En el marco de una votación especial en la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar medidas ante el Penal de Punta Peuco, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, aseguró que en el contexto carcelario actual no están las condiciones de avanzar en el cierre de ningún establecimiento penitenciario.
En la sesión especial, las y los parlamentarios analizaron proyectos de resolución sobre el centro penitenciario, entre ellas su cierre completo y la derivación de sus internos a una cárcel común.
Fue ahí que, en representación del Ministerio de Justicia intervino el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, dando cuenta de la sobrepoblación en los penales del país. “Cuando asumimos como Gobierno existían 41 mil personas privadas de libertad, entendiendo que las capacidades de nuestros 80 establecimientos penitenciarios a lo largo del país son para 42 mil personas privadas de libertad“, señaló.
“Sin embargo, a septiembre de este año tenemos 52 mil 516 personas en esas 80 cárceles, lo que implica que hay un 124 por ciento de ocupación a nivel general. Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario”, indicó Gajardo.
Considerando dicho marco, el subsecretario declaró que “el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario, de hecho es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos que se encontraban en desuso”.
En esa línea, Gajardo señaló que ya se repobló el establecimiento de alta y máxima seguridad de Santiago y que se está reabriendo el centro penitenciario de Pozo Almonte y próximamente pretenden inaugurar una ampliación en el recinto de Biobío. “Estamos tratando de que nuestro Estado cumpla con la demanda que existe al interior de nuestro sistema”, aseguró.
En relación a los condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, Gajardo detalló que a nivel nacional alcanzan las 246 personas, 134 de ellos se encuentran en Punta Peuco y 112 en Colina I, ambos módulos con una ocupación de 119 y de 113 por ciento, respectivamente.
Luego del debate, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó cuatro proyectos de resoluciones que solicitan al Presidente Gabriel Boric tome medidas respecto al recinto penitenciario. Entre ellas, se instruye el cierre del penal Punta Peuco y la reubicación de los reos en el Centro Penitenciario Colina I.
Una tercera opción también propone que este establecimiento reciba en su lugar a mujeres embarazadas o con hijos y, la última alternativa es que, luego del traslado de los internos, dicho centro tenga un destino cultural.
Imagen de Portada: Agencia ATON
En el marco de una votación especial en la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar medidas ante el Penal de Punta Peuco, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, aseguró que en el contexto carcelario actual no están las condiciones de avanzar en el cierre de ningún establecimiento penitenciario.
En la sesión especial, las y los parlamentarios analizaron proyectos de resolución sobre el centro penitenciario, entre ellas su cierre completo y la derivación de sus internos a una cárcel común.
Fue ahí que, en representación del Ministerio de Justicia intervino el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, dando cuenta de la sobrepoblación en los penales del país. “Cuando asumimos como Gobierno existían 41 mil personas privadas de libertad, entendiendo que las capacidades de nuestros 80 establecimientos penitenciarios a lo largo del país son para 42 mil personas privadas de libertad“, señaló.
“Sin embargo, a septiembre de este año tenemos 52 mil 516 personas en esas 80 cárceles, lo que implica que hay un 124 por ciento de ocupación a nivel general. Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario”, indicó Gajardo.
Considerando dicho marco, el subsecretario declaró que “el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario, de hecho es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos que se encontraban en desuso”.
En esa línea, Gajardo señaló que ya se repobló el establecimiento de alta y máxima seguridad de Santiago y que se está reabriendo el centro penitenciario de Pozo Almonte y próximamente pretenden inaugurar una ampliación en el recinto de Biobío. “Estamos tratando de que nuestro Estado cumpla con la demanda que existe al interior de nuestro sistema”, aseguró.
En relación a los condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, Gajardo detalló que a nivel nacional alcanzan las 246 personas, 134 de ellos se encuentran en Punta Peuco y 112 en Colina I, ambos módulos con una ocupación de 119 y de 113 por ciento, respectivamente.
Luego del debate, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó cuatro proyectos de resoluciones que solicitan al Presidente Gabriel Boric tome medidas respecto al recinto penitenciario. Entre ellas, se instruye el cierre del penal Punta Peuco y la reubicación de los reos en el Centro Penitenciario Colina I.
Una tercera opción también propone que este establecimiento reciba en su lugar a mujeres embarazadas o con hijos y, la última alternativa es que, luego del traslado de los internos, dicho centro tenga un destino cultural.
Imagen de Portada: Agencia ATON
En el marco de una votación especial en la Cámara de Diputados y Diputadas para abordar medidas ante el Penal de Punta Peuco, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, aseguró que en el contexto carcelario actual no están las condiciones de avanzar en el cierre de ningún establecimiento penitenciario.
En la sesión especial, las y los parlamentarios analizaron proyectos de resolución sobre el centro penitenciario, entre ellas su cierre completo y la derivación de sus internos a una cárcel común.
Fue ahí que, en representación del Ministerio de Justicia intervino el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, dando cuenta de la sobrepoblación en los penales del país. “Cuando asumimos como Gobierno existían 41 mil personas privadas de libertad, entendiendo que las capacidades de nuestros 80 establecimientos penitenciarios a lo largo del país son para 42 mil personas privadas de libertad“, señaló.
“Sin embargo, a septiembre de este año tenemos 52 mil 516 personas en esas 80 cárceles, lo que implica que hay un 124 por ciento de ocupación a nivel general. Esto lo digo para que veamos el contexto que tenemos a nivel penitenciario”, indicó Gajardo.
Considerando dicho marco, el subsecretario declaró que “el Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario, de hecho es más, lo que estamos haciendo es reabriendo establecimientos que se encontraban en desuso”.
En esa línea, Gajardo señaló que ya se repobló el establecimiento de alta y máxima seguridad de Santiago y que se está reabriendo el centro penitenciario de Pozo Almonte y próximamente pretenden inaugurar una ampliación en el recinto de Biobío. “Estamos tratando de que nuestro Estado cumpla con la demanda que existe al interior de nuestro sistema”, aseguró.
En relación a los condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, Gajardo detalló que a nivel nacional alcanzan las 246 personas, 134 de ellos se encuentran en Punta Peuco y 112 en Colina I, ambos módulos con una ocupación de 119 y de 113 por ciento, respectivamente.
Luego del debate, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó cuatro proyectos de resoluciones que solicitan al Presidente Gabriel Boric tome medidas respecto al recinto penitenciario. Entre ellas, se instruye el cierre del penal Punta Peuco y la reubicación de los reos en el Centro Penitenciario Colina I.
Una tercera opción también propone que este establecimiento reciba en su lugar a mujeres embarazadas o con hijos y, la última alternativa es que, luego del traslado de los internos, dicho centro tenga un destino cultural.
Imagen de Portada: Agencia ATON
Santiago, 11 de mayo de 2023.
Se realiza una nueva edición de, Gobierno Informa, dedicado a informar sobre la agenda de seguridad.
Jonnathan Oyarzun/Aton Chile 
