En conversación con Radio Universidad de Chile el profesor e investigador del Centro de Investigación Avanzada (CIAE), se refirió a la crisis ocasionada por el paro de profesores en la Región de Atacama que se extiende por casi dos meses.
El experto en educación abordó la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), señalando que “obviamente, por su reciente creación están en una etapa de implementación y aprendizaje. En ese contexto, van a suceder algunas fallas, y algunos elementos que se identifiquen del punto de vista normativo, de capacidades de gestión, de diseño en su planificación e implementación. Sin embargo, cuando miras estos once servicios locales, hay una amplia heterogeneidad, por lo tanto, no es que uno diga que es un acto fallido, hay que tener claridad que el proceso de educación pública requería un cambio estructural. Había indicadores de calidad, de transparencia, de deterioro de matrículas que hacían indispensable esa modificación y el Parlamento en su conjunto llegó a una iniciativa como la que tenemos y estamos en un proceso de implementación”.
No obstante, el especialista señaló que en el sistema de SLEP existen algunas debilidades que deben ser perfeccionadas, como por ejemplo, “los mecanismos de financiamiento del tema de la estrategia de transferencia del mundo municipal, a las entidades de los niveles intermedios y que obviamente haya un período de ajuste y de adaptación de alta calidad de por medio”.
Consultado sobre si la desmunicipalización en la educación pública es el real problema que se vive en Atacama, Valenzuela sostuvo que “la respuesta es no. La desmunicipalización es un objetivo, una orientación acordada por la sociedad en su conjunto en una ley que fue discutida y aprobada, y está en proceso gradual de implementación. No es que los municipios lo hicieran mejor, sino que, es al contrario, en Atacama hay un conjunto de situaciones problemáticas que son algunas transversales, pero la mayor parte es del caso de ese servicio local: las condiciones de infraestructura tremendamente precarias, es un tema mucho más agudizado en ese lugar”.
A su vez agregó que “el problema tremendamente grave es que hay un tema de oportunidad para resolver estas situaciones, no es que tenga que haber un tema a cargo de los municipios precariamente a cargo de la mayor parte de la educación pública, y no sean los servicios locales una alternativa, sino que, encontrar el cómo hacemos eficiente esos servicios locales y cómo aprendemos de situaciones que no pueden ocurrir, ni pueden llegar al extremo como el que tenemos”.
“¿Cómo es posible que los estudiantes, niños, niñas y jóvenes estén pagando las consecuencias de tener dos meses prácticamente sin clases? De verdad, esa es una situación que no puede volver a suceder, y ese es un error desde el punto de vista de no haber anticipado y no haber resuelto oportunamente estas situaciones que se fueron acumulando previo a la transferencia, y otros que se agudizaron con la transferencia a los servicios locales. Uno se pregunta, ¿por qué no se resolvió anticipadamente? ¿Por qué lo estuvieron resolviendo a finales del período del gobierno anterior el año 2021, que estuvieron a cargo de los servicios locales, y se mantuvo el 2022 y se mantuvo aún más el 2023? Eso es un error de capacidad de gestión de por medio”, declaró Valenzuela.
En cuanto al financiamiento en la educación pública el investigador afirmó que “el diseño de los servicios locales le quita flexibilidad en el uso de los recursos como los tenían en el mundo municipal. Ahora los servicios locales son los que tienen los menores grados de flexibilidad presupuestaria. Antes, la educación municipal podía, todos aquellos recursos que no gastaba al final del año, ser transferidos como saldo inicial de caja al año siguiente. En el caso actual de los servicios locales, así no opera, tienen que ser devueltos al tesoro público. Requerimos flexibilidad desde el punto de vista presupuestario, pero también requerimos una gestión de transición más adecuada, porque nos encontramos en muchas ocasiones como lo que estamos viendo, situaciones del punto de vista deficitario en infraestructura y equipamiento, situaciones de sobredotaciones de personal y que requieren recursos adicionales por un tiempo determinado”.
Y por otro lado, “requerimos también identificar con claridad, las magnitudes de recursos y los mecanismos de financiamiento que aseguren una gestión adecuada, transparente, eficiente, orientada al buen uso de los recursos de por medio. Hoy día tienen muchas mayores responsabilidades el ministerio y la Dirección de Educación Pública: cómo se equipa de capacidades, de instrumentos, de profesionales, de dispositivos de información y de mecanismos que puedan resolver en forma oportuna problemas que se presenten. Esas funciones no existieron cuando la educación pública estaba a cargo de los municipios, esta es una situación nueva y para lo cual tiene que estar preparada, porque van a ser funciones permanentes”, determinó Juan Pablo Valenzuela.
Imagen de portada: Universidad de Chile
En conversación con Radio Universidad de Chile el profesor e investigador del Centro de Investigación Avanzada (CIAE), se refirió a la crisis ocasionada por el paro de profesores en la Región de Atacama que se extiende por casi dos meses.
El experto en educación abordó la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), señalando que “obviamente, por su reciente creación están en una etapa de implementación y aprendizaje. En ese contexto, van a suceder algunas fallas, y algunos elementos que se identifiquen del punto de vista normativo, de capacidades de gestión, de diseño en su planificación e implementación. Sin embargo, cuando miras estos once servicios locales, hay una amplia heterogeneidad, por lo tanto, no es que uno diga que es un acto fallido, hay que tener claridad que el proceso de educación pública requería un cambio estructural. Había indicadores de calidad, de transparencia, de deterioro de matrículas que hacían indispensable esa modificación y el Parlamento en su conjunto llegó a una iniciativa como la que tenemos y estamos en un proceso de implementación”.
No obstante, el especialista señaló que en el sistema de SLEP existen algunas debilidades que deben ser perfeccionadas, como por ejemplo, “los mecanismos de financiamiento del tema de la estrategia de transferencia del mundo municipal, a las entidades de los niveles intermedios y que obviamente haya un período de ajuste y de adaptación de alta calidad de por medio”.
Consultado sobre si la desmunicipalización en la educación pública es el real problema que se vive en Atacama, Valenzuela sostuvo que “la respuesta es no. La desmunicipalización es un objetivo, una orientación acordada por la sociedad en su conjunto en una ley que fue discutida y aprobada, y está en proceso gradual de implementación. No es que los municipios lo hicieran mejor, sino que, es al contrario, en Atacama hay un conjunto de situaciones problemáticas que son algunas transversales, pero la mayor parte es del caso de ese servicio local: las condiciones de infraestructura tremendamente precarias, es un tema mucho más agudizado en ese lugar”.
A su vez agregó que “el problema tremendamente grave es que hay un tema de oportunidad para resolver estas situaciones, no es que tenga que haber un tema a cargo de los municipios precariamente a cargo de la mayor parte de la educación pública, y no sean los servicios locales una alternativa, sino que, encontrar el cómo hacemos eficiente esos servicios locales y cómo aprendemos de situaciones que no pueden ocurrir, ni pueden llegar al extremo como el que tenemos”.
“¿Cómo es posible que los estudiantes, niños, niñas y jóvenes estén pagando las consecuencias de tener dos meses prácticamente sin clases? De verdad, esa es una situación que no puede volver a suceder, y ese es un error desde el punto de vista de no haber anticipado y no haber resuelto oportunamente estas situaciones que se fueron acumulando previo a la transferencia, y otros que se agudizaron con la transferencia a los servicios locales. Uno se pregunta, ¿por qué no se resolvió anticipadamente? ¿Por qué lo estuvieron resolviendo a finales del período del gobierno anterior el año 2021, que estuvieron a cargo de los servicios locales, y se mantuvo el 2022 y se mantuvo aún más el 2023? Eso es un error de capacidad de gestión de por medio”, declaró Valenzuela.
En cuanto al financiamiento en la educación pública el investigador afirmó que “el diseño de los servicios locales le quita flexibilidad en el uso de los recursos como los tenían en el mundo municipal. Ahora los servicios locales son los que tienen los menores grados de flexibilidad presupuestaria. Antes, la educación municipal podía, todos aquellos recursos que no gastaba al final del año, ser transferidos como saldo inicial de caja al año siguiente. En el caso actual de los servicios locales, así no opera, tienen que ser devueltos al tesoro público. Requerimos flexibilidad desde el punto de vista presupuestario, pero también requerimos una gestión de transición más adecuada, porque nos encontramos en muchas ocasiones como lo que estamos viendo, situaciones del punto de vista deficitario en infraestructura y equipamiento, situaciones de sobredotaciones de personal y que requieren recursos adicionales por un tiempo determinado”.
Y por otro lado, “requerimos también identificar con claridad, las magnitudes de recursos y los mecanismos de financiamiento que aseguren una gestión adecuada, transparente, eficiente, orientada al buen uso de los recursos de por medio. Hoy día tienen muchas mayores responsabilidades el ministerio y la Dirección de Educación Pública: cómo se equipa de capacidades, de instrumentos, de profesionales, de dispositivos de información y de mecanismos que puedan resolver en forma oportuna problemas que se presenten. Esas funciones no existieron cuando la educación pública estaba a cargo de los municipios, esta es una situación nueva y para lo cual tiene que estar preparada, porque van a ser funciones permanentes”, determinó Juan Pablo Valenzuela.
Imagen de portada: Universidad de Chile
En conversación con Radio Universidad de Chile el profesor e investigador del Centro de Investigación Avanzada (CIAE), se refirió a la crisis ocasionada por el paro de profesores en la Región de Atacama que se extiende por casi dos meses.
El experto en educación abordó la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), señalando que “obviamente, por su reciente creación están en una etapa de implementación y aprendizaje. En ese contexto, van a suceder algunas fallas, y algunos elementos que se identifiquen del punto de vista normativo, de capacidades de gestión, de diseño en su planificación e implementación. Sin embargo, cuando miras estos once servicios locales, hay una amplia heterogeneidad, por lo tanto, no es que uno diga que es un acto fallido, hay que tener claridad que el proceso de educación pública requería un cambio estructural. Había indicadores de calidad, de transparencia, de deterioro de matrículas que hacían indispensable esa modificación y el Parlamento en su conjunto llegó a una iniciativa como la que tenemos y estamos en un proceso de implementación”.
No obstante, el especialista señaló que en el sistema de SLEP existen algunas debilidades que deben ser perfeccionadas, como por ejemplo, “los mecanismos de financiamiento del tema de la estrategia de transferencia del mundo municipal, a las entidades de los niveles intermedios y que obviamente haya un período de ajuste y de adaptación de alta calidad de por medio”.
Consultado sobre si la desmunicipalización en la educación pública es el real problema que se vive en Atacama, Valenzuela sostuvo que “la respuesta es no. La desmunicipalización es un objetivo, una orientación acordada por la sociedad en su conjunto en una ley que fue discutida y aprobada, y está en proceso gradual de implementación. No es que los municipios lo hicieran mejor, sino que, es al contrario, en Atacama hay un conjunto de situaciones problemáticas que son algunas transversales, pero la mayor parte es del caso de ese servicio local: las condiciones de infraestructura tremendamente precarias, es un tema mucho más agudizado en ese lugar”.
A su vez agregó que “el problema tremendamente grave es que hay un tema de oportunidad para resolver estas situaciones, no es que tenga que haber un tema a cargo de los municipios precariamente a cargo de la mayor parte de la educación pública, y no sean los servicios locales una alternativa, sino que, encontrar el cómo hacemos eficiente esos servicios locales y cómo aprendemos de situaciones que no pueden ocurrir, ni pueden llegar al extremo como el que tenemos”.
“¿Cómo es posible que los estudiantes, niños, niñas y jóvenes estén pagando las consecuencias de tener dos meses prácticamente sin clases? De verdad, esa es una situación que no puede volver a suceder, y ese es un error desde el punto de vista de no haber anticipado y no haber resuelto oportunamente estas situaciones que se fueron acumulando previo a la transferencia, y otros que se agudizaron con la transferencia a los servicios locales. Uno se pregunta, ¿por qué no se resolvió anticipadamente? ¿Por qué lo estuvieron resolviendo a finales del período del gobierno anterior el año 2021, que estuvieron a cargo de los servicios locales, y se mantuvo el 2022 y se mantuvo aún más el 2023? Eso es un error de capacidad de gestión de por medio”, declaró Valenzuela.
En cuanto al financiamiento en la educación pública el investigador afirmó que “el diseño de los servicios locales le quita flexibilidad en el uso de los recursos como los tenían en el mundo municipal. Ahora los servicios locales son los que tienen los menores grados de flexibilidad presupuestaria. Antes, la educación municipal podía, todos aquellos recursos que no gastaba al final del año, ser transferidos como saldo inicial de caja al año siguiente. En el caso actual de los servicios locales, así no opera, tienen que ser devueltos al tesoro público. Requerimos flexibilidad desde el punto de vista presupuestario, pero también requerimos una gestión de transición más adecuada, porque nos encontramos en muchas ocasiones como lo que estamos viendo, situaciones del punto de vista deficitario en infraestructura y equipamiento, situaciones de sobredotaciones de personal y que requieren recursos adicionales por un tiempo determinado”.
Y por otro lado, “requerimos también identificar con claridad, las magnitudes de recursos y los mecanismos de financiamiento que aseguren una gestión adecuada, transparente, eficiente, orientada al buen uso de los recursos de por medio. Hoy día tienen muchas mayores responsabilidades el ministerio y la Dirección de Educación Pública: cómo se equipa de capacidades, de instrumentos, de profesionales, de dispositivos de información y de mecanismos que puedan resolver en forma oportuna problemas que se presenten. Esas funciones no existieron cuando la educación pública estaba a cargo de los municipios, esta es una situación nueva y para lo cual tiene que estar preparada, porque van a ser funciones permanentes”, determinó Juan Pablo Valenzuela.
Imagen de portada: Universidad de Chile
Investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), Juan Pablo Valenzuela
Foto: Universidad de Chile 
