Si no se hubiera producido el socavón que pone en riesgo latente la estabilidad del edificio Kandinsky, construido imprudentemente por la empresa Besalco, la que argumenta que el colector de aguas lluvia causante del estrago no fue ejecutado por ella, nadie en estos días estaría hablando de las dunas. El terreno loteado por la empresa Reconsa le fue vendido por ésta a Besalco y por ello ambas tienen responsabilidad en el siniestro.

Esta torre de 17 pisos está emplazada sobre un terreno arenoso en desnivel situado en la comuna de Viña del Mar, colindante con la comuna de Concón y en la actualidad la prensa en general no se ha referido con claridad acerca del negocio inmobiliario originado con la venta directa, por parte de la dictadura de Pinochet, de extensos territorios localizados entre las mencionadas 2 comunas a empresas bien relacionadas con el poder político de entonces y más adelante con el gobierno de Aylwin.

Pues bien, acorde con el ORD. Nº 329, del 14 de abril de 1992, firmado por el alcalde de Viña del Mar, validado técnicamente por un informe de un académico de geomorfología de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile y sobre la base del oficio Nº 12.386 del 4 de marzo de 1993, firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, el CMN adoptó el acuerdo, conforme a la Ley 17.288, para declarar el territorio (sectores A1 y A2 del plano respectivo) de 50 hectáreas, que formaba parte de las 150 denominadas Campo Dunar de Concón, como Santuario de la Naturaleza.

El presidente, Patricio Aylwin, y su ministro de Educación, Jorge Arrate, firmaron el 5 de agosto de 1993 el Decreto Supremo 481, con el cual se protegieron legalmente esos sectores porque, entre otras razones, “consideraron que existe una inquietud creciente en el mundo sobre el tema del medio ambiente y porque el ser humano tiene una íntima relación con ese medio”.

Desde hace mucho tiempo hemos estado publicando diversas columnas de opinión, las que en la práctica no han producido ningún efecto ni en la opinión pública ni en la estructura del Estado, a sabiendas que, en las dunas, como lo han manifestado en estos días diversos expertos en geología, no es recomendable construir en altura. En nuestras opiniones se daba cuenta de los turbios manejos empleados por influyentes autoridades del primer gobierno de la Concertación para que esas empresas consiguieran sus objetivos comerciales: no querían que 50 hectáreas de esas dunas fueran declaradas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como santuario de la naturaleza, ver link y https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2012/01/11/dunas-de-concon-lo-que-se-desconoce/ 

Muchos otros han publicado sus opiniones, pero hemos recordado estas dos columnas, nunca desmentidas por nadie, que recomendamos leer, con el único propósito de que los lectores conozcan bastante más de este escandaloso negociado y para ello reproducimos el informe jurídico, de fecha 02/03/1994, que se adjunta, elaborado por abogado Pedro Pierry del CMN, descalificando con certeros juicios las indebidas presiones ejercidas por aquellos agentes públicos que eran dueños de las dunas.

Entre otras cosas, en ese documento oficial, repetimos, desconocido hasta ahora, se alude a las propiedades con un total de 674 hectáreas, localizadas entre Viña del Mar y Concón, inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar entre los años 1980 y 1982, que tenían ellos en sus condiciones de dueños de las dunas. Estos inmuebles garantizaban el pago de la deuda contraída por los mismos con el Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS), recalcando que nunca pagaron la deuda morosa acumulada por los intereses. El IPS dejó que transcurriera el tiempo para que operara la prescripción.

Finalmente, todos sabemos que la presión ejercida por los lobbystas fue más fuerte, ya que la protección de las 50 hectáreas fijada en el Decreto Supremo N° 481 del año 1993, firmado por el ministro de Educación Jorge Arrate no prosperó, pues con la mentira urdida por las autoridades superiores del INP, desacreditada en el aludido informe del CMN que ahora se da a conocer, la preservación se redujo a solo 12 hectáreas. Recordemos que el competente abogado Pierry, entre los años 2006 y 2016, fue ministro de la 3a Sala de la Corte Suprema.

Ahora esperamos que la Cámara de Diputados, conforme sus atribuciones fiscalizadoras, inicie a la brevedad una completa investigación para que la opinión pública finalmente conozca las trampas que se hacen en este ámbito de materias para que algunos privilegiados aumenten sus patrimonios.