La ciudadanía no termina de sacudirse del asombro que provocan ciertas conductas llevadas adelante por las “autoridades”, cuando aparece otra, otra y otra práctica reñida con la ética. Cuesta encontrar una semana en que la política no esté salpicada por la corrupción, situación gravísima pues la podredumbre en la que caen las instituciones del Estado no es ilimitada, no es eterna, tarde o temprano se derrumba, dando paso a regímenes autoritarios que destruyen la democracia.

Chile hace años que es asediada por la corrupción, las causas y consecuencias pueden encontrarse en distintos momentos en que la casta política acordó o pactó determinadas salidas a las crisis políticas. Cuando el 18 de octubre de 2019 el pueblo se levantó en todo el país, sin la dirección de los partidos y cuestionó los 30 años a través de la consigna “no eran 30 pesos, sino 30 años”, lo que había detrás de esa proclama era el hastío a la descomposición moral de quienes detentaban el poder: políticos, empresarios, jueces, curas, militares y policías, todos, unos más, unos menos; pero todos, corruptos.

Cuál era el común denominador en todos los actos espurios del poder: la impunidad.

De eso se había cansado el pueblo, de la impunidad que es injusticia.

La casta política siempre se ha unido para salvar el sistema, sistema que les permite gozar de los privilegios que en otras latitudes no alcanzarían, por ejemplo, el que los congresistas sean los mejores pagados del planeta.

El empate entre la derecha y la izquierda en estas últimas décadas ha sido notorio y repugnante. Y ha sido fruto de pactos ilegítimos llevados adelante antes de que asumiera Patricio Aylwin la conducción del Estado. Negociaciones llevadas adelante por Edgardo Boeninger con la dictadura para evitar cambios estructurales es quizá la prueba más irrefutable de que se ha pactado para dar impunidad a actos aberrantes y atentatorios a los derechos de las personas. De hecho, impunidad no solo para quienes violaron los derechos humanos, sino, para aquellos que se hicieron de la propiedad de las empresas públicas a través de privatizaciones oscuras.

Otro caso emblemático de negociación pactada fue el de Longueira con Insulza que impidió, como algunos señalan, la caída antes de terminar su mandato a Ricardo Lagos por el caso Mop-Gate.

La noticia de esta semana, que sindicó a Fundación Democracia Viva accediendo a recursos públicos de manera torcida es una muestra más de la descomposición moral de la política y de los políticos. No han faltado aquellos que evitando pronunciarse por el fondo, recurren al empate enarbolando los actos espurios de corrupción en que han caído personajes siniestros de la derecha.

De eso no cabe duda. La derecha es mucho más corrupta que la izquierda. Caso de los municipios es por lejos una muestra de ello. Pero, ¿es suficiente constatar que la derecha es más corrupta que la izquierda para estar conformes y satisfechos?, por supuesto que no.

Quienes se arrogan abrazar las banderas de la izquierda no tienen derecho a defenderse enrostrándole a la derecha los cientos de casos de corrupción.

La izquierda, la verdadera, esa que se pone y está siempre del lado de los trabajadores, de los más débiles, de los abusados, jamás podrá justificar a aquellos que desde sus filas transgreden los más elementales principios de probidad, austeridad, honestidad y consecuencia.

La política está asociada directamente a la ética. Una, es consustancial de la otra, y lo es, porque la política solo puede desarrollarse en la esfera de lo público, y lo público es de todos, es abierto, es transparente, no es oculto ni secreto. En esa dimensión la ética encuentra su sentido, y el político, está conminado en el espacio público a la búsqueda permanente del deber ser. Es el ethos que la sociedad demanda, que los hombres y mujeres demandan para poner fin, a la falta de ética en que se convirtió la política chilena.

Luis Mesina
Secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines
Vocero de la Coordinadora Nacional NO+AFP