Ha quedado en evidencia lo urgente que es profundizar el debate sobre seguridad y extenderlo más allá de la actual discusión parlamentaria, teñida de declaraciones polémicas, utilización engañosa del dolor, populismos penales y relativización del respeto a los derechos humanos. La seguridad en Chile, país desigual, es un problema urgente y de Estado. Por ende, su solución es de carácter estructural y es imposible entenderla como patrimonio de un sector que por siglos se ha negado a los cambios reales.

Por un lado, plantear que este gobierno no se ha hecho cargo del tema seguridad es un argumento falaz. Sobre esto demos ejemplos concretos: es nuestro gobierno el que ha puesto énfasis en seguridad aumentando el presupuesto en 4,4% en materia de orden y seguridad pública, en un 65% el presupuesto de la Secretaría de Prevención del Delito para los municipios y proyecta que el 100 % de los municipios del norte tendrá vehículos de patrullaje y ha trabajado en mejorar y reponer la flota de vehículos policiales en todo el país. Además, dado los últimos acontecimientos ha decidido invertir US$1.500 millones anuales en el Plan Calles Sin Violencia. Estas son respuestas inmediatas y necesarias.

Sin embargo, es necesario ampliar la discusión y volver a nuestro primer planteamiento porque la desigualdad y la injusticia son la real tierra fértil para la violencia y, por esto, el Chile desigual se ha convertido en terreno dispuesto para el narcotráfico. En la Región Metropolitana, las zonas ocupadas por la actividad narco han pasado de 80 a 174, según datos publicados por el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, en colaboración con Ciper. La investigación demuestra una relación entre la falta de acceso a servicios básicos y el tráfico de drogas, lo que se vería agudizado por problemas de infraestructura y equipamiento de las poblaciones más expuestas a este tipo de crimen organizado.

En ese sentido, es inconcebible pensar en un combate a la delincuencia que no tenga en sus bases el fortalecimiento de la educación pública y en el desarrollo de políticas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes más vulnerados. Según el Estudio Económico de Chile elaborado por la OCDE (2021) el Estado chileno debe aumentar su gasto público en educación, uno de los más bajos de los países de dicha organización, si desea combatir la desigualdad. “En Chile, el acceso a la educación de calidad está fuertemente vinculado al estatus socioeconómico, lo cual perpetúa las desigualdades. Mejorar la educación para todos sería una forma de abordar parte del descontento por las desigualdades de ingresos y niveles de vida que desencadenaron las protestas sociales en 2019”, indica el informe del organismo.

Pareciera obvio mencionarlo, pero el populismo penal y los discursos engañosos nos obliga: toda legislación en materia de seguridad debe restablecer el orden y otorgar seguridad a todas las personas, garantizando de manera irrestricta el respeto por los derechos humanos. Aunque durante la discusión de las últimas semanas desde la derecha se hayan buscado instalar que nosotros y nosotras no podemos hablar de este tema, no dejaremos de hablar de seguridad pública. Es un tema que nos ocupa y que, aunque ellos así lo intenten instalar, no se soluciona con el mero endurecimiento de penas o la defensa legítima privilegiada, como se estableció en la ley Naín-Retamal.

Ante este escenario, existe una clara necesidad de implementar un plan de emergencia de intervención sociocomunitaria en aquellos sectores y barrios más afectados por el narcotráfico. Un programa que contemple un enfoque estratégico y preventivo, en base a un diagnóstico de las condiciones de acceso a servicios básicos, centros educacionales, centros de salud primaria, acceso cultural y farmacias. Lo anterior,  sin perjuicio de las demás medidas que se implementen en orden a restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población más expuesta a este tipo de delitos.

Hablar de seguridad es poner en la mesa, en las legislaciones y en las políticas públicas la recuperación de la educación pública, la reinserción social y, sobre todo, la real voluntad política de realizar los cambios estructurales que hagan de este país uno justo, con dignidad y sin desigualdades. De otra forma, continuaremos un círculo de vulneraciones con un Estado que abandona y castiga.

Daniela Serrano
Diputada
Presidenta Juventudes Comunistas