“Deja en evidencia que hay personas que disponen de la información”, subrayó el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras ser consultado por la carta enviada por 27 presos del Penal Punta Peuco, en la que los exmiembros de las Fuerzas Armadas solicitan la exculpación de suboficiales, soldados conscriptos y personal civil de los organismos represivos de la dictadura, la DINA y la CNI.
En la misiva, dada a conocer por el diputado Gonzalo de la Carrera, los firmantes reconocieron que “muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos” y al mismo tiempo argumentaron que deberían ser sus superiores y no ellos, quienes asuman la responsabilidad de los crímenes.
De acuerdo al ministro Cordero, para el Gobierno “la importancia de esta carta es que la firma un grupo de personas que si bien en el pasado negaron violaciones a los derechos humanos, en esta carta señalan que sí existieron”.
“Es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas, que sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia, que la pudieran entregar a los jueces a cargo de investigaciones”, agregó.
Sin embargo, Cordero aclaró que el Gobierno no está trabajando en iniciativas que garanticen beneficios a cambio de información y que este mecanismo tampoco está contemplado en el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.
“En el contexto de Plan de Búsqueda no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios, entre otras cosas porque esto requiere modificaciones con ese fin. Por ahora, no es algo que esté evaluando el Gobierno, sin perjuicio de que nosotros estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta”.
De manera similar al ministro, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, destacó que en la carta al menos se admite “que fueron unos violadores de los derechos humanos”. Sin embargo, Naranjo aseguró que el escrito le parece “tardío” y que ahora es necesario que los presos de Punta Peuco pasen a una segunda etapa, en la cual “nos digan dónde están los detenidos desaparecidos”.
“A ellos siempre se les solicitó información, se negaron una y otra vez a entregarla y en esta carta vuelven a hacer lo mismo”, acusó.
Por su parte, el diputado de la bancada del PPD, Jaime Araya, catalogó la misiva como “una verdadera provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron” y planteó que al escuchar el requerimiento que se está haciendo, los diputados pasarían a llevar a otro Poder del Estado.
“Esa gente está privada de libertad por los horrorosos crímenes que cometieron contra miles de compatriotas y hoy día lo que se está haciendo es que la sentencia judicial se cumpla. No corresponde que un Poder del Estado se entrometa en lo que hace el Poder Judicial”.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, tampoco se mostró favorable a un posible perdón a los presos de Punta Peuco, pues a su juicio, “un acuerdo básico, transversal, que debería haber en todo el mundo político, es que para los delitos de lesa humanidad la justicia se tiene que aplicar siempre”.
“En ese sentido, esperaría al igual que lo hizo el excomandante en jefe del Ejército, que estos suboficiales fueran capaces de decir con claridad que las órdenes las recibieron de Pinochet, si es que estamos hablando en serio”, añadió Aedo.
En contraste, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, fue receptiva con el requerimiento expresado en la carta. “En el fondo, los subalternos obedecen a las ramas mayores y muchos de ellos reconocen que existió una violación a los derechos humanos, pero también fueron personas que tuvieron que actuar por lo que les ordenaban los oficiales mayores”.
“Así que me parece que es correcto, ojalá se tome a bien la ciudadanía también, porque tenemos que empezar, de alguna forma, a usar esta palabra de misericordia”, dijo.
Por último, Ossandón insistió en que “no era la responsabilidad directa de esas personas que hoy día están condenadas de por vida y ojalá podamos conseguir el perdón para aquellos que tuvieron que obedecer a personas jerárquicamente mayores que ellos”.
En el Senado, Iván Flores (DC) descartó algún tipo de beneficio para los internos que se encuentran en Punta Peuco, tras conocer la carta donde el grupo de internos piden la “conmiseración” del poder político y judicial.
Flores señaló al respecto que “a estas 27 personas que han firmado esta carta, lo primero es que yo podría decirles, es que entreguen toda la información que tienen para poder hacer llegar verdad y justicia a las familias que han buscado por décadas sus familiares y que sufren este dolor todos los días”