Las principales ciudades de Perú se sumaron a la movilización nacional convocada por la sociedad civil organizada en rechazo al régimen de Dina Boluarte y el Congreso Nacional, tras siete meses de crisis política y de una alta desaprobación del gobierno.

La jornada está motivada por la exigencia de renuncia de Boluarte, el llamado a adelantar las elecciones y una convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente.

Más de 24 mil policías, 11 mil de ellos en Lima, se desplegaron en todo el país para contener las manifestaciones que desde tempranas horas de este miércoles se comenzaron a desarrollar en al menos 27 ciudades, donde fueron convocadas marchas y actos en las plazas centrales de las regiones.

La presidenta de facto calificó la convocatoria como “una amenaza a la democracia, al Estado de derecho, a la institucionalidad y nosotros como Gobierno democrático no la vamos a permitir ni a aceptar”.

El analista del colectivo Nuestro Sur, Álvaro Campana, informó  a Radio y Diario Universidad de Chile que las movilizaciones comenzaron durante la mañana en Tacna, Arequipa, Huancavelica -donde hubo enfrentamientos con la policía-, Chimbote, Piura, Chiclayo, Iquitos, Cuzco y una treintena de ciudades.

“Creo que es una jornada de lucha exitosa. La Defensoría del Pueblo ha anunciado que tiene el reporte que se producirían marchas en 30 ciudades del país, por lo menos, donde hay convocatorias en diferentes lugares. En Lima se observa, además de la presencia de delegaciones del interior del país, muchos colectivos estudiantiles, artísticos, sindicatos, que se hacen presentes y hay una gran expectativa, motivada por la propaganda que ha hecho el régimen, que no goza de popularidad, y que ha hecho ejercicios de fuerza que han sido repudiados”, dijo Campana.

El analista afirmó que en las carreteras que se dirigen hacia la capital hay mucho hostigamiento a las delegaciones que se suman a la Tercera Toma de Lima, “con controles bastante molestos que atentan contra el libre tránsito”.

Agregó que Boluarte vincula la movilización pacífica del pueblo a acciones “subversivas” o promovidas por sectores  “vinculados al terrorismo”, pero “no dice nada de los muertos que hemos tenido en los últimos meses dado el estallido social y mucho de los cuales, según reportes de varios organismos de derechos humanos, habían sido ejecutados extrajudicialmente por las FFAA o las fuerzas policiales que participaron de la represión”.

Campana afirmó que “este es un régimen inepto para resolver los problemas de las y los ciudadanos. Hemos atravesado recientemente una epidemia de dengue que ha sido desastrosa para el país y que ha tenido una respuesta muy mala, con muchos fallecimientos, entre ellos niños, miles de contagiados y a la ministra (de Salud) que estaba a cargo, se le aceptó su renuncia para ponerla en el Seguro Social”.

Indicó que a estos hechos se suma las relaciones del Ministerio de Cultura con grupos de choque de ultraderecha que se han dedicado a amenazar y perseguir a periodistas, activistas y medios de comunicación alternativos, lo que ha generado mucho malestar en el país.

“Lo que estamos viendo en el país es que hay mucho abuso y también ineptitud de parte de este régimen para atender los problemas de la ciudadanía. Tanto es así que Boluarte tiene una escasísima aprobación en las recientes encuestas, ni qué decir de los congresistas que rebajaron el salario de sus trabajadores, para quedarse con esos dineros como donaciones”, afirmó.

El analista afirmó que esta situaciones han aumentado el malestar en la ciudadanía que exige adelantar las elecciones “pero estos señores (congresistas) lo que han hecho es esperar a que haya un desgaste natural de las movilizaciones, que han durado meses y han preferido continuar en sus cargos permitiendo que Boluarte permanezca y no se convoque a elecciones generales adelantadas, que es una de las demandas que tiene la ciudadanía, además de una convocatoria a un referéndum para avanzar a una asamblea constituyente”.

Ante este nuevo escenario de movilizaciones, Amnistía Internacional Perú pidió al régimen que manden un mensaje claro a las FFAA y de orden de que “su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta”, indicó Sonia Paredes, Directora de Incidencias del organismo.

La entidad señaló que “durante los últimos meses, miles de personas han tomado las calles para protestar. Las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas”.

“En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba 25 de esas muertes y que concluyó que 20 de ellas serían ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ningún funcionario público por los delitos cometidos”, señaló AI.

Paredes afirmó que “el uso de la fuerza pública debe ser proporcional y necesario lo que incluye el uso del gas lacrimógeno que ha sido usado de manera excesiva, innecesaria e ilegítima durante las manifestaciones en Perú. Ninguna persona debe morir en el contexto de la represión estatal o por salir a protestar”.

Foto de portada: WaykaPeru