El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envío dos informes a Naciones Unidas para denunciar diversos incumplimientos del Estado de Chile con los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+, familias homoparentales y de parejas del mismo sexo.
Según indicaron desde el Movilh, se denunció la exclusión de las diversidades sexuales del Censo 2023, la discriminación que sufren las personas trans menores de 14 años al no estar regulado en la Ley de Identidad de Género la rectificación de su partida de nacimiento, la carencia de una reforma al Acuerdo de Unión Civil, entre otros aspectos.
“Pese a compromisos asumidos internacionalmente, el Estado de Chile ha dado negativos y regresivos pasos. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2022 la Delegación Presidencial de Valparaíso, con la venia del Gobierno central, presentó una querella por el artículo 373. Con tal acción, el Estado de Chile en vez de avanzar a su compromiso de derogar o revisar el artículo 373 del Código Penal, validó su uso”, indica el documento enviado a la ONU.
Asimismo, detallan que “tampoco ha reformado la Ley de Unión Civil, norma que presenta graves vacíos: prohíbe la adopción a las parejas que contraen el vínculo e impide acceder a beneficios y subsidios sociales como son el Aporte Familiar Permanente, la Asignación Familiar y Maternal, el Bono Bodas de Oro, el Subsidio Familiar y el Subsidio Maternal”.
“El Decreto con Fuerza de Ley 150 sobre asignación familiar y subsidios de cesantía para los trabajadores públicos y privados tampoco aplica a los convivientes civiles, mientras que la situación previsional de los militares sigue estando fuera del Acuerdo de Unión Civil”, agregaron.
El Movilh denunció que el “Fondo Nacional de Salud (Fonasa) aún no regula de manera formal y pública qué procedimientos son los que cubre el Estado para el cambio corporal de las personas trans, estando el proceso y los cobros a discrecionalidad y voluntad de cada recinto público de salud”.
“Tampoco el Estado ha cumplido con su compromiso internacional de generar una Política de Educación Sexual y Diversidad que abarque a todos los niveles educacionales, ni ha generado una Política Nacional de Inclusión de las Mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas”, mencionaron.
De esta forma, argumentaron que en el país “no hay garantías de protección a los defensores de los derechos humanos de personas LGBTIQ+, a punto que los continuos ataques u ofensas que recibimos en redes sociales o presencialmente por ejercer nuestra labor, no han derivado en investigaciones, ni sanciones contra las responsables, como tampoco en muestra de solidaridad o protección por parte de agentes estatales, en medio de la inoperancia y/o un silencio absoluto del INDH”.
Fuente y foto: ATON Chile.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envío dos informes a Naciones Unidas para denunciar diversos incumplimientos del Estado de Chile con los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+, familias homoparentales y de parejas del mismo sexo.
Según indicaron desde el Movilh, se denunció la exclusión de las diversidades sexuales del Censo 2023, la discriminación que sufren las personas trans menores de 14 años al no estar regulado en la Ley de Identidad de Género la rectificación de su partida de nacimiento, la carencia de una reforma al Acuerdo de Unión Civil, entre otros aspectos.
“Pese a compromisos asumidos internacionalmente, el Estado de Chile ha dado negativos y regresivos pasos. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2022 la Delegación Presidencial de Valparaíso, con la venia del Gobierno central, presentó una querella por el artículo 373. Con tal acción, el Estado de Chile en vez de avanzar a su compromiso de derogar o revisar el artículo 373 del Código Penal, validó su uso”, indica el documento enviado a la ONU.
Asimismo, detallan que “tampoco ha reformado la Ley de Unión Civil, norma que presenta graves vacíos: prohíbe la adopción a las parejas que contraen el vínculo e impide acceder a beneficios y subsidios sociales como son el Aporte Familiar Permanente, la Asignación Familiar y Maternal, el Bono Bodas de Oro, el Subsidio Familiar y el Subsidio Maternal”.
“El Decreto con Fuerza de Ley 150 sobre asignación familiar y subsidios de cesantía para los trabajadores públicos y privados tampoco aplica a los convivientes civiles, mientras que la situación previsional de los militares sigue estando fuera del Acuerdo de Unión Civil”, agregaron.
El Movilh denunció que el “Fondo Nacional de Salud (Fonasa) aún no regula de manera formal y pública qué procedimientos son los que cubre el Estado para el cambio corporal de las personas trans, estando el proceso y los cobros a discrecionalidad y voluntad de cada recinto público de salud”.
“Tampoco el Estado ha cumplido con su compromiso internacional de generar una Política de Educación Sexual y Diversidad que abarque a todos los niveles educacionales, ni ha generado una Política Nacional de Inclusión de las Mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas”, mencionaron.
De esta forma, argumentaron que en el país “no hay garantías de protección a los defensores de los derechos humanos de personas LGBTIQ+, a punto que los continuos ataques u ofensas que recibimos en redes sociales o presencialmente por ejercer nuestra labor, no han derivado en investigaciones, ni sanciones contra las responsables, como tampoco en muestra de solidaridad o protección por parte de agentes estatales, en medio de la inoperancia y/o un silencio absoluto del INDH”.
Fuente y foto: ATON Chile.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envío dos informes a Naciones Unidas para denunciar diversos incumplimientos del Estado de Chile con los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+, familias homoparentales y de parejas del mismo sexo.
Según indicaron desde el Movilh, se denunció la exclusión de las diversidades sexuales del Censo 2023, la discriminación que sufren las personas trans menores de 14 años al no estar regulado en la Ley de Identidad de Género la rectificación de su partida de nacimiento, la carencia de una reforma al Acuerdo de Unión Civil, entre otros aspectos.
“Pese a compromisos asumidos internacionalmente, el Estado de Chile ha dado negativos y regresivos pasos. Por ejemplo, el 31 de agosto del 2022 la Delegación Presidencial de Valparaíso, con la venia del Gobierno central, presentó una querella por el artículo 373. Con tal acción, el Estado de Chile en vez de avanzar a su compromiso de derogar o revisar el artículo 373 del Código Penal, validó su uso”, indica el documento enviado a la ONU.
Asimismo, detallan que “tampoco ha reformado la Ley de Unión Civil, norma que presenta graves vacíos: prohíbe la adopción a las parejas que contraen el vínculo e impide acceder a beneficios y subsidios sociales como son el Aporte Familiar Permanente, la Asignación Familiar y Maternal, el Bono Bodas de Oro, el Subsidio Familiar y el Subsidio Maternal”.
“El Decreto con Fuerza de Ley 150 sobre asignación familiar y subsidios de cesantía para los trabajadores públicos y privados tampoco aplica a los convivientes civiles, mientras que la situación previsional de los militares sigue estando fuera del Acuerdo de Unión Civil”, agregaron.
El Movilh denunció que el “Fondo Nacional de Salud (Fonasa) aún no regula de manera formal y pública qué procedimientos son los que cubre el Estado para el cambio corporal de las personas trans, estando el proceso y los cobros a discrecionalidad y voluntad de cada recinto público de salud”.
“Tampoco el Estado ha cumplido con su compromiso internacional de generar una Política de Educación Sexual y Diversidad que abarque a todos los niveles educacionales, ni ha generado una Política Nacional de Inclusión de las Mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas”, mencionaron.
De esta forma, argumentaron que en el país “no hay garantías de protección a los defensores de los derechos humanos de personas LGBTIQ+, a punto que los continuos ataques u ofensas que recibimos en redes sociales o presencialmente por ejercer nuestra labor, no han derivado en investigaciones, ni sanciones contra las responsables, como tampoco en muestra de solidaridad o protección por parte de agentes estatales, en medio de la inoperancia y/o un silencio absoluto del INDH”.
Fuente y foto: ATON Chile.
