“Ley de Incendios Ahora”, fue la pancarta que en la primera noche del Festival de Viña del Mar levantó la alcaldesa Macarena Ripamonti, sumándose a las presiones por la pronta aprobación de las iniciativas que hoy se mantienen paralizadas en el Congreso Nacional.

Son dos, en específico, los proyectos de ley que corren con ventaja en el debate legislativo. Uno de iniciativa parlamentaria y otro de autoría del Gobierno. Ambos buscan entregar atribuciones a todos los municipios, en conjunto con Conaf, para la obligatoriedad de cortafuegos principalmente en terrenos de privados. Esto, para poner límites entre lo que son las plantaciones forestales de los centros poblados y áreas urbanas.

El primero de ellos fue ingresado en marzo del 2023 por el diputado del Partido Ecologista Verde, Felix González, busca también prohibir las plantaciones forestales de especies exóticas en las áreas urbanas. Hoy dicha iniciativa se mantiene en segundo trámite constitucional en la Comisión de Agrilcultura del Senado, sin embargo, con urgencia simple. Esto, para su autor, es responsabilidad del titular de Agricultura, Esteban Valenzuela.

“Este proyecto, voy a decirlo con toda responsabilidad, fue bloqueado por el ministro de Agricultura porque quería aprobar su propio proyecto, que llegó recién en octubre. El proyecto del Gobierno es muy bueno, pero le entrega todas las atribuciones al Servicio Nacional Forestal que es un organismo que no existe y no va a estar en operatividad, por lo menos, los siguientes tres o cuatro años”, sostuvo.

En efecto, el proyecto que crea el Sernafor se encuentra en segundo trámite en el Senado, a la espera de indicaciones. Por dicha razón, el diputado aseguró que, en contraste, la iniciativa parlamentaria cuenta con mayor sentido de inmediatez. “Si hoy día se pudiera aprobar y se pudiera publicar en el Diario Oficial mañana, pasado mañana puede salir la Conaf a hacer los cortafuegos donde falta, sin necesidad de un Estado de excepción”, señaló.

El parlamentario sostuvo que de haberle asignado discusión inmediata, tanto en la Cámara como en el Senado, “tal vez no estaríamos lamentando la tragedia de Valparaíso porque si uno lee los informes dicen que más de la mitad de los cortafuegos propuestos no se pudieron hacer porque los propietarios no accedieron”.

¿Marcaría la diferencia?

El trabajo preventivo realizado en la Villa Botania de Quilpué es ejemplificador. La zona quedó en medio de las afectaciones por el megaincendio en Valparaíso, pero las casas lograron salvarse producto de un proyecto entre la corporación Caritas Chile y Conaf.

“Gestión territorial y participativa para la reducción del riesgo de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal de Chile”, es el nombre de la medida y se trató de capacitaciones a la comunidad e instalaciones como estanques de agua, pero también de limpieza del entorno.

En relación a la Ley Corta de Incendios, el coordinador nacional para la Reconstrucción tras los incendios en Santa Olga y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Sergio Galilea, destacó lo favorable y adecuado de su implementación señalando que podría disminuir tragedias como las ocurridas en Valparaíso, sin embargo, apuntó al aporte de otras diligencias municipales.

“No es la solución, pero es una de las partes de la solución, habría que complementar con otras medidas. Exigencias municipales como, por ejemplo, la limpieza de las quebradas, la limpieza de los terrenos y zonas o áreas que implican la existencia de combústible muy activo en caso de incendio”, explicó.

Junto a ello, abogó para que los municipios establezcan seccionales urbanos en áreas particularmente limítrofes con la zonas forestales, de modo de establecer normativas sobre distanciamiento y densidad de árboles. Pero también, detalló medidas a tomar por otras instituciones y ministerios.

“No hay una varita mágica que te va a resolver el problema, también los sistemas de telecomunicaciones o también, por ejemplo, que la normativa establezca que en las áreas a reconstruirse de los cerros de Viña y zonas de Quilpué, existan copas de agua o que exista un sistema más moderno de electrificación, que haya menos gente colgada porque hay muchos incendios que son producidos por los accidentes eléctricos y que haya una telefonía celular que opere o sistemas de antena en las áreas que permita que la comunicación sea perfecta o rápida”, añadió.

A propósito de la gestión del Municipio por incendios en la V Región, Galilea sostuvo que se pudieron haber adoptado mejores acciones preventivas, no obstante, señaló que “no podemos condenar a la autoridad municipal por insuficiencias que son propias de la gestión municipal normal que la mayoría de los municipios de Chile tiene desafortunadamente. Creo que es evidente que en el caso de la acusaciones presentadas a la alcaldesa Ripamonti lo que prima es un oportunismo de carácter político que es particularmente grave”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRID, de nuestra Casa de Estudios, Daniela Ejsmentewicz, indicó que no hay una bala de plata como solución al problema. “Si por un proceso se creó este riesgo, por un proceso se va a desactivar. Entonces, es súper importante que las autoridades manejen bien las expectativas de la gente porque muchas veces los políticos instrumentalizan esta situación para decir que ellos tienen la solución cuando en verdad acá la solución es integral”, sostuvo.

En relación al contenido de los proyectos, la académica dio su visto bueno pero señaló debe verse desde “un punto de vista de ordenamiento territorial, cómo vamos a ordenar el territorio; un punto de vista de producción forestal, qué vamos a producir, qué no vamos a producir y un punto también de educación comunitaria; darle a las personas las herramientas también para que puedan tener e implementar temas locales de producción de riesgo de desastre. Son esas acciones conjuntas las que nos van a evitar este problema”.

Sin embargo, antes de apresurarse a las soluciones, Ejsmentewicz apuntó a la falta de certezas en relación a cómo se gatillo el megaincendio. “Puede ser un poquito temerario empezar a apuntar a la gente con el dedo porque la verdad es que todos colaboramos de alguna manera a la generación de este riesgo“, sostuvo.

“Se ha dicho que hay personas que lo hicieron voluntariamente, claramente ellos son culpables, hay que perseguir esas responsabilidades y ver por qué lo hicieron, más allá de todo tipo de especulación. Pero ¿por qué estas personas haciendo esto generan este nivel de daño? Porque previamente ya había una situación latente de mucha vulnerabilidad“, aseguró.

Para la académica, “si nosotros hubiéramos implementado medidas preventivas antes o tuviéramos un gestión institucional más asertiva, este intento de daño que hicieron estas personas no habría tal vez generado tanto impacto”.

En esa línea, apuntó a un correcto barrido de los antecedentes y la creación de un organismo que evalúe y realice informes con metodologías de manera oficial para encontrar el origen de los incendios.

“Muy probablemente si hiciéramos eso sería muy polémico porque van a aparecer la responsabilidad de las forestales que tal vez plantaron sin permiso, de la municipalidad quién hizo la fiscalización, del Senapred que  fue demasiado lento en sacar los planes y políticas, tal vez casos de corrupción de gente que usó fondos para implementar planes comunales. Hay un montón de factores que colaboran este proceso identificar la mayoría de ellos, pero cuando empezamos a dar soluciones antes de tener buenos diagnósticos, se puede ser muy poco efectivo y se abre la puerta para mucho oportunismo político“, zanjó.

Imagen de Portada: Agencia ATON.