforma siempre que se introduzcan cambios.
El excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración de Sebastián Piñera sostiene que el estado de emergencia vigente ya permite desplegar las herramientas que busca incorporar el Ejecutivo mediante un cambio a la Constitución.
A propósito de las diferencias que manifestó el gremialismo previo al ingreso del proyecto, el parlamentario reconoció que la iniciativa del Ejecutivo careció de trabajo prelegislativo y exigió mayor consideración hacia los partidos del sector.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
Mauricio Flores, coordinador de la organización, afirmó que “un Estado democrático no demuestra su fortaleza exhibiendo a personas privadas de libertad como parte de su política de seguridad”.
En el marco de la presentación del libro “La Resaca”, el exmandatario defendió políticas impulsadas por su administración, reflexionó sobre el diseño de su primer gabinete y tildó de “error” que su sector apoyara los retiros de fondos previsionales.
RN expuso sus reparos, mientras que Republicanos y la UDI respaldaron la iniciativa del Ejecutivo. En paralelo, La Moneda logró que la Ley Naín-Retamal 2.0 avanzara al Senado. “Vamos sumando buenas noticias”, destacó el ministro Martín Arrau.
Según detalló el Gobierno, la reforma constitucional busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública e incorpora por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
La directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia subrayó que “una política de seguridad que no incluye detener, investigar o saber por qué se están muriendo los niños en el país, está incompleta”.
La parlamentaria cuestionó la falta de prevención, control de armas y persecución de la ruta del dinero en los anuncios del Ejecutivo, además de advertir sobre el eventual uso de las Fuerzas Armadas en barrios críticos.
“Juntos somos más en contra del crimen organizado. Juntos vamos a lograr que Chile vuelva a tener ese lugar que nunca debió haber perdido de ser el país más seguro de toda Latinoamérica”, señaló el mandatario.
El Presidente anunció una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, junto con una reforma constitucional que consagre la protección de la seguridad de las personas.
“Las capas de violencia y desigualdad que se van acumulando” advierte un grupo de investigadores al publicar un reciente libro donde incluyen distintos relatos sobre la historia de esta zona en Arica.
La cifra de victimización por delitos violentos muestra una disminución de 0,6 puntos porcentuales en relación con la medición del año 2024, cuando este índice alcanzó un 8,5%, una diferencia que es estadísticamente significativa.
El mandatario aseguró que hay un “segundo terremoto” en esta materia. También llamó a avanzar en una “agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar”. “La libertad y el orden democrático son innegociables”, dijo además en su mensaje.
