“Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el Complejo Penitenciario de Changi”, dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur. Tangaraju, de 46 años, había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para ser acreedor a la pena capital en Singapur. Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión.
La Oficina de DD.HH. en Singapur había solicitado al gobierno que “reconsiderara urgentemente” la ejecución, recordando a Singapur que debe respetar sus “obligaciones internacionales” para garantizar, entre otras cuestiones, que todo acusado tenga “derecho a un juicio justo”. Por su parte, la ONG Amnistía Internacional confirmó este miércoles la ejecución, agregando que el individuo fue ahorcado alrededor de las 6 de la madrugada (hora local), en una medida que AI calificó como “ilegal”, cuestionando desde las características del proceso hasta el fondo del caso.
La subdirectora de Amnistía para la región, Ming Yu Hah, subrayó, además, que las políticas antidrogas adoptadas por Singapur “han fracasado no sólo a la hora de detener su consumo y acceso a ellas”, sino también a la hora de ir más allá y responder a los “daños” asociados a este tipo de sustancias. Ming ha reclamado una moratoria inmediata de las ejecuciones en Singapur como paso previo a la “plena abolición” de la pena de muerte.
En ese sentido, también la familia del sentenciado había rogado clemencia, intentando vanamente que se repitiera el juicio. “Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado. A ellos se suma la voz del magnate británico Richard Branson, miembro de la organización internacional “Comisión Global de Política de Drogas”, quien afirmaba a principios de semana a la prensa que Tangaraju “no se encontraba en ningún lugar cercano” al punto donde fue descubierta la marihuana cuando fue detenido, agregando de modo lapidario que Singapur podía estar a un paso de matar a un hombre inocente.
Tangaraju, de origen tamil, fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera, a través de un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el kilo de marihuana en Singapur, pero sus abogados y familiares insisten en que el hombre jamás vio o siquiera tocó la droga. Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
Pero el Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable. Como toda prueba adujo que dos teléfonos celulares que, según la fiscalía, eran de su propiedad, los que habrían sido usados para coordinar la entrega de los narcóticos.
Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años provocado por la pandemia de coronavirus y no como una abstención debido a las críticas internacionales, como se pensó en un primer momento. Entre estas ejecuciones causó especial protesta a nivel internacional la sentencia contra Nagaenthran K. Dharmalingam, un malasio con discapacidad mental condenado y ejecutado por llevar 43 gramos de heroína.
En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado. Sin embargo, este centro financiero del sudeste asiático mantiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo basándose en el supuesto que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que esta creencia es “un mito”.
“Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el Complejo Penitenciario de Changi”, dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur. Tangaraju, de 46 años, había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para ser acreedor a la pena capital en Singapur. Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión.
La Oficina de DD.HH. en Singapur había solicitado al gobierno que “reconsiderara urgentemente” la ejecución, recordando a Singapur que debe respetar sus “obligaciones internacionales” para garantizar, entre otras cuestiones, que todo acusado tenga “derecho a un juicio justo”. Por su parte, la ONG Amnistía Internacional confirmó este miércoles la ejecución, agregando que el individuo fue ahorcado alrededor de las 6 de la madrugada (hora local), en una medida que AI calificó como “ilegal”, cuestionando desde las características del proceso hasta el fondo del caso.
La subdirectora de Amnistía para la región, Ming Yu Hah, subrayó, además, que las políticas antidrogas adoptadas por Singapur “han fracasado no sólo a la hora de detener su consumo y acceso a ellas”, sino también a la hora de ir más allá y responder a los “daños” asociados a este tipo de sustancias. Ming ha reclamado una moratoria inmediata de las ejecuciones en Singapur como paso previo a la “plena abolición” de la pena de muerte.
En ese sentido, también la familia del sentenciado había rogado clemencia, intentando vanamente que se repitiera el juicio. “Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado. A ellos se suma la voz del magnate británico Richard Branson, miembro de la organización internacional “Comisión Global de Política de Drogas”, quien afirmaba a principios de semana a la prensa que Tangaraju “no se encontraba en ningún lugar cercano” al punto donde fue descubierta la marihuana cuando fue detenido, agregando de modo lapidario que Singapur podía estar a un paso de matar a un hombre inocente.
Tangaraju, de origen tamil, fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera, a través de un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el kilo de marihuana en Singapur, pero sus abogados y familiares insisten en que el hombre jamás vio o siquiera tocó la droga. Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
Pero el Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable. Como toda prueba adujo que dos teléfonos celulares que, según la fiscalía, eran de su propiedad, los que habrían sido usados para coordinar la entrega de los narcóticos.
Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años provocado por la pandemia de coronavirus y no como una abstención debido a las críticas internacionales, como se pensó en un primer momento. Entre estas ejecuciones causó especial protesta a nivel internacional la sentencia contra Nagaenthran K. Dharmalingam, un malasio con discapacidad mental condenado y ejecutado por llevar 43 gramos de heroína.
En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado. Sin embargo, este centro financiero del sudeste asiático mantiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo basándose en el supuesto que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que esta creencia es “un mito”.
“Al singapurense Tangaraju Suppiah, de 46 años, se le ha ejecutado hoy la pena capital en el Complejo Penitenciario de Changi”, dijo un portavoz del servicio de prisiones de Singapur. Tangaraju, de 46 años, había sido condenado en 2017 por “participar en una conspiración de tráfico” de 1.017,9 gramos de cannabis, el doble del volumen mínimo necesario para ser acreedor a la pena capital en Singapur. Un año después fue sentenciado a muerte y el Tribunal de Apelación mantuvo la decisión.
La Oficina de DD.HH. en Singapur había solicitado al gobierno que “reconsiderara urgentemente” la ejecución, recordando a Singapur que debe respetar sus “obligaciones internacionales” para garantizar, entre otras cuestiones, que todo acusado tenga “derecho a un juicio justo”. Por su parte, la ONG Amnistía Internacional confirmó este miércoles la ejecución, agregando que el individuo fue ahorcado alrededor de las 6 de la madrugada (hora local), en una medida que AI calificó como “ilegal”, cuestionando desde las características del proceso hasta el fondo del caso.
La subdirectora de Amnistía para la región, Ming Yu Hah, subrayó, además, que las políticas antidrogas adoptadas por Singapur “han fracasado no sólo a la hora de detener su consumo y acceso a ellas”, sino también a la hora de ir más allá y responder a los “daños” asociados a este tipo de sustancias. Ming ha reclamado una moratoria inmediata de las ejecuciones en Singapur como paso previo a la “plena abolición” de la pena de muerte.
En ese sentido, también la familia del sentenciado había rogado clemencia, intentando vanamente que se repitiera el juicio. “Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno ha mostrado no tener piedad”, denunció hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado. A ellos se suma la voz del magnate británico Richard Branson, miembro de la organización internacional “Comisión Global de Política de Drogas”, quien afirmaba a principios de semana a la prensa que Tangaraju “no se encontraba en ningún lugar cercano” al punto donde fue descubierta la marihuana cuando fue detenido, agregando de modo lapidario que Singapur podía estar a un paso de matar a un hombre inocente.
Tangaraju, de origen tamil, fue implicado en el caso en marzo de 2014, seis meses después de que el intento de contrabando se produjera, a través de un supuesto contacto telefónico con dos personas para introducir el kilo de marihuana en Singapur, pero sus abogados y familiares insisten en que el hombre jamás vio o siquiera tocó la droga. Asimismo, sus parientes y activistas han denunciado que no recibió el asesoramiento legal adecuado y se le negó acceso a un intérprete tamil cuando fue interrogado inicialmente por la Policía.
Pero el Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable. Como toda prueba adujo que dos teléfonos celulares que, según la fiscalía, eran de su propiedad, los que habrían sido usados para coordinar la entrega de los narcóticos.
Su ejecución es la primera en seis meses en Singapur y la duodécima desde marzo de 2022, cuando el país volvió a aplicar estas penas tras un paréntesis de más de dos años provocado por la pandemia de coronavirus y no como una abstención debido a las críticas internacionales, como se pensó en un primer momento. Entre estas ejecuciones causó especial protesta a nivel internacional la sentencia contra Nagaenthran K. Dharmalingam, un malasio con discapacidad mental condenado y ejecutado por llevar 43 gramos de heroína.
En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado. Sin embargo, este centro financiero del sudeste asiático mantiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo basándose en el supuesto que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que esta creencia es “un mito”.
