Sin duda nuestro país atraviesa por una de sus crisis más complejas en materia de seguridad. La expresión geográfica de este problema es uno de sus rasgos más distintivos, haciendo que esta crisis esté caracterizada especialmente por la dimensión local. A raíz de esto, las municipalidades se han integrado de manera transversal a las instituciones del Estado que históricamente habían gestionado el fenómeno delictual. Y es que, a pesar de que los gobiernos locales no contamos con atribuciones concretas en materia de seguridad, alcaldes y alcadesas nos hemos apoyado en la cercanía, estrategias de primera respuesta y confianza con nuestros barrios para generar innovación y propuestas cada vez más relevantes que atacan directamente a las causas y también a las consecuencias de la crisis en materia de seguridad. Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley que fortalece el rol de las municipalidades en la prevención del delito y seguridad pública y la experiencia de Santiago en la coordinación interinstitucional está aportando un punto clave en el contenido del debate: la creación permanente de una “Mesa Jurídico Policial” o “Mesa Operativa”. Esta mesa nos ha permitido recuperar casas tomadas que funcionaban como centros de operaciones de la delincuencia.

La necesidad de liderar e innovar en gestión local se hace aún más imperativa en la comuna y ciudad capital de nuestro país, Santiago. Esto es aún más prioritario en materia de seguridad, donde nuestros equipos han diagnosticado los principales problemas y urgencias directamente de las fuentes oficiales, pero también desde lo que las personas más afectadas han reportado. Así, la situación Santiago nos ilustra de un problema que vincula la irregularidad habitacional y la migración desregulada expresada en tomas destinadas al ejercicio de actividades ilegales e incivilidades que involucraban venta y consumo de drogas, tenencia y uso de armas, trata de personas, entre otros delitos. Toda información que ha llegado a nuestro municipio gracias a un trabajo territorial inteligente e integrado. Al mismo tiempo, hemos sido capaces de identificar una clara correlación entre la ubicación territorial de estos inmuebles tomados y la ocurrencia de delitos violentos y homicidios. Lo anterior se suma al abandono empresarial y especulación inmobiliaria de los que muchos propietarios son responsables durante muchos años, dueños de inmuebles que fueron tomados para actividades ilícitas, especialmente en el periodo de pandemia por personas migrantes sin documentación.

Este diagnóstico nos llevó a crear y coordinar una mesa de trabajo inédita por sus resultados positivos. Esta Mesa Jurídico Policial no es solo un espacio de reunión, sino que de acción, donde convocamos el trabajo y capacidades de Carabineros, Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y la Delegación Presidencial Metropolitana, llegando a acciones concretas que nuestra gestión ha demostrado de manera sistemática. La Mesa, sesionada por primera vez en diciembre de 2022, se puso como objetivo abordar un listado de 85 inmuebles tomados, con registros y denuncias de comisión de delito que el municipio catastró a través de los equipos locales. En primer lugar, se estableció una coordinación con las investigaciones que ya existían previamente en estas casas, aportando todos los antecedentes de los nuevos inmuebles denunciados por el municipio, construyendo causas contundentes que destacaban por lograr presentar información crítica que no estaba llegando a los canales oficiales de denuncia.

Luego del curso investigativo, la Mesa, en su conjunto, se dedica a la ejecución de las operaciones destinadas a revertir las tomas, detener el ilícito, confiscar especies y clausurar inmuebles. Por un lado, la Municipalidad, a través de su Dirección de Obras, ha aprovechado las facultades conferidas por la Ley General de Urbanismo y Construcción para decretar desalojos en estos espacios, que usualmente fueron intervenidos para crear más piezas y generar subarriendo abusivo a familias migrantes con bajo poder adquisitivo. Por otra parte, los equipos municipales han podido coordinar con los propietarios la ejecución de desalojos con causas civiles que emanaban desde los tribunales, ya sea por lanzamiento judicial o a través de la nueva ley de usurpaciones.

El resultado de todas estas coordinaciones ha sido categórico: 61 casas desalojadas y recuperadas, 70 personas detenidas y más de 200 millones de pesos en droga decomisada a poco más de un año desde el comienzo de la operación. Sumado a ello, el municipio creó un sistema y plan de mantención en cada una de estas casas para que no sea retomada, donde los dueños de los espacios son actores con responsabilidad fundamental. Finalmente, este programa no solo ha significado enormes mejoras en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, sino que también ha proporcionado discusión legislativa sobre la usurpación ilegal y sobre instancias operativas eficaces de coordinación. Por esta razón, con la experiencia y convicción de los significativos aportes de esta estrategia, hemos incentivado a que la discusión legislativa en torno al rol municipal en materias de seguridad pública integre la figura de nuestra Mesa Jurídica Policial como una herramienta que muchos gobiernos locales podrán usar como un nuevo recurso para atacar la criminalidad. Hacemos el llamado al Congreso y al Ejecutivo a que este proyecto vea prontamente su concreción y así utilicemos esta herramienta para desalojar el control territorial que ha buscado imponerse en distintas comunas del país a través de casas tomadas para la delincuencia.

Irací Hassler Jacob es alcaldesa de Santiago.

Kevin Díaz Henríquez es  director de prevención y seguridad comunitaria de Santiago.