La relación de Chile con la explotación de sus recursos naturales ha sido históricamente una de dependencia y conflicto. Desde la era del salitre hasta la del cobre, y ahora, con la creciente demanda global de litio, el desafío se intensifica. Esta “nueva carrera por el litio”, esencial para la transición energética, coloca a los salares, espacios de una belleza, complejidad y biodiversidad única, en el centro de un dilema nacional.  Este tiene su raíz en las visiones que tienen los pueblos indígenas de sus territorios, específicamente los salares, que son humedales concebidos como espacios para rituales y ceremonias para el agua, como también espacios para la ganadería y la recolección de huevos y sal, actividades que formaban parte de la economía pre-extractivista de los pueblos andinos. Ello en contraposición a la visión de los estados sobre estos espacios considerados como lugares para la explotación minera, para lo cual en el caso de Chile cuentan con una legislación que desvincula el dominio de la tierra y el agua, considerada esta última como “salmuera” y no como agua, agua a la que especialmente el Pueblo Lickanantay aún rinde culto y territorios que son parte de sus demandas ancestrales.

Recientemente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la creación de una red de salares protegidos, prometiendo resguardar al menos el 30% de estos ecosistemas, total que incluye algunas áreas de los salares y lagunas que ya contaban con alguna protección (8%), como sitios RAMSAR y aquellos que forman parte de los Parques y Reservas Nacionales, según Decreto Supremo Nº531. Si bien este anuncio genera expectativas, la medida despierta inquietudes profundas, sobre todo por la persistente omisión de los derechos de los pueblos indígenas y la sostenibilidad a largo plazo de estos espacios naturales. Al respecto cabe señalar que ni las comunidades atacameñas o lickanantay, así como tampoco las collas de las regiones de Antofagasta y Atacama respectivamente, participaron ni fueron consultadas como los habitantes y dueños ancestrales de estos espacios, en los términos de la normativa nacional e internacional que rige la materia. En este caso, solo se cumplió con “informar” los criterios de protección y exclusión de los Salares, y posteriormente al anuncio, informaronq que se contempla una consulta indígena y ciudadana para el estudio, levantamiento de la información y la posterior tramitación de las resoluciones administrativas para la propuesta de protección de las áreas protegidas y su correspondiente instrumento de protección.

Cabe contrastar esta estrategia estatal con aquella impulsada   por el Ministerio de Minería, el que a la fecha ha abierto dos consultas indígenas, para modificación de un CEOL (Contrato Especial para la Exploración, Explotación y beneficio de Yacimientos de Litio)  en Maricunga, así como  para la  licitación de estos mismos contratos en los salares Aguilar, Infieles, Las Parinas, Grande y La Isla, ubicados en la comuna de Diego de Almagro, para la filial de ENAMI, ENAMI Litio SpA.

Volviendo a la red de salares protegidos, se repite lo sucedido con el reciente acuerdo entre CODELCO y SQM con el fin de generar una alianza para desarrollar el proyecto “salar futuro” en el salar de Atacama, a través del cual se genera un joint venture a objeto prolongar las operaciones de explotación de litio hasta el año 2060.  Todo ello sin consulta previa a las comunidades atacameñas lickanantay que habitan dicho salar.  Al hacerlo, reitera el mismo error cometido el 2018 al omitir la consulta del acuerdo CORFO SQM, omisión que derivó en una acción que se encuentra en tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todo esto sugiere un actuar descoordinado de los distintos actores estatales y las distintas medidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio (ENL). ¿No debería ser el diálogo con las comunidades de pueblos originarios el primer paso en la planificación de cualquier proyecto que afecte sus tierras ancestrales?

En el caso de los salares fronterizos, estos no cuentan con protección alguna, así como el Salar de Atacama, Maricunga y Pedernales, que tienen protección parcial, cuentan con sectores destinados a protección y otros destinados para la explotación del Litio, lo que resulta preocupante viniendo de un gobierno y ministerio que inicialmente se definió como ecologista, y no considere los efectos sinérgicos que provoca la sobreexplotación del agua subterránea, incluyendo la salmuera, y que continúe con su visión estratégica de seguir aumentando las cuotas de extracción en esos Salares. Ello sin considerar por un lado los daños y por el otro, genere protección en algunas áreas de esos Salares, como si la naturaleza y su biodiversidad pudiesen distinguir los límites humanos impuestos para las categorías señaladas por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que en el mismo Salar de Atacama, Maricunga y Pedernales habrían áreas de explotación y áreas de protección. ¿No es acaso esa medida contraproducente para lo que entendemos como protección y conservación de estos humedales?

Esta red de salares protegidos debería además hacerse cargo de los daños constatados en la parte sur del Salar de Atacama, daños que han dado origen a una demanda judicial por parte del Consejo Defensa del Estado, la Comunidad Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños, contra las empresas Minera Escondida BHP, Zaldívar Antofagasta Minerals  y Albemarle, en una  causa  que se encuentra próxima a ser sentenciada. Resulta sorprendente que los daños ocasionados por la sobreexplotación de los acuíferos que alimentan el Salar de Atacama no hayan sido considerados en la ENL, ni mucho menos en la creación de la Red de Salares Protegidos.

Chile se enfrenta a una encrucijada crítica. Podemos seguir el camino ya transitado de explotación cortoplacista de las materias primas o liderar, con el ejemplo, la gestión de los ecosistemas frágiles que requieren una implementación cuidadosa para la protección de los salares. Todo ello con el objeto de garantizar un equilibrio justo entre desarrollo económico, conocimiento público y local de las comunidades que habitan estos espacios, líneas de bases previas, modelos hidrogeológicos y estudios de capacidad de carga.

De la misma manera, el gobierno debe actuar con determinación para integrar a los pueblos indígenas en las decisiones que afectan su futuro, respetando sus derechos y costumbres. Solo así podremos asegurar que la ENL y sus 7 medidas, dentro de ellas la medida de salares protegidos sean realmente beneficiosas para todos quienes habitamos en este país y no una parte de la sociedad.

Estas áreas no solo son vitales para la biodiversidad, sino que también forman parte de los territorios tradicionales de los pueblos atacameños-lickanantay y colla. La falta de un proceso de consulta previo, libre e informado, adecuado y transparente no solo es una omisión ética, sino que también ignora obligaciones legales nacionales e internacionales.

Por Oriana Mora Rodríguez y Juan Carlos Cayo, Integrantes del Observatorio Ciudadano