Tras el archivo definitivo del caso Sierra Bella, la exalcaldesa de Santiago criticó la utilización de causas judiciales con fines políticos. Además, defendió la educación pública y criticó los retrocesos en el barrios Meiggs.
Mediante un comunicado la colectividad cuestionó la legalidad de la filtración y recalcó que las multas investigadas fueron pagadas, poniendo énfasis en la necesidad de respetar los tiempos de la justicia.
La exalcaldesa de Santiago apuntó a las responsabilidades del Partido Republicano luego de que no se encontraran pruebas de delito. Asimismo, cuestionó la falta de resguardo a sus conversaciones privadas en el marco de la investigación.
Tras la decisión del fiscal Patricio Cooper de no perseverar en la causa, el representante legal de la exalcaldesa, Miguel Schurmann, adelantó que evaluarán medidas contra las personas que impulsaron la investigación.
El fiscal Cooper decidió no perseverar en el procedimiento porque no pudo “reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”. El abogado querellante por el Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, criticó la decisión.
“Matonaje político”, así tildó el PC la amenaza de Chile Vamos de presentar una nueva moción de censura contra la mesa de la Corporación. Según la diputada Ossandón (RN), la parlamentaria comunista “carece de autoridad para conducir” la testera.
La PDI incautó material en la vivienda de la parlamentaria, donde se requisaron dispositivos electrónicos como un notebook y un teléfono celular. Según Fiscalía, el procedimiento se realizó sin inconvenientes.
Todos sabemos que la Contraloría General de la República emitió un dictamen vinculante, en donde se refleja que el contrato de compraventa, por la famosa clínica Sierra Bella, en una altísima suma de dinero, firmado entre la inmobiliaria San Valentino SpA y la municipalidad de Santiago, no podrá materializarse. Este columnista tiene el deber, porque la […]
Esto luego del dictamen de la Contraloría dado a conocer hoy. La edil destacó que en su decisión se señaló que el proceso fue transparente y destacó que no hubo gasto de fondos municipales.
La denuncia nació debido a la adquisición de la exclínica Sierra Bella por un monto de $8.200 millones, cuando el avalúo fiscal de la propiedad es de $2.000 millones, y su valor era de $3.347 millones previo al interés de la Municipalidad.
