Con 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero del mismo organismo, Francisco Ugás, iniciativa que fue propuesta por las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y cuya tramitación continuará en la Corte Suprema.
Según la solicitud de los parlamentarios, los funcionarios aludidos cometieron neglecia en el ejercicio de sus funciones al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, esto luego de la acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe sobre presuntas irregularidades en la llegada de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
Esta situación, como se recuerda, involucraba también al exjuez Juan Antonio Poblete y al exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), quien acusó al organismo dirigido por Contreras de una operación política en su contra.
“La señora Consuelo Contreras y el señor Francisco Ugás tuvieron una incidencia determinante en la querella declarada inadmisible por la justicia, incurriendo en una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones al llevar al Instituto a intervenir en asuntos que están por fuera de su órbita”, dijo sobre esto la diputada de RN, Ximena Ossandón.
En contra de esta postura, el diputado Jaime Araya señaló que “carece absolutamente de fundamento, porque podríamos llegar al absurdo que aprobándose esta solicitud, en días posteriores, la Corte de Apelaciones declare admisible la querella. Eso es lo que está hoy día en discusión”.
Luego de conocerse la votación en la Cámara, Consuelo Contreras lamentó dicha decisión y manifestó su “convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso”.
“Esperamos que el proceso continúe, que sea lo más rápido posible y el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguirá trabajando en la promoción y protección de derechos humanos y en la promoción y protección de derechos humanos, con la misma convicción que lo ha hecho hasta ahora”, sentenció.
Por su parte, y en apoyo al INDH, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, recordó que “hace dos años, el INDH presentó una querella contra los altos mandos de Carabineros por violaciones de DD.HH. durante el estallido social, y en represalia, la actual oposición dejó inicialmente a dicha institución sin presupuesto”.
“Chile requiere tener una institucionalidad de DD.HH. que pueda cumplir con su mandato de promoción y protección de los DD.HH. de manera autónoma y sin constantes presiones de otros poderes del Estado como ha sucedido en los últimos años cuando se presenta algún tipo de acción judicial o algún informe que a algún sector político determinado no le sea de su agrado”, resaltó.
Con 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero del mismo organismo, Francisco Ugás, iniciativa que fue propuesta por las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y cuya tramitación continuará en la Corte Suprema.
Según la solicitud de los parlamentarios, los funcionarios aludidos cometieron neglecia en el ejercicio de sus funciones al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, esto luego de la acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe sobre presuntas irregularidades en la llegada de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
Esta situación, como se recuerda, involucraba también al exjuez Juan Antonio Poblete y al exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), quien acusó al organismo dirigido por Contreras de una operación política en su contra.
“La señora Consuelo Contreras y el señor Francisco Ugás tuvieron una incidencia determinante en la querella declarada inadmisible por la justicia, incurriendo en una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones al llevar al Instituto a intervenir en asuntos que están por fuera de su órbita”, dijo sobre esto la diputada de RN, Ximena Ossandón.
En contra de esta postura, el diputado Jaime Araya señaló que “carece absolutamente de fundamento, porque podríamos llegar al absurdo que aprobándose esta solicitud, en días posteriores, la Corte de Apelaciones declare admisible la querella. Eso es lo que está hoy día en discusión”.
Luego de conocerse la votación en la Cámara, Consuelo Contreras lamentó dicha decisión y manifestó su “convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso”.
“Esperamos que el proceso continúe, que sea lo más rápido posible y el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguirá trabajando en la promoción y protección de derechos humanos y en la promoción y protección de derechos humanos, con la misma convicción que lo ha hecho hasta ahora”, sentenció.
Por su parte, y en apoyo al INDH, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, recordó que “hace dos años, el INDH presentó una querella contra los altos mandos de Carabineros por violaciones de DD.HH. durante el estallido social, y en represalia, la actual oposición dejó inicialmente a dicha institución sin presupuesto”.
“Chile requiere tener una institucionalidad de DD.HH. que pueda cumplir con su mandato de promoción y protección de los DD.HH. de manera autónoma y sin constantes presiones de otros poderes del Estado como ha sucedido en los últimos años cuando se presenta algún tipo de acción judicial o algún informe que a algún sector político determinado no le sea de su agrado”, resaltó.
Con 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, fue aprobada en la Cámara de Diputados la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero del mismo organismo, Francisco Ugás, iniciativa que fue propuesta por las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y cuya tramitación continuará en la Corte Suprema.
Según la solicitud de los parlamentarios, los funcionarios aludidos cometieron neglecia en el ejercicio de sus funciones al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, esto luego de la acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe sobre presuntas irregularidades en la llegada de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
Esta situación, como se recuerda, involucraba también al exjuez Juan Antonio Poblete y al exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), quien acusó al organismo dirigido por Contreras de una operación política en su contra.
“La señora Consuelo Contreras y el señor Francisco Ugás tuvieron una incidencia determinante en la querella declarada inadmisible por la justicia, incurriendo en una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones al llevar al Instituto a intervenir en asuntos que están por fuera de su órbita”, dijo sobre esto la diputada de RN, Ximena Ossandón.
En contra de esta postura, el diputado Jaime Araya señaló que “carece absolutamente de fundamento, porque podríamos llegar al absurdo que aprobándose esta solicitud, en días posteriores, la Corte de Apelaciones declare admisible la querella. Eso es lo que está hoy día en discusión”.
Luego de conocerse la votación en la Cámara, Consuelo Contreras lamentó dicha decisión y manifestó su “convicción de que las querellas presentadas han sido realizadas en el legítimo uso”.
“Esperamos que el proceso continúe, que sea lo más rápido posible y el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguirá trabajando en la promoción y protección de derechos humanos y en la promoción y protección de derechos humanos, con la misma convicción que lo ha hecho hasta ahora”, sentenció.
Por su parte, y en apoyo al INDH, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, recordó que “hace dos años, el INDH presentó una querella contra los altos mandos de Carabineros por violaciones de DD.HH. durante el estallido social, y en represalia, la actual oposición dejó inicialmente a dicha institución sin presupuesto”.
“Chile requiere tener una institucionalidad de DD.HH. que pueda cumplir con su mandato de promoción y protección de los DD.HH. de manera autónoma y sin constantes presiones de otros poderes del Estado como ha sucedido en los últimos años cuando se presenta algún tipo de acción judicial o algún informe que a algún sector político determinado no le sea de su agrado”, resaltó.
