Durante esta jornada, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, expusieron diversos expertos por uno de los primeros proyectos del llamado “Pacto Fiscal”. Esto se produce a casi un año de la dura derrota legislativa que sufrió el Ejecutivo. Cabe recordar que en marzo del año pasado, se rechazó en la Cámara Baja la idea de legislar la Reforma Tributaria. 

Por ello, ya habiendo pasado un año, la insistencia del Gobierno llegó de la mano de una separación en diversos proyectos en los que estuvo trabajando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lograr sacar adelante el Pacto Fiscal es una de las prioridades en la agenda legislativa para este año en el oficialismo. Esta iniciativa incluye compromisos de mayor crecimiento, un gasto eficiente y mejorar el cumplimiento tributario, entre otros.

Precisamente este último punto es el que se está tramitando en la Comisión de Hacienda de la Cámara. El proyecto sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias busca disminuir la evasión y la elusión, además de recaudar un 1,5% del Producto Interno Bruto. Si bien en este apartado existe un apoyo transversal, hay un punto en particular que general controversia y que dice relación con  la modificación para el levantamiento del secreto bancario. 

En la sesión en la Comisión de Hacienda, los expertos abordaron el proyecto en su conjunto. Por ejemplo, el representante de Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez, expresó que la iniciativa carece de simpleza y que lo relacionado al acceso a la información bancaria es un retroceso en materia de derechos de los contribuyentes.

“Los sistemas tributarios deben ser simples”, cuestionó durante su presentación. “Eso particularmente incide en que los contribuyentes, en la medida en que el sistema tributario es sencillo, evitan buscar formas de poder baipasear normas. En la medida en que los sistemas son más restrictivos, en general hay más tendencia a buscar una salida alternativa”, sostuvo Gómez. “Adicionalmente tenemos el problema de constitucionalidad que se advirtió, en que el giro que hace el proyecto es muy intenso en términos de poner toda la prueba respecto de su acción en el contribuyente y no en el servicio como está actualmente”, complementó.

Otra de las discusiones que se originaron en la sesión de la comisión estuvo en torno a la gobernanza en la administración tributaria del Servicio de Impuestos Internos. Esto porque el proyecto incluye un Consejo Asesor que no tiene impacto real según los especialistas, ya que no tienen atribuciones vinculantes y las decisiones siguen pasando de manera independiente por el director a cargo.

Pese a ello, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, si bien se mostró abierto a discutir el tema, remarcó que el Servicio de Impuestos Internos sí funciona bien en cuanto a la administración tributaria. “No me parece que en el caso chileno estemos ante una administración tributaria que genere arbitrariedades permanentemente, o como acá se ha acusado en los últimos días como una especie como de avalancha de arbitrariedades, porque en definitiva estamos ante un servicio, y lo vemos sobre todo en marzo, abril y  mayo, que en general, funciona y funciona de buena manera”, expuso el parlamentario.

En tanto, quién se mostró a favor del proyecto fue el presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile, Mauricio Soudre. Entre sus puntos mencionó la necesaria modernización del Servicio de Aduanas, la cual contempla el proyecto, con la finalidad de mejorar la recaudación, evitar la facturación incorrecta en las exportaciones específicamente y combatir el contrabando y crimen organizado.

Soudre indicó que es necesario: “Estar a la altura de los desafíos de estos nuevos tiempo, tanto en la criminalidad, particularmente el crimen organizado, y que lo vemos en las fronteras terrestres, en los puertos y en el aeropuerto. Pero particularmente cooperar a el erario público con reducir la evasión, la elusión y la lucha contra el contrabando”.

Foto: Aton