Todos sabemos que la Contraloría General de la República emitió un dictamen vinculante, en donde se refleja que el contrato de compraventa, por la famosa clínica Sierra Bella, en una altísima suma de dinero, firmado entre la inmobiliaria San Valentino SpA y la municipalidad de Santiago, no podrá materializarse. Este columnista tiene el deber, porque la prensa en general no lo ha dicho con claridad, que la única persona que objetó la compra, desde el principio, fue la concejal independiente Rosario Carvajal. El resto de los concejales, de izquierda a derecha, aprobaron sin más este proyecto de la alcaldesa.

Desde que se empezó a comentar esta situación, la alcaldesa Irací Hassler y sus principales asesores argumentaban muy convencidos que todo el proceso de la adquisición del inmueble era impecable y que nadie, en su sano juicio, podría objetar los 3 informes de tasación firmados por sendos arquitectos “expertos” y por ende confiables, contratados para ese efecto por la propia municipalidad de Santiago. La alcaldesa anunció en una conferencia de prensa que en el más breve plazo interpondrá acciones judiciales en contra de los peritos tasadores, Mylena Cárcamo, María José Sepúlveda y Patricio Gajardo, porque las abultadas cifras entregadas por ellos la indujeron a cometer el error de firmar esta operación comercial.

La Asociación de Tasadores de Chile (ASATCH) las emprendió en contra de sus colegas que se equivocaron, pero omitiendo lo que sucedió en estos días con los 3 tasadores, Andrés Risso,  Sonia Gallegos y Claudia Marzullo, también arquitectos, que intentaron hacerle un millonario regalo a la empresa Copec con motivo de la indemnización del MOP, por el terreno que se le expropia a la anterior en la comuna de Las Condes para construir allí una estación de la línea 7 del Metro.Esta tasación tramposa llegó al Consejo de Defensa del Estado (CDE),entidad que redujo en un 75% el monto de la indemnización.

El 04/04/2023 Megavisión puso en pantalla el reportaje “Los otros Sierra Bella cuestionadas en 3 comuna de Santiago”, en donde se da a conocer el pago en exceso de $ 430 millones, por parte de la Municipalidad de Las Condes, por una casa que un mes antes se había vendido en $ 422 millones, lo que fue denunciado por 4 concejales en el Ministerio Público, desconociéndose si en esta operación impropia, en la cual algunos avispados actores del mercado sacaron su buena tajada de dinero. En esta incorrecta operación no intervino un tasador, sino un corredor de propiedades cercano al municipio.

En ese mismo reportaje se informa sobre la compra en un alto precio de un terreno rural a un privado por parte de una de estas desprestigiadas “corporaciones municipales” en la comuna de Colina, cuyo destino sería construir allí un hospital para la zona norte de Santiago. El precio se determinó amistosamente esperándose que más adelante el gobierno regional aprobaría el cambio de uso de suelo para transformarlo en urbano, lo que no sucedió porque la Contraloría resolvió por varias razones que tal negocio era ilegal. El abultado dinero que la “corporación municipal” pagó al privado le fue transferido por la municipalidad de Colina, cuyo alcalde Mario Olavarría argumentaba que era intachable su actuación y que no era necesario que algún arquitecto tasara el terreno.

Hace unos 3 años se conoció el escándalo llamado por la prensa como Papaya Gate porque se cometió con la compra, por parte del gobierno regional de la 4a. región, de un terreno en un subido precio, ofrecido a esa instancia pública por unos sagaces inmobiliarios, operación comercial siempre avalada por la intendenta de entonces, Lucía Pinto, funcionaria que buscando la concreción del negocio engañó a la Contraloría. Los arquitectos “peritos” en avaluaciones de inmuebles manifestaron en diferentes fechas los siguientes montos para ese predio:

En enero de 2019 los tasadores Pablo Gómez y Javiera Lora le asignaron al terreno un precio de $ 4.000.000.000. En febrero de 2020 los mismos tasadores aumentaron el precio a $ 9.180.000.000. En junio de 2020 los tasadores Arturo Layana y Eugenio Jiménez dijeron que el precio era $ 9.000.000.000, con lo cual queda de manifiesto que ellos no tienen las competencias necesarias para ejercer esa función y obviamente el mencionado gobierno regional pagó la suma más alta, para beneficio exclusivo del vendedor.

Conclusión: si queremos normalizar la institución de los tasadores de inmuebles, el gobierno deberá tomar cartas en el asunto para que próximamente tengamos un cuerpo legal regulador de esa actividad comercial, ya que dejar solo en manos de privados esta función es de alto riesgo.