Es un escenario complejo el que enfrenta la Comisión Asesora contra la Desinformación tras una primera semana donde la oposición y los consorcios mediáticos criticaron la iniciativa, lo cual ha llevado a clarificaciones del Gobierno, luego de su publicación en el Diario Oficial.

Este intento por dar lineamientos, en materia de desinformación, ha despertado alarmas desde un sector de la prensa a quien preocupa que el Gobierno se involucre en esta discusión. Sobre este debate reflexionó el autor, académico, periodista especializado en ética periodística y Premio Nacional de Periodismo de Chile en 2015, Abraham Santibáñez. 

El profesional señaló sentirse en primera instancia sorprendido una vez que escuchó de la Comisión oficial, pero aclaró que “no porque no sea necesario. Yo creo que con el actual estado de la revolución de las comunicaciones es evidente que se ha hecho urgente enfrentar un problema que no es nuevo”. 

Entonces, para el periodista se hace indispensable algún tipo de control, pero “el problema sin embargo es que, que yo sepa, nadie lo ha resuelto de buena manera sin poner en peligro la libertad de expresión que es un derecho fundamental y que es base para cualquier desarrollo democrático y, por lo tanto, tratar de combatir la desinformación como se ha hecho en algunos lugares con prohibiciones, con leyes, con castigos, no resulta”, enfatizó Santibáñez. 

En la misma línea, el también ex presidente del Colegio de Periodistas agregó que “aparentemente lo que se quiere hacer en Chile, en este caso, es tratar de buscar una manera nueva, pero tiene un problema que es ¿cómo se logra conciliar la libertad de expresión con la necesaria prohibición de noticias falsas?”. 

Dicho cuestionamiento, se suma a otras observaciones en que reparó el periodista en relación al contenido del decreto que anunció la instalación de la Comisión oficial. Por ejemplo, el hecho que se aloje en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya que, señaló, estaban acostumbrados a que este tipo de cuestiones se manejaran desde la Secretaría General de Gobierno, es decir, quienes se encargan precisamente de la relación con los medios. 

“Entonces ¿por qué meter al ministerio de Ciencia? Es algo que a mucha gente y a mí personalmente no me termina de convencer, creo que se menciona ciertamente en el decreto a la secretaría, pero es casi como lateral. Yo creo que debería ser un tema fundamental”, sugirió Santibáñez. 

Aunque al académico sí le parece positivo que se incluya a representantes de universidades estatales y privadas, sobre todo a las que cuentan con Escuelas de Periodismo, y, muy especialmente, también a organizaciones de chequeo de datos, el comunicador se pregunta quién estará a cargo de estas designaciones “porque es fundamental que en un trabajo de este tipo haya equilibrios de posiciones, haya sectores políticos diversos”. 

“No me queda claro cómo se va a formular esa Comisión y eso también genera dudas y resquemores porque, desgraciadamente, hemos visto que casi siempre en los gobiernos, incluso en los más democráticos, hay un cierto recelo frente a la libertad de expresión y, en este caso, eso podría ser muy peligroso dado lo que han dicho algunos representantes del Gobierno o los que están en el Congreso, respecto de esta materia”, comentó el periodista.

Además, para el comunicador que este anuncio surgiera sin aviso previo quiere decir que hay mucho debate no resuelto todavía entre quienes están propiciando la iniciativa y entre quienes se encuentran tanto dentro como fuera del Gobierno y no conocían de la instalación de la Comisión. Santibáñez declaró que “ese tipo de situaciones yo lo entiendo en el caso de la defensa nacional, el peligro de invasión extranjera, pero en un tema como la información que nos pertenece a todos, desde luego no solo a los periodistas, es necesario que cualquier debate pueda ser compartido”. 

Por otro lado, recordó Santibáñez que al final de la dictadura un grupo se dedicó a estudiar lo que era la desinformación en esos tiempos. Sobre esto dijo tener la impresión “de que nadie de los que está hoy día pensando en este tema en el Gobierno tiene idea siquiera qué fue el seminario que se hizo en 1988, entonces desgraciadamente es como habitual desde este gobierno, partir de la base que todo lo que estamos haciendo ahora es por primera vez porque somos los únicos capaces de tener tanta imaginación, me parece terriblemente peligroso”. 

“Por eso digo, no veo en el decreto un problema en sí, pero sí es peligroso que no sepamos cómo se van a designar los integrantes, cuáles universidades van a participar, quién sabe cuantas organizaciones de Fact Checking existen en Chile. Mientras no tengamos claridad al respecto y podamos opinar todos, me parece sumamente arriesgado lo que se está haciendo”, resumió el periodista.

Siguiendo en el análisis, el Premio Nacional de Periodismo declaró que la mejor manera, a su juicio, para abordar la lucha contra la desinformación, pese a que puede ser un trabajo lento, es “la mayor educación de la población, la mayor educación de los usuarios en los medios, es decir, que la gente no crea todo lo que dice alguien, sino que verifique quién es ese alguien y cuáles son sus fuentes de información”.

Respecto a la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Santibáñez indicó que de manera global “estamos viendo hoy día que hay una campaña muy dura contra la libertad de expresión, que nadie la plantea en esos términos pero que, en definitiva, va a limitar todos los derechos que implica la libertad de expresión, incluso el derecho a equivocarse, ningún periodista que yo conozca está exento de caer en algún problema por error, por falta de tiempo, todas esas cosas que nos pasan, pero la única gran obligación es hacer la corrección lo antes posible”. 

“Eso yo lo comparto con la SIP y me parece que no se han salido de su papel, sino que al contrario están poniendo énfasis en un riesgo que es permanente”, afirmó el periodista.  

Por último, el Premio Nacional de Periodismo también fue consultado respecto a las proyecciones en el trabajo de esta Comisión considerando todas las declaraciones que buscan que el Gobierno se retracte de su instalación. De esta manera, Santibáñez señaló que esto podría ocurrir, pero desde su perspectiva más bien se podría diluir con el tiempo, como ha ocurrido en casos anteriores.